El Gobierno Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) y el Gobierno Autónomo de la Nación Awajún (GTAA) se pronunciaron a través de un comunicado emitido el sábado 25 de junio sobre la declaratoria de emergencia en Condorcanqui, Amazonas.
Denuncian que tras la pandemia las economías ilegales en esta zona de Amazonas se han incrementado, además vienen recibiendo una serie de amenazas por proteger su territorio de actividades ilícitas como la minería ilegal y la tala indiscriminada.
“Ante este escenario y en vista de la inacción del Estado, nos hemos visto obligados a tomar acciones para hacerles frente, en el marco de nuestro derecho a la autodeterminación reconocido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas”, indican en el comunicados.
Es en este contexto, que la Presidencia del Consejo de Ministros decidió emitir el Decreto Supremo No 072-2022-PCM que declara en Estado de Emergencia la Provincia de Condorcanqui durante 60 días calendario.
Sin embargo; los pueblos awajún y wampís señalaron su preocupación por esta medida que según señalan no los hace partícipe de las acciones a seguir.
“Nos preocupa que una medida de este tipo no precise las zonas críticas donde intervenir con suma prioridad y que no destine recursos necesarios para que efectivamente la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, en coordinación con las autoridades de las naciones originarias Wampís y Awajún puedan mantener el orden”, agregaron.
Asimismo, indicaron que en situaciones de estados de emergencia los grupos que se dedican a estos delitos se esconden hasta que se levante la medida y luego regresan para operar con mayor fuerza.
Demandas de pueblos awajún y wampís
En ese sentido, exigen que el presidente del Consejo de Ministros, Anibal Torres, coordine con los pueblos awajún y wampís las acciones para erradicar la minería y la tala ilegal de sus territorios, así como conformarse una comisión intersectorial de alto nivel con participación del GTANW y el GTAA para desarrollar estrategias conjuntas.
Dicho plan deberá contemplar la destrucción de las dragas identificadas, decomiso de insumos químicos y embarcaciones que usan las actividades ilegales, la captura de taladores y mineros ilegales, así como la activación del mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos para proteger a los líderes awajún y wampís.
Asimismo, que el Ministerio de Economía y Finanzas garantice los recursos necesarios para la lucha contra estas actividades ilegales.
Finalmente, recordaron que durante los primeros meses de la pandemia realizaron acciones exitosas de protección conjuntamente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero con recursos propios y limitados, puesto que el “Estado tiene a dicho sector bastante abandonado en nuestra región de frontera”.
27 de junio de 2022