A 9 años del crimen contra los líderes indígenas de la comunidad de Saweto, ubicada en Ucayali, y después de más de 50 días del asesinato del defensor ambiental Quinto Inuma en San Martín, ambos casos aún no consiguen justicia.
En septiembre de 2014, Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo fueron asesinados después de recibir diversas amenazas por parte de madereros ilegales.
Luego que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anulara en primera instancia la sentencia de 28 años y tres meses contra Eurico Mapes Gómes, Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix por distintas irregularidades, se reinició un nuevo juicio oral el 2 de noviembre de 2023.
El delito imputado es homicidio calificado, debido a la crueldad del crimen. Por esa razón, la Fiscalía ha pedido 35 años de pena privativa de libertad y 1 millón de soles como monto de reparación civil.
Para el abogado de los agraviados, Alberto Yusen Caraz Atoche, los jueces tienen todos los medios probatorios para hacer una valoración adecuada y emitir una sentencia correspondiente en el último juicio oral que se realizará en febrero. Cabe señalar, que el testimonio reciente de un testigo protegido ha sido crucial para el avance del proceso.
“En estos días hemos tenido una declaración muy importante de un testigo protegido que ha narrado con nombres y apellidos todo lo que ha escuchado en un bar donde han estado estas personas que han realizado estos actos tan terroríficos en contra de los líderes de Saweto. Los jueces tienen en sus manos abundantes medios de prueba, y estamos a la espera de la valoración adecuada y de la evaluación correspondiente y que al fin pueda finalizar el juicio oral con una sentencia objetiva y justa”, declaró Atoche para el Vigilante Amazónico.
El abogado también señaló que las resoluciones que han tenido anteriormente, y los juicios orales programados por las noches de forma interdiaria no han sido empáticos con las viudas, pues tienen que desplazarse desde la comunidad de Saweto para asistir a cada audiencia en la ciudad de Ucayali.
“Este desplazamiento implica un costo y tiempo, pero ellas lo hacen porque quieren estar vigilantes de este proceso que lleva nueve años en curso, y durante el cual incluso una de las viudas falleció sin obtener justicia para su esposo”, señaló el letrado
Sin responsables
Respecto al caso del defensor ambiental y líder indígena kichwa Quinto Inuma Alvarado, apu de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu de la región San Martín, fue asesinado el pasado 29 de noviembre, cuando retornaba a su hogar desde la ciudad de Tarapoto, por sujetos armados y con presuntos vínculos con el tráfico ilegal de madera y el narcotráfico.
El líder kichwa informó en diversas ocasiones que era víctima de amenazas por su labor como defensor ambiental, y expuso su caso incluso a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante esto, en el 2021 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) activó una alerta temprana por su situación.
En conversación con el Vigilante Amazónico, Kevin Inuma, hijo mayor del líder indígena, señaló que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía y el Poder Judicial, por lo que exige celeridad en el proceso para dar con los responsables del asesinato de su padre, pues ha pasado más de un mes y medio sin obtener justicia.
“El impacto más grande que tenemos, además de la pérdida de mi papá, es que la comunidad está desordenada, y las personas están empezando a hacer otras cosas ilegales, debido a que el actual apu, vice apu y las rondas están en Tarapoto mientras dura el proceso”, señaló Kevin Inuma.
El primogénito del líder indigena asesinado explicó que se encuentran haciendo una serie de colectas para cubrir los gastos, pues ahora su madre ha tenido que trasladarse a la ciudad de Tarapoto para seguir con las diligencias del caso. Asimismo, señaló que su madre necesita urgente atención psicológica– debido a que estuvo presente cuando dispararon a su esposo–, la que han solicitado al Ministerio del Interior.
Ahora Kevin Inuma ha quedado como cabeza de hogar, y señala que deberá hacerse cargo de su madre y sus dos hermanas menores, pero que por el momento lo primordial para su familia es encontrar justicia.
“Queremos que atrapen a los que han cometido el crimen, porque es una cobardía como mataron a mi papá. El Estado también es culpable, porque mi papá ha hecho innumerables denuncias de que tenía amenazas de muerte, y pese a ello, no ha hecho nada. Qué protección tenemos como defensores, acaso estamos haciendo una labor para nosotros, es una labor para el bienestar de todos, no solo de nuestro país, sino para el mundo”, recalcó Kevin Inuma.
El hijo del defensor ambiental y líder kichwa señala que la defensa del territorio es importante para ellos porque son conscientes que el cambio climático está avanzando, y desean que las futuras generaciones puedan ver y disfrutar de la naturaleza.
“La comunidad va a seguir defendiendo el bosque. Nosotros seguiremos el legado de mi papá cueste lo que cueste, y esperamos que el gobierno tome acciones para que no pueda pasar otras crueldades como han hecho con mi papá, porque sabemos que las comunidades originarias tenemos bastantes derechos, pero lo que no tenemos es justicia”, recalcó Kevin Inuma.
En los últimos 10 años han sido asesinados 33 defensores ambientales en nuestro país, y varios de ellos hasta la fecha aún no obtienen justicia. Según el último informe de Global Witness, el Perú se sitúa entre los países de mayor índice de crímenes contra defensores del ambiente a nivel mundial.
Miércoles 24 de enero de 2024