El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) rechaza que se atribuyan a una «práctica cultural» las violaciones contra niñas, niños y adolescentes. Exige al Poder Judicial formalizar un protocolo intercultural pendiente desde 2025 y al Ejecutivo rectificarse.
«Para el pueblo awajún ninguna forma de violencia contra la infancia es parte de nuestra cosmovisión». Así responde el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) a los representantes del Estado que calificaron como una «práctica o tema cultural» la violencia y las violaciones sexuales contra niñas, niños y adolescentes en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas.
En un pronunciamiento público difundido el 17 de setiembre, el GTAA, que representa a 530 comunidades y a unas 70 mil personas de Loreto, Amazonas, Cajamarca y San Martín, exigió al Poder Judicial y al Ejecutivo que asuman su responsabilidad.
Un delito, no una práctica cultural
Para el GTAA, la violencia sexual «es un delito y una vulneración sistemática a los derechos humanos fundamentales» que no puede relativizarse bajo «falsos presupuestos culturales».
El documento menciona que se trata de un problema nacional. Según cifras de Unicef citadas en el pronunciamiento, cada día se reportan en el Perú cerca de 34 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, sin contar los que no llegan a denunciarse.
Lo que ha ocurrido en Amazonas, sostiene el GTAA, es que las mujeres awajún decidieron denunciar. La organización advierte además que esta violencia se agudiza con el crecimiento de actividades extractivas «que el Estado no detiene». También está vinculada a relaciones de poder: en los territorios, los agresores se presentan como funcionarios, docentes, militares o trabajadores externos.
Un deber indelegable
El pronunciamiento rechaza también las declaraciones que responsabilizan únicamente al Gobierno Regional de Amazonas. La protección integral de la niñez y la erradicación de estos delitos son «deberes primordiales e indelegables del Estado en todos sus niveles», señala el documento. Por ello exige un compromiso articulado del Poder Ejecutivo, tanto en la prevención y la sanción oportuna como en el proceso de sanación que las víctimas necesitan para retomar sus vidas.
Un protocolo que espera hace casi un año
Lejos de invisibilizar estos crímenes, el GTAA afirma que sus autoridades impulsan un diálogo intercultural con el Poder Judicial. Este trabajo se hace a través de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) y de las Cortes Superiores de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín.
En octubre de 2025 se firmó el Acta de Acuerdo para implementar el Protocolo de Coordinación Intercultural entre la Justicia Especial Indígena y la Justicia Ordinaria. Este instrumento establece que los casos de extrema gravedad, como la violación sexual contra menores de edad, serán juzgados por la justicia ordinaria con el apoyo de la justicia comunitaria awajún.
Sin embargo, el protocolo aún espera su formalización mediante una resolución de la Presidencia del Poder Judicial. Es por ello, que exigen se publique para dotar a los territorios de «una herramienta jurídica efectiva contra la impunidad».
En tanto, al Poder Ejecutivo le pide rectificar públicamente los discursos que estigmatizan su cultura y asumir una agenda urgente de intervención integral en Condorcanqui, que garantice prevención, justicia y atención oportuna a las víctimas.
No es la primera vez que el pueblo awajún confronta este discurso. Un pronunciamiento anterior de mujeres awajún, surgido en el III Congreso de Mujeres del GTAA, ya había rechazado que se vinculara esta violencia con prácticas culturales. Ese documento volvió a circular estos días en TikTok.
«No permitiremos que la inacción estatal ni los prejuicios institucionales sigan vulnerando el futuro de nuestra infancia», concluye el pronunciamiento, firmado por Gil Inoach Shawit, Pamuk del GTAA, y Matut Impi Ismiño, Waisam.
Viernes 25 de setiembre de 2026