Más de 60 dragas operan en simultáneo en el río Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Trabajan a mitad del río, las 24 horas del día y sin que ninguna autoridad las detenga. La denuncia se presentó el pasado 28 de septiembre ante la Comisión de Ambiente del Congreso de la República, con videos y más de 300 imágenes geolocalizadas de los ríos Cenepa, Marañón y Santiago, territorio de los pueblos awajún y wampís. El material fue registrado por el diputado Harvey Colchado durante su semana de representación.
Un mes antes, en agosto, la plataforma de monitoreo satelital RAMI, de Conservación Amazónica (ACCA), había registrado 22 dragas en el Cenepa y 17 en el Marañón, 39 en total, entre el distrito de El Cenepa, en Condorcanqui, y el distrito de Imaza, en la provincia de Bagua. El monitoreo identificó además cuatro zonas mineras en sectores aledaños a ambos ríos, con 3.77 hectáreas afectadas.
Hasta 200 gramos de oro al día por draga
En la comisión se describieron tres tipos de maquinaria en la zona. Las dragolinas extraen entre 5 y 8 gramos de oro al día y las dragas tipo balsa promedian 50 gramos diarios. Las estructuras de mayor tamaño, conocidas como “dracas”, alcanzan entre 100 y 200 gramos diarios. Estas últimas no necesitan buzos, solo un tubo y un motor para succionar la arena del lecho del río, que luego se mezcla con mercurio para separar el oro.
La extracción se intensifica en esta temporada, cuando baja el caudal de los ríos.
Grifos flotantes y niños en los campamentos
Según la denuncia, las redes de minería ilegal han instalado grifos flotantes en medio del río. Desde ahí abastecen a los campamentos de combustible, mercurio y maquinaria.
En los videos difundidos por las redes sociales del diputado también se ve a niños trabajando en los campamentos o pescando en un río contaminado con mercurio. Según Colchado, tienen entre 10 y 12 años, y la situación pone en riesgo la salud del pueblo awajún.
Dragas a la vista de las bases militares
Las dragas también vienen operando cerca de instalaciones militares en el Cenepa, como la base Chávez Valdivia y la base de Urakusa. Esta última a cinco minutos de Huampami, capital del distrito. Según la denuncia, los efectivos militares no salen a realizar interdicciones.
En el río Marañón, las dragas operan cerca de la base del Ejército Ciro Alegría, casi frente a Santa María de Nieva, la capital provincial.
Una visita sin acciones contra la minería
El 23 de septiembre, cinco días antes de la sesión, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, llegó a Puerto Galilea, capital del distrito de Río Santiago. Según la nota de prensa del Ministerio de Defensa, entregó ocho toneladas de alimentos del Indeci y supervisó una jornada de atención médica gratuita y actividades recreativas para niñas y niños. Lo acompañaron los senadores Lourdes Alcorta y José Arista y los diputados Royser Castro Grandez, Flor Meza y Roxana Rocha.
En su discurso, el ministro sostuvo que el abandono de los pueblos de frontera no puede continuar y que, para garantizar la seguridad y el desarrollo fronterizo, se debe “luchar contra la minería ilegal, la tala y el narcotráfico”. Sin embargo, el comunicado oficial no menciona ninguna acción para combatir la minería ilegal.
Según se expuso en la comisión, esa misma semana la comitiva llegó en avión a la base Ciro Alegría y luego en helicóptero a Puerto Galilea, mientras las dragas seguían operando en los ríos y eran filmadas desde una chalupa.
Castro Grandez, que formó parte de esa visita, confirmó ante la comisión la presencia de dragas frente a la base Ciro Alegría y en el río Santiago.
Un Estado sin medios para intervenir
La Fiscalía de Medio Ambiente más cercana está en Bagua y, en el Cenepa, hay solo ocho efectivos de la Policía de Medio Ambiente, sin embarcación para hacer interdicciones. Es decir, un Estado ausente.
Además, en Huampami existe un local listo para una comisaría que sigue abandonado por falta de personal policial. En el río Santiago, la comisaría de Puerto Galilea funciona recién desde febrero, mientras que la Fiscalía y el Poder Judicial están en otro poblado, Yutupis.
La Marina de Guerra, además, se comprometió a instalar la Dirección General de Capitanías y Guardacostas en Santa María de Nieva en agosto, pero hasta la fecha no lo ha hecho.
A esto se suman trabas legales. Según Castro Grandez, un general le explicó que las fuerzas del orden no pueden intervenir porque el sector no está declarado en emergencia. Además, la Policía de Medio Ambiente le indicó que quienes operan las dragas pequeñas figuran como mineros artesanales, por lo que se consideran dentro de la norma.
En la sesión también se cuestionó el argumento de las autoridades de que los ríos no son navegables, ya que el recorrido para registrar las dragas se hizo precisamente en una embarcación ligera conocida como “chalupa”.
Comunidades resisten
Mientras el Estado no llega, los pueblos awajún y wampís resisten. En el río Santiago, cerca de Villa Gonzalo, la guardia indígena mantiene una caseta de control sobre el paso fluvial hacia la frontera con Ecuador. Sus integrantes no portan armas, solo lanzas.
Según se relató en la comisión, hace aproximadamente un año y medio esa guardia intervino a mineros ilegales y a tres policías que los custodiaban mientras trasladaban una draga de minería ilegal hacia el Cenepa. Los agentes fueron procesados y condenados a cuatro años de pena suspendida.
Demandan atención urgente
En la comisión se plantearon tres medidas. La primera es remitir las imágenes georreferenciadas y un inventario de las dragas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Bagua. La segunda es exigir respuestas al Ministerio de Defensa, a la Capitanía de Puertos de la Marina de Guerra, a la jefatura policial de Amazonas y al Ministerio del Interior. La tercera es declarar la zona en emergencia, como ocurre en Madre de Dios.
El presidente de la comisión, Arturo Alegría García, reconoció también la inacción de las autoridades y se comprometió a trasladar el informe y exigir acciones inmediatas.
Sin una presencia sostenida del Estado, advirtieron, Condorcanqui podría convertirse en una nueva La Pampa. “Si no hacemos esto ahora, el daño va a ser irreversible”, puntualizó el diputado Colchado.