Un grupo de invasores ingresó al territorio ancestral de la Nación Shawi en la zona del río Cachiyacu, entre las cataratas de Pomayacu y la mina de sal, afectando directamente las comunidades de Canoa Puerto y Huituyacu, en el distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, región Loreto. La alerta fue emitida durante la segunda semana de mayo y derivó en un pronunciamiento formal del Consejo Directivo del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Shawi (GTA Shawi).
La organización indígena responsabiliza directamente al Gobierno Regional de Loreto y a su Sub Gerencia Regional de Alto Amazonas: el anuncio de la ruta del proyecto vial Balsapuerto-Moyobamba, impulsado por esa institución, habría detonado el avance de ocupantes ilegales que llegan anticipándose a la construcción.
«Hay un interés del Estado de una carretera Moyobamba-Balsapuerto; a consecuencia de eso, como saben que se va a ejecutar esa obra, gente foránea viene a asentarse invadiendo nuestro territorio ancestral», declaró Víctor Pizango, presidente de la Federación de Comunidades Shawis del Armanayacu (FECOSHARMA) a Servindi.
El GTA Shawi exige que los invasores sean expulsados por las fuerzas del orden en coordinación con las autoridades indígenas de la Comunidad Canoa Puerto, e involucra al Gobierno Regional como responsable político de la situación.
Una carretera que dividiría el territorio
El pronunciamiento advierte que el trazado de la vía cortaría por la mitad el territorio Shawi, afectando directamente las cabeceras de los ríos Paranapura, Cachiyacu y Yanayacu en el distrito de Balsapuerto, y los ríos Cahuapanas y Sillay en el distrito de Cahuapanas, fuentes de agua vitales para más de 180 comunidades y para la conservación de los bosques amazónicos de la zona.
El documento también rechaza el argumento oficial sobre los beneficios del proyecto. «Es falso que esta carretera traerá beneficio a nuestras comunidades, (…) De acuerdo a informes técnicos y a partir de las malas experiencias de pueblos vecinos, conocemos los efectos negativos e irreversibles que genera abrir una carretera en un ecosistema bien conservado y cuidado por nosotros los pueblos indígenas», señala el pronunciamiento.
Minería y tráfico de tierras, los riesgos denunciados
El GTA Shawi denuncia que detrás del proyecto vial hay un interés minero explícito. Según el pronunciamiento, la empresa FQM Perú S.A. ya cuenta con 11 concesiones mineras otorgadas de forma inconsulta en el territorio Shawi, y la carretera abriría paso tanto a la minería formal como a la expansión de la minería ilegal. «Hemos sido tajantes, no queremos minería de ningún tipo», subraya el documento.
Frente a la propuesta del Gobierno Regional de aprobar una ordenanza para contener las invasiones, la organización la descarta como insuficiente. Un papel, sostienen, no detendrá las migraciones masivas ni la instalación de redes criminales de tala ilegal y tráfico de fauna, amenazas que ya se están materializando en los territorios de las comunidades.
El pronunciamiento también apunta contra la corrupción estructural asociada a este tipo de obras: los proyectos viales en el país, señalan, «son fuente principal de corrupción, el cemento y el fierro a costos inflados benefician el bolsillo de las autoridades corruptas y de las empresas que asumen las obras».
El pueblo Shawi no rechaza la conectividad, en el pronunciamiento plantean que cualquier mejora en ese ámbito debe responder a criterios técnicos, legales y a las decisiones colectivas de las comunidades, priorizando alternativas fluviales, aéreas o ferroviarias. Al Gobierno Regional le exigen, en términos directos, «detener la carretera y proponer en otra zona, fuera de nuestro territorio ancestral”.
La advertencia se produce en un momento en que la Alianza Cuencas Sagradas también ha expresado su preocupación y ha llamado a las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio del Interior (MININTER) y los gobiernos regionales de San Martín y Loreto, a acudir a la zona en respaldo a las comunidades Shawi.
Consulta previa como condición innegociable
El pronunciamiento cierra con una exigencia que el GTA Shawi ha sostenido de manera consistente desde que el proyecto cobró impulso: el cumplimiento estricto del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado antes de cualquier decisión sobre infraestructura en su territorio. El proceso de socialización del proyecto, denuncian, se realizó con colonos y con grupos indígenas que no representan al GTA Shawi, ignorando el liderazgo legítimo de la Nación.
04 de junio de 2026