Cuatro miembros de una familia del pueblo indígena Mastanahua en situación de contacto inicial, fueron asesinados en la comunidad nativa de Santa Rey, provincia de Purús, región Ucayali, el pasado 13 de noviembre.
Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha ejecutado el levantamiento de los cadáveres del grupo familiar, los cuales ya se encuentran en estado de descomposición, según la Defensoría del Pueblo.
Foto: Sandro Saettone
Son dos las hipótesis que maneja el Ministerio Público sobre los responsables de estas muertes. Ellos señalan que los posibles autores serían nativos no contactados (Mashco Piros) o también gente vinculada al narcotráfico.
Hugo Pari Taboada, jefe de la oficina Defensoría del Pueblo en Ucayali, indicó que estas investigaciones se hallan a cargo de la Fiscalía Mixta de Purús, la cual no ha logrado articular acciones con la Policía Nacional y el Ministerio de Cultura para someter a los cuerpos a las pericias de ley.
“Lo que nos preocupa es que hasta hoy, que ya transcurrió cerca de un mes, todavía no se hayan podido levantar los cuerpos”, señaló el funcionario defensorial al Diario La República.
El fiscal adjunto al cargo del caso es Cécar Ancajima Pantaleón, quien indicó a la Defensoría que se había programado una diligencia junto al Ministerio de Cultura, pero que no se realizó por cuestiones logísticas y porque el Ministerio Público no contaba con un médico legista y la Policía Nacional no podía proporcionar los efectivos necesarios para llegar hasta el lugar del crimen.
La preocupación del defensor es que las diligencias de ley no se realicen de manera correcta, pues estas configuran como elementos probatorios de las circunstancias de las muertes de la familia indígena y posibles responsables. Asimismo, indicó que el fiscal manifestó que pidió un helicóptero, pero no se lo dieron, y que está a pocos días de pedir una licencia de vacaciones.
Debido a los retrasos, la oficina Defensorial de Ucayali ha cursado un documento a la presidente de la junta de fiscales pidiendo mayor diligencia con el caso. Asimismo, envió otro documento a la Dirección de Aviación Policial para que el fiscal y el médico legista puedan ingresar vía helicóptero a la zona con las garantías necesarias.
“Ya va a ser un mes y todavía no se levantan los cuerpos. Una demora que visibiliza el abandono de nuestras comunidades indígenas y la dificultad del acceso a justicia”, puntualizó.
La zona donde se encontraron estos restos, está cerca a la reserva de comunidades indígenas no contactadas, por esta razón, también se exige la necesidad de la participación del Ministerio de Cultura.