En el río Nanay, los peces tienen plomo en la sangre y los niños no pueden bañarse en sus aguas. Si lo hacen, en su piel aparecen ronchas y alergias debido a los metales pesados que expulsa la minería ilegal en esta cuenca ubicada en Iquitos, en la región Loreto. La misma situación se repite en los afluentes del Marañón y Tigre, los cuales rodean esta zona.
Así lo denuncia Jhony Huaymacari, presidente de la Federación de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Alto Nanay (CONACCUNAY) y expresidente de la comunidad de Santa María. Huaymacari declaró al Vigilante Amazónico que, pese a los cambios que se han hecho del personal de la Marina de Guerra y el Ejército del Perú en el puerto de vigilancia de Alto Nanay, las dragas de minería ilegal siguen apareciendo.
“Desde el año pasado fuimos contundentes para ver que el gobierno regional nos atienda, pero no hay operativos grandes, tenemos (incautado) petróleo y materiales que se usan para dragas, y que involucra minería ilegal, pero al final el Estado no nos recompensa (por esa labor de vigilar). Y nuestras familias están de miedo por las constantes llamadas anónimas, porque nos dicen que nos harán explotar, pero eso no hace que bajemos la guardia”, mencionó el dirigente.
En marzo del año, pasado la comunidad de Santa María de Alto Nanay envío por mesa de partes de la subprefectura de Loreto un memorial firmado por toda la población y las autoridades, dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros, exigiendo la presencia de una comisión de Alto Nivel en la zona. El documento exigía, además, que no solo se atienda la cuenca del Nanay, sino las otras cercanas, y un plan de intervención pública para que se fomente otras actividades alternativas y se deje de lado la minería ilegal, pero hasta la fecha no han tenido respuesta.
Durante el 2022 llegaron a presenciar 80 dragas en esta cuenca. No obstante, el dirigente señala que según la Fiscalía Ambiental de Loreto, la Marina de Guerra ha reducido entre 12 y 15 dragas, pero las que hay ahora ya no son pequeñas, sino grandes. Pese a ello, Huaymacari indica que de acuerdo a información de los pobladores, los mineros ilegales saben cuándo hay operativos, y terminan escondiendo sus dragas para que no sean incautadas.
En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde instó a la Gerencia Regional de Energía y Minas de Loreto a gestionar la participación de la población de Alto Nanay, así como sus autoridades comunales y del Comité de Defensa del Agua, en la reunión del Grupo Técnico contra la Minería ilegal en Loreto, creado en marzo de 2022.
“La población ha solicitado reforzar la intervención de la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional del Perú (PNP), Aduanas y la Capitanía de Puerto, toda vez que, desde hace varios años vienen sufriendo de las consecuencias de esta práctica ilegal, que inclusive, pone en riesgo su vida, al haber sido amenazados con armas de fuego”, indicó el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque.
El año pasado, tanto el dirigente Jhony Huaymacari, el sargento Nicolás Pérez, el subprefecto de Alto Nanay, Armando Ayambo, y el teniente gobernador de la comunidad de Santa María y su hija, fueron amenazados de muerte por denunciar la contaminación de minería ilegal en esta cuenca. Frente a ello el Estado les ha otorgado garantías personales.
La Defensoría del Pueblo mencionó que pese a que hubo una primera reunión con representantes de instituciones públicas el 09 de febrero, advirtió la “necesidad de que se escuche y atienda a las autoridades comunales, representantes de las organizaciones civiles y de los gobiernos locales de las zonas afectadas”.
Minería ilegal, un daño para la salud
En tanto, José Manuyama, dirigente del Comité de Defensa del Agua de Iquitos, señaló para el Vigilante Amazónico que el caso de la minería ilegal en Nanay no está presente en la agenda nacional, pese a que son muchas las denuncias a nivel local. Se ha convertido en una “plaga en proceso para esta cuenca del Nanay que abastece de agua potable a Iquitos, una población de medio millón de habitantes”.
“Eso afecta directamente al agua y a la alimentación, porque la alimentación de peces viene del río Nanay, lo peor es que trae consigo un ecosistema de prostitución, alcoholismo, y violencia sexual a las niñas. Esto venimos denunciando desde ya hace varios años”, señaló Manuyama.
El dirigente menciona que en el 2000 se hablaba de un impacto grande con 3 o 4 dragas, pero hoy con la presencia de más de 50 dragas, señala que la afectación es mayor.
Asimismo, indicó que en ese entonces estudios en seres humanos arrojaron niveles de metales por encima de los permitidos, y en los últimos años los análisis a peces reportan también metales pesados.
Al respecto, el presidente de CONACCUNAY indicó que a inicios de este año, la Dirección Regional de Salud Loreto – DIRESA Loreto, la microrred de Iquitos Norte y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, realizaron estudios a los peces de la zona, los cuales arrojaron metales pesados, por lo que les prometieron regresar en mayo de este año para realizar exámenes de sangre.
“El sector salud intervino en la cuenca del Alto Nanay donde han hecho atención masiva, y han captado manchas en las personas producto de metales pesados. Por eso en el mes de mayo se han comprometido para hacer el examen de sangre”, enfatizó Huaymacari.
El dirigente que pertenece a la comunidad de Santa María, indicó que como presidente de CONACCUNAY, que cuenta con 33 comunidades adjuntas, de las cuales tres son comunidades indígenas de la etnia ikitu, las más afectadas por la minería ilegal son las de Alto Nanay, en especial los centros poblados San Juan de Ungurahual, Alvarenga y Puca Urco.
Huaymacari, recalcó la importancia del trabajo de la población en la incautación de materiales usados para la minería ilegal, pero también exhortó a las autoridades de la Fiscalía Ambiental, que les den respuesta rápida para acelerar el uso del material retenido, en especial el de combustibles.
Ya que además de representar una “recompensa” para los comuneros, para seguir en la lucha contra estas economías ilegales, también la necesitan como recurso para el fluido eléctrico con el que no cuentan en sus comunidades.
José Manuyama señala que este problema de la minería ilegal es complejo, pues “no solo se trata de extractores ilegales, sino que tiene carácter internacional de un modelo de civilización que necesita extraer recursos legales e ilegales limpio o destructivamente como la minería o el narcotráfico”.
“Tenemos un estado que trafica con sus cargos para sacar ventaja de la situación de tal manera que no se combate el delito, lo que se hace es proteger el delito para beneficiarse. Este año la Marina de Guerra tiene 4 millones de soles asignados para combatir la minería ilegal, con eso son 50 o 60 dragas, entonces no habría razón para no combatirlas”, acotó.
Señala también que pese a las denuncias de los comuneros, la complicidad es vergonzosa de casi todas las instituciones del Estado. Asimismo, indica que esto es parte de un problema de valores no solo económicos sino también del colapso de la sociedad.
“Los pobladores no están libres de eso, ni las instituciones del Estado, lo peor es que eso (la minería ilegal) te destruye las instituciones y los costumbres y valores de un pueblo y es la frontera más dolorosa, cuando no hay un orden solo una barbarie como regla, y la Amazonía que es un espacio que es bien gestionado con toda esa herencia hermosa de nuestros pueblos poco a poco va perdiendo fuerza, esperamos que esto pueda cambiar con todas las denuncias que se hace”, puntualizó Manuyama.
Lunes 03 de abril de 2023