El Poder ejecutivo prorrogó el estado de emergencia por 60 días calendario a partir del 24 de agosto de 2022, en la provincia de Condorcanqui de la región Amazonas, para continuar las acciones de combate a la minería y tala ilegales, además de delitos conexos que afectan a la población de esta zona del país.
El Decreto Supremo Nº 104-2022-PCM fue publicado ayer, 21 de agosto, en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano, indica que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Como se sabe, durante la prórroga del estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
El mencionado Decreto Supremo fue refrendado por el presidente de la República, Pedro Castillo; el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; y los ministros del Interior, Willly Huerta; Defensa, José Luis Gavidia; y de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.
Indígenas y especialistas opinan
Sin embargo, los líderes indígenas de la provincia comentaron que el estado de emergencia vigente hasta ahora no ha sido del todo efectivo.
Desde las redes sociales de los Vigilantes Amazónicos Etsa de la Cordillera Del Cóndor – Fiaacsa, señalaron que “Los mineros ilegales en Cenepa siguen normalmente con su trabajo, según la información de los pobladores del Cenepa cuando habido interacción los mineros y pro mineros han escondido sus motores en el monte otros dentro del agua, y siguen molestando a los pobladores y los niños estudiantes con gran contaminación sonora destruyendo la naturaleza”
Asimismo, denunciaron que se registran que siguen operando 42 dragas en las comunidades Suwa, Tutino, Wawaim, Nuevo Tutino, entre otras.
Recordaron que el día 15 de agosto del presente año se realizó una reunión entre autoridades y dirigentes indígenas para abordar el problema y para prevenir la contaminación y conflicto social, pero sin embargo no se estaría cumpliendo los acuerdos.
Para la abogada Siu Lang Carrillo de CooperAcción, la extensión del estado de emergencia de justifica porque aún hay presencia de dragas en el territorio awajún.
“El proceso es muy complejo pues los mineros ilegales ya se han enfrentado a la policía, por eso están recibiendo apoyo de las Fuerzas Armadas”, remarcó la especialista.
Finalmente, Siu Lang Carrillo puntualizó que es importante que las autoridades coordinen con las comunidades awajún, debido a que son los indígenas los que conocen la zona, y quienes están luchando desde hace varios años contra la minería ilegal. Destacó que ellos son quienes conocen los territorios, conocen los lugares donde operan y las vías por donde los mineros ilegales se movilizan y usan para dividir a las comunidades.
22 de agosto de 2022