Dirigentes indígenas de la Amazonía de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), la Federación de Comunidades Kechuas Amazonas de San Martín (FEPIKECHA) y la Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) denunciaron el violento avance de la minería aluvial, tala ilegal, narcotráfico y la invasión de tierras en sus comunidades ubicadas en Ucayali, San Martín y Amazonas. Dichas acusaciones fueron hechas ante la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología el pasado 12 de febrero.
Los dirigentes “han puesto en evidencia las limitaciones y graves omisiones del Estado” que permite por acción u omisión que los delitos ambientales crezcan. Indican que los avances en la titulación de comunidades se desarrollan de forma lenta o se manejan de manera corrupta, y da pie para la acción inescrupulosa de empresas que acaparan territorios comunales para el sembrío de monocultivos.
Foto: DAR
También existe una ausencia de control contra las dragas de ilegales que invaden los ríos derramando mercurio, “los cocales y laboratorios trabajan ante los ojos de la Policía Nacional, y las bandas criminales amenazan y matan a los defensores ambientales”.
Resaltan que “tras el rechazo del Acuerdo de Escazú en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, las bandas criminales se han fortalecido y actúan con mayor impunidad. Es por ello que los dirigentes han emplazado al Estado (PCM, MIDAGRI, MINJUS,MININTER, Ministerio Público, MINAM) para que hagan frente a este proceso de destrucción de nuestra Amazonía y asuman su responsabilidad”.
La Comisión de Pueblos insistirá para que el gobierno le dé prioridad y se aprueben políticas de Estado para asegurar los derechos territoriales e integridad de los dirigentes de las comunidades agredidas. Igualmente, se reunirá con la Comisión de Defensa por los problemas de soberanía por la presencia de taladores y mineros ecuatorianos que invaden la Amazonía, así como una reunión binacional con el congreso de Ecuador para ver temas de frontera.
Para la abogada Siu Lang Carrillo de CooperAcción las denuncias recogidas por la Comisión de Pueblos de los propios defensores indígenas significa “que se visibiliza un problema de fondo, que es la minería ilegal, además, se hace más visible la necesidad de hacer algo para solucionarlo; ya que en la práctica no hay cambios para ellos, porque no hay comisarías y existe ausencia del Estado”.
Continúan amenazas pese a garantías
Augostina Mayan Apikai, Zebelio Kayap Jempekit y Hortez Baitug Wajai, defensores awajún de ODECOFROC amenazados por mineros ilegales, lograron conseguir garantías personales tras denunciar su situación ante la Subprefectura de Condorcanqui. Sin embargo, pese a los avances en torno a su protección, ellos siguen recibiendo amenazas.
“El Poder legislativo es importante en esta acción, y esperamos que los congresistas hagan efectivo los acuerdos de la Comisión de Pueblos. Mientras tanto aquí la situación no se ha calmado, (los mineros ilegales) cogen como pretexto, que una familia tiene a una persona enferma para querer traer la draga. Nosotros hemos parado para que no instalen, pero nos han vuelto a amenazar, pese a que se hace incidencia en el Legislativo, esto aún no se visualiza en la zona, más bien se agudiza, creen que somos los malos porque no queremos darle autorización a una actividad ilegal”, señala Augostina Mayán.
En ese sentido, la abogada de CooperAcción señaló que los próximos pasos para proteger a los dirigentes amenazados es “la activación del protocolo de defensores de derechos humanos del Ministerio de Justicia que establece medidas adicionales de protección para los defensores de DD.HH. que están en riesgo, como tener seguridad o en el caso de riesgo extremo ser trasladados a otras zonas”.
15 de febrero de 2021