Este martes 06 de mayo la tercera audiencia de apelación por el “Caso Saweto” fue suspendida por la falta de un intérprete en lengua ashéninka, lo cual presenta un impedimento para la adecuada participación de las viudas y familiares de los cuatro líderes indígenas asesinados de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto en Ucayali.
Como se recuerda en setiembre de 2014, los líderes ashéninka Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quinticima, fueron emboscados y asesinados por madereros ilegales a quienes denunciaban por tala ilegal en bosques primarios.
Falta de intérprete retrasa justicia
La Sala Penal de Apelaciones de Ucayali suspendió la audiencia tras la renuncia del intérprete oficial y la demora del Ministerio de Cultura en asignar un reemplazo. La entidad advirtió que el trámite podría tardar hasta 20 días, afectando el cronograma judicial.
La audiencia fue reprogramada para el 15 de mayo a las 2:30 p.m., pese a los argumentos de la defensa de los sentenciados, que en la sesión anterior (22 de abril) había cuestionado las «interrupciones» del intérprete durante el interrogatorio a un perito. Felipe Tapia, abogado de Lita Rojas Pinedo –viuda de uno de los líderes– desmintió esa versión, señalando que dicha sesión se realizó sin interrupciones. Prueba de ello es que la defensa de los acusados no cuestionaron la participación del intérprete.
Esta mañana, la tercera sesión de la audiencia de apelación del caso Saweto fue suspendida por la ausencia de un intérprete en lengua ashéninka, lo que impediría la adecuada participación de las viudas y familiares de las víctimas en el proceso judicial. pic.twitter.com/b6jGM9iUcI
— AIDESEP (@aidesep_org) May 6, 2025
AIDESEP denuncia negligencia
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) calificó la situación como una «grave vulneración de derechos»: «Es inaceptable que, tras diez años de impunidad, se siga negando el acceso a justicia intercultural», señaló en un comunicado.
Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep calificó el hecho de “negligencia”, enfatizando que “La participación de las familias en su lengua materna es un derecho reconocido. Seguiremos exigiendo que los derechos sean respetados”.
En esta ocasión, se iba a revisar la sentencia que condenó a 28 años de prisión a dos de los responsables del crimen, pero que absolvió a otros implicados y no resolvió del todo la demanda de justicia de la comunidad.
Los magistrados también iban a decidir sobre una última prueba ofrecida por la defensa de Estrada Huayta, que pretende cuestionar lo declarado por el testigo protegido que lo acusa de su participación mediata en el asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto.
Martes 06 de mayo de 2025