En 1971, el bosque Panguana le salvó la vida a Juliane Koepcke. Hoy la minería ilegal la obliga a dejarlo. En menos de dos años, la actividad extractiva dañó gran parte del Área de Conservación Regional Panguana, ubicada en la selva baja de Huánuco, y derivó en amenazas a sus trabajadores e investigadores. Como consecuencia, se paralizaron casi 60 años de actividades científicas y de conservación.
Esta situación fue expuesta durante el encuentro “Panguana bajo amenaza”, organizado a fines de octubre pasado por la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), la Fundación Panguana, la Embajada de Alemania y el Observatorio de Minería Ilegal.

Ciencia, conservación y comunidad
Cuando Juliane Koepcke tenía 14 años, sus padres, los zoólogos María y Hans-Wilhelm Koepcke, fundaron Panguana en 1968. Tenía 17 años cuando sobrevivió a la caída del vuelo 508 de Líneas Aéreas Nacionales S. A. Tras la muerte de su padre, Koepcke asumió la dirección de Panguana y, junto a su esposo, la amplió.
“Tengo un compromiso muy fuerte con este sitio, porque el bosque es el mismo bosque donde caí del cielo. Por eso ahora trato de conservar el bosque que en esos tiempos ya remotos me salvó la vida”.
“Panguana es un lugar donde ya se ha estudiado muchísimos años la biodiversidad y también es un modelo para una combinación exitosa de investigación científica con conservación del medio ambiente y del clima, incluyendo proyectos sociales con las comunidades vecinas”, explica Koepcke. Ese trabajo con las comunidades, lamenta, hoy no es posible: “La minería ilegal ha cambiado todo y actualmente no podemos comunicarnos bien”.
La investigación en la estación, que se acerca a los 60 años, ha aportado a más de 300 publicaciones científicas y por allí han pasado científicos de alrededor de 30 países.

Koepcke recuerda que, cuando se fundó la estación, en plena selva virgen, solo unas pocas familias vivían junto al río. “En los años 60, 70 y después 80 había una biodiversidad mucho más alta de vertebrados. Se escuchaban más voces y los animales estaban bien cerca a las casas”.
Atribuye parte del cambio a la crisis climática. Según su experiencia, el bosque es hoy mucho más seco y la temperatura ha subido al menos 4 grados frente a décadas pasadas. “Hay todavía casi todas las especies, pero no se les encuentra fácilmente. Ya son mucho más escasas”.
La compra de terrenos ofrecidos por familias vecinas permitió ampliar el área protegida. “Ahora Panguana es realmente un refugio para esas especies amenazadas, sobre todo de vertebrados. En otros sitios ya han desaparecido”. El área todavía conserva árboles gigantes como el ojé, el shihuahuaco y el renaco, ejemplares que necesitan siglos para alcanzar su tamaño. Más al sur, hacia Oxapampa y Satipo, señala, la deforestación ya los hizo desaparecer.
El río que dejó de ser río
El impacto más visible de la minería ilegal está en las riberas. Según Koepcke, la actividad se concentra en el cauce y a unos cientos de metros río adentro, donde ha desaparecido la vegetación que antes llegaba hasta el agua. “El lecho del río prácticamente ya no existe, porque se ha trabajado el río mismo sacando oro. Eso es muy grave, porque el río no solamente es una vía fluvial, sino que también da comida y agua a las personas que viven en sus orillas”.

Desde 2023, la maquinaria pesada, como las retroexcavadoras, reemplazó a las dragas. Esto agravó la destrucción del Yuyapichis, y los mineros ahora avanzan sobre los bosques protegidos de Panguana. En menos de un año, unos 36 kilómetros del río habrían sido afectados. Con imágenes satelitales y registros propios, Koepcke ha documentado cerca de 100 hectáreas afectadas solo desde 2025, entre pérdida de bosque, carreteras ilegales y actividad minera.
A esto se suman el ruido constante de las máquinas y las carreteras abiertas “por todos sitios”, que ahuyentan a la fauna. “Se observa que disminuye la riqueza de la fauna”, advierte.
Para frenar el ingreso de maquinaria para la minería ilegal, Fernando Malatesta, representante de la fundación, explicó que se tuvo que contratar personal de seguridad, aunque Koepcke advirtió que no tenían los recursos suficientes para mantener esa vigilancia de forma permanente. A ello se suma que hay denuncias penales presentadas, pero que todavía no han sido procesadas, según explicó el abogado César Ipenza.

El Estado reconoció que su respuesta fue temporal
Durante el encuentro, el alto comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, general Raúl Hoyos, informó que en 2025 hubo operativos de interdicción en la zona, en los que se destruyeron excavadoras, campamentos y motobombas. Sin embargo, se retiraron por falta de presupuesto. Hoyos propuso instalar, junto con la Marina de Guerra, un puesto de control fluvial móvil y evaluar más adelante un territorio fijo.
Por su lado, el Ministerio del Ambiente anunció que llevará el caso a la Mesa Regional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Huánuco. También incluirá a Panguana en una estrategia nacional de recuperación ambiental para zonas afectadas, que, según señalaron, el Gobierno deberá aprobar próximamente.
Es por esta razón que Juliane Koepcke exige mayor presencia estatal y un puesto de control permanente en la zona.
“Esperamos que las autoridades peruanas nos ayuden con más eficiencia y rapidez con los problemas que tenemos con la minería ilegal, para que podamos seguir con nuestro trabajo y también dar un aporte al desarrollo de la región. Eso solamente es posible cuando todas las personas pueden vivir en tranquilidad, y ese no es el caso ahora”, puntualizó Koepcke.