Bastó un voto. El 7 de octubre, la Comisión Multisectorial encargada de proteger a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) rechazó, con 8 votos en contra y 7 a favor, el estudio que confirma la presencia de estos pueblos en Atacuari, en la región Loreto. Durante la sesión, varios de sus integrantes reconocieron que no habían leído el documento.
Los PIACI viven en los lugares más remotos de la selva peruana y se encuentran en un estado de gran vulnerabilidad sanitaria, territorial, sociocultural y demográfica ante situaciones de contacto con población externa. Por eso, la Ley 28736 establece la creación de reservas indígenas, territorios intangibles donde el Estado debe garantizar su protección.
El estudio rechazado, llamado Estudio Previo de Reconocimiento (EPR), es el primer paso para crear la Reserva Indígena Atacuari. Sin su aprobación, el Estado no reconoce oficialmente a los pueblos que viven en esa zona y el proceso para proteger su territorio queda frenado.
La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) cuestionó esta decisión en un pronunciamiento y la calificó como “un nuevo atropello contra los PIACI”. Según la organización, la decisión desconoce la evidencia científica y agrava la desprotección de estos pueblos. Asimismo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) respaldó y difundió el pronunciamiento en sus redes sociales.
El EPR sistematiza evidencias de los últimos tres años: hallazgos antropológicos e históricos, registros aéreos obtenidos en sobrevuelos, testimonios de pobladores locales y de indígenas en contacto inicial dentro del ámbito de la reserva, además de verificaciones especializadas.
Pese a ello, ocho representantes del Estado votaron en contra: los ministerios del Ambiente (Minam), de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), de Energía y Minas (Minem), de Defensa y del Interior, el Gobierno Regional de Loreto y dos municipalidades provinciales. Para ORPIO, que varios miembros admitieran no haber leído el estudio evidencia un incumplimiento funcional de los sectores que integran la Comisión.
La organización advierte, además, una contradicción entre los compromisos climáticos internacionales del Perú y sus decisiones internas.
“Todos los sectores del Estado peruano tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales de estos pueblos, independiente de sus competencias sectoriales. Sin embargo, resulta especialmente preocupante que el Ministerio de Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) hayan votado contra la aprobación del EPR de Atacuari, pese a que ambos sectores han asumido compromisos para la implementación de medidas de mitigación y adaptación contra el cambio climático materializada en la Declaración Conjunta de Intención (DCI), suscrita por el Estado peruano con los gobiernos de Noruega, Alemania y el Reino Unido”, señala.
Para ORPIO, no es coherente que el Estado promueva internacionalmente la protección de la Amazonía mientras adopta decisiones que vulneran los derechos de los pueblos indígenas. Por eso, hace un llamado directo a los financiadores: “Exhortamos a los países cooperantes y a los mecanismos financieros vinculados a la DCI a examinar las actuaciones de las instituciones involucradas, verificar el cumplimiento de sus compromisos y fortalecer las salvaguardas de derechos humanos aplicables al financiamiento climático”.
El caso de Atacuari no es aislado. En septiembre de 2025, el Estado rechazó el Estudio Adicional de Categorización de la solicitud de Reserva Indígena Yavarí Mirim, con lo que dejó en riesgo a los PIACI que habitan ese territorio.
Según ORPIO, ambas decisiones se enmarcan en iniciativas gubernamentales que buscan revisar o flexibilizar las restricciones ambientales y debilitar los mecanismos de protección de estos pueblos. El objetivo sería favorecer actividades extractivas, como las concesiones forestales o la exploración y explotación de hidrocarburos, en reservas indígenas y áreas naturales protegidas de la Amazonía.
Por estas razones, ORPIO sostiene que el Estado peruano es responsable jurídica y políticamente del debilitamiento del régimen especial de protección de los PIACI y de la afectación de sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad, la identidad cultural y la autodeterminación.
También exige al Ministerio de Cultura cumplir con sus funciones y garantizar que las decisiones sobre estos pueblos respondan al conocimiento científico, al principio de no contacto y a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
“La protección de los pueblos indígenas en aislamiento no es una concesión política ni una decisión discrecional del Estado: es una obligación constitucional y una responsabilidad internacional”, enfatizó la organización indígena.