Por: Carolina Morales Esteban
La minería ilegal afecta a cientos de comunidades indígenas de la Amazonía peruana, contamina ríos con dragas y pequedragas que arrojan mercurio a las aguas. Incluso la pandemia de la Covid-19 no pudo paralizarla.
Con la nueva ley de formalización minera dada por el Congreso de la República que amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2024, no hay una institución clara que fiscalice cómo se está implementando esta reforma, que podría dar cabida y hasta blindar a cualquier persona interesada en explotar recursos mineros sin tener la preparación adecuada, generando grandes impactos en la Amazonía.
En febrero de 2022, se denunció la existencia de 20 dragas de minería ilegal a lo largo del río Cenepa que viene contaminando el territorio awajún. Esto fue detectado gracias a la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), que tras realizar un recorrido de 37.77 kilómetros por el río Cenepa encontró 1 draga cada 1.88 kilómetros, gracias a procesos formativos en manejo de tecnologías para vigilancia ambiental gestionado por Paz y Esperanza.
En esta zona del Cenepa, no es la primera vez que ODECOFROC y sus líderes awajún denuncian la existencia de dragas y el avance de la minería ilegal. Sus dirigentes han sido víctimas de amenazas a su integridad en reiteradas veces por defender su territorio, varios de ellos han sido reconocidos por el Ministerio de Justicia como defensores ambientales de derechos humanos.
Según denuncian, los mineros ilegales estarían protegiéndose usando la medida del registro de mineros informales en proceso de formalización (REINFO), pues como estarían dentro del plazo para la formalización minera, las denuncias quedarían en nada.
En el departamento de Amazonas, provincia de Condorcanqui, existen 30 procesos de formalización en el registro integral de formalización minera, de los cuales 13 corresponden a personas naturales y el resto a personas jurídicas, siendo las razones que más se repiten: Consorcio Pana Contratistas Generales S.A.C, Constructora Labgom SAC, Micaelita S.A.C, Contratistas y servicios generales KAICH E.I.R.L, Mining Stone Golden S.A.C, Consultora Minera y Ambiental Villar & Asociados S.A.C, Amazonian Gold S.A.C., Asociación de la comunidad Kumpanam, Shattesaek S.A.C. y Working Group Aguirre S.A.C.
De acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – SNMPE, en el Perú hay entre 400 mil a 500 mil mineros informales, y gran parte se encuentra en Madre de Dios, un departamento que sufre las secuelas de los impactos de la minería ilegal.
Otros ejemplos son los testimonios recopilados durante la visita del relator de la ONU sobre desechos tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, quien en febrero de este año se reunió con líderes de pueblos indígenas de la Amazonía, así como representantes de instituciones preocupadas por los impactos de la minería ilegal en la Amazonía Peruana.
En dicho encuentro, los líderes awajún, Óscar Chingkun y Augostina Mayán indicaron que con la pandemia la minería ilegal aumentó en Amazonas, lo que los llevó a realizar su propia “interdicción awajún”, acción que los puso en riesgo por amenazas de mineros ilegales. Para los wampís, la realidad no es distinta. El pamuk del Gobierno Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), Teófilo Kukush, mencionó que debido a los intereses de las empresas y el peligro de la crisis climática, han declarado el no ingreso a las petroleras, madereras y mineras.
El especialista en Gestión Participativa y Vigilancia Comunal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp), Johny Díaz Alva, denunció la existencia de ‘pequedragas’ de minería ilegal en las cuencas del río Nanay en Iquitos que contamina flora y fauna. En la selva central, Josías Inuma Rengifo, vicepresidente de comunidades nativas de Puerto Inca (Huánuco) de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), denunció los impactos de la minería ilegal en su territorio y la salud del pueblo Shipibo Conibo.
La Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) señaló que desde el Estado no se promueven espacios de diálogo y participación con las organizaciones indígenas para afrontar la contaminación del mercurio en Madre de Dios, por lo que han asumido la defensa de derechos a la salud y la vida de las comunidades, cuando en realidad debería ser el Gobierno quien los proteja.
Tras escuchar las problemáticas respecto a la minería ilegal en distintas zonas de la Amazonía, el relator de la ONU señaló que los testimonios serían recogidos en el informe que viene elaborando, pero también pidió a los líderes y lideresas que envíen mayor información sobre los impactos de esta economía ilegal en sus territorios.
“Hago un llamado abierto a presentar contribuciones que den cuenta de una problemática en sus territorios a través de la página del Alto Comisionado. (…) De esa forma, también en el informe puedo referirme a estas situaciones, muchas veces el Estado responde a ello”, puntualizó el relator de la ONU.
Sin duda, estos ejemplos y testimonios dan cuenta que el proceso de formalización minera no es algo que se puede dejar sin pinzas, los impactos de la minería ilegal son altamente visibles en las comunidades indígenas, y una ley de ampliación no soluciona las problemáticas de lo contrario podría hasta blindar a quiénes busquen explotar el oro para su propio beneficio.
12 de abril de 2022