Antes de la pandemia del Covid-19, otra pandemia el de la corrupción asociada al narcotráfico y la minería ilegal estaba aceleradamente expandiéndose en el territorio ancestral del Pueblo Awajún involucrando indígenas en su accionar, en la región Amazonas. Al que se agregó la pandemia, tiempo en que las actividades ilegales continuaron y en las que el Pueblo Awajún fue y sigue siendo el de mayor tasa de contagio Covid-19 hasta este fin de año.
Antes del COVID-19, la pandemia del binomio economía ilegal-corrupción
Iniciando el 2020, en los meses de enero y febrero, en la provincia de Condorcanqui se desarrollaron movilizaciones de organizaciones del pueblo awajún y de hispanohablantes en la ciudad de Santa María de Nieva. Dos hechos desataron esta protesta social: el nombramiento de Hermógenes Lozano Trigoso, ex alcalde investigado por corrupción, en la subgerencia regional de Condorcanqui, y el reconocimiento de dos comunidades en la zona contigua a la minería peruano-ecuatoriana en el área recortada del Parque Nacional Ichigkat Muja de la Cordillera del Cóndor. En medio de esta movilización, el asesinato cruel de un awajún participante del conflicto, a pocos kilómetros de Juan Velasco Alvarado, en una zona transitada por la gente de ese narcotráfico.
En ambos casos se trató de medidas aprobadas por el Gobernador Regional, Oscar Altamirano; al que además acusaron de no cumplir con los acuerdos pre-electorales. Recordemos que fue elegido con la votación de gran parte de la ciudadanía awajún, luego de pedir perdón por haber acusado de conspiración a los liderazgos indígenas y jesuitas aliados en el suceso del “Baguazo”, y de prometerles que nombraría autoridades a base de la terna consensuada presentada por las organizaciones awajún.
Una fuerte protesta social que contó con el respaldo de buena parte de la ciudadanía no indígena de Santa María de Nieva, preocupada por la expansión del narcotráfico (y la drogadicción en la ciudad) favorecida por la complicidad y la corrupción de autoridades del más alto nivel desde hace más de 10 años y que en los últimos tiempos está involucrando a familias de comunidades awajún mediante el alquiler de sus tierras y el trabajo asalariado como peones. Ante lo cual las autoridades regionales electas tampoco hacían gestión alguna a pesar de la solicitud de las organizaciones para coordinar gestiones y acciones.
Así mismo, fuerte protesta social que contó con el respaldo de buena parte de las comunidades del Pueblo Awajún, porque se difundió la noticia de que el gobierno regional había reconocido las comunidades “Jempets” y “Kumpanan” solicitadas por gente awajún que ha venido trabajando y/o beneficiándose de las actividades de minería ilegal en la zona fronteriza El Cenepa, por parte de grupos articulados a la minería del lado ecuatoriano. Esto fue denunciado por ODECOFROC y la Comunidad Antiguo Kanam, por formar parte de la estrategia de la minería ilegal y la minería formal para crear falsas comunidades nativas que en realidad serían las bases sociales para la consulta, respaldo y defensa física de esas actividades que se hacen incluso violando la soberanía nacional. Estrategia que comprometería a las autoridades regionales electas porque finalmente fueron gestores para la formalización de algunos mineros ilegales mediante el REINFO (Ministerio de Energía y Minas) y para reconocer estas dos “comunidades” mediante un proceso inconsulto y con irregularidades.
Una comisión se trasladó a Lima a fines de febrero 2020, donde después de la conferencia de prensa en IDL, se reunió con las autoridades de diversos ministerios convocados por el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, en presencia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En esa reunión, los representantes de ODECOFROC y del Comité Provincial de Lucha-Condorcanqui solicitaron: “Mesa de Diálogo para el ordenamiento y gestión territorial con consulta previa, para ponernos todos a derecho en tiempos de cambio climático, Convenio 169-OIT y de amenaza del narcotráfico y la corrupción (…). Parar el otorgamiento de derechos mineros (concesiones y formalización) y de titulación comunal-CN, así como revisar/anular las existentes por inconsultas, en el área recortada del Parque Nacional Ichigat Muja- Cordillera del Cóndor-PNIMCC (DS 023-2007-AG), objeto de litigio constitucional-judicial por acciones de amparo de dirigentes de los pueblos Awajún y Wampis”. A su regreso a sus Comunidades, pasaron apenas una semana cuando se informó del primer caso de Covid-19; lo que paralizó las gestiones acordadas.
Desde el 2019, las organizaciones indígenas venían informando y gestionando ante las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo sobre esta situación. Esto fue subrayado, en la fase inicial de propagación del Covid-19, por quien fuera presidente del Consejo Permanente del Pueblo Awajún-CPPA, Santiago Manuín Valera, fundamentando la prioridad que tenía la lucha contra el narcotráfico en la agenda del Pueblo Awajún afín de lograr que el Estado actúe de modo coordinado con las organizaciones indígenas. Esto fue lo que expresó en su última ponencia pública del 05 junio del 2020:
“en este momento estamos en esta situación difícil del narcotráfico. Yo he informado al gobierno peruano, al PCM, al Plan Binacional, a todos los del Congreso, ha llegado nuestras cartas, lo hemos enviado, pero aquí sigue sin intervención. Entonces ¿quién va a intervenir; va a intervenir sólo el Awajún?. Con las famosas colonizaciones que ha creado Belaúnde haciendo frontera viva, esa frontera viva ha sembrado plantas ilegales y se está desquitando en las personas y eso no lo vamos a permitir, estamos esperando que el gobierno actúe y si no actúa nosotros volveremos a tomar las riendas así como lo hemos hecho, en esto no queremos llegar pero ahí está el gobierno peruano jugando y no debe jugar, debe poner mano dura y que realmente los que vamos a lamentar seremos los indígenas y los colonos que están acá (…) En la provincia de Condorcanqui hay Fiscalía, Juez, Alcaldía, la Subprefectura, el SERNANP, todas instituciones del Estado, delante de ellos está pasando el tráfico ilegal entre Loreto vía Jaén Ecuador, entonces tenemos que ver esa parte”.
Con la pandemia del COVID-19, el Pueblo Awajún sigue siendo el más afectado
Así estaba el curso del conflicto y sin solución plena al respecto, cuando apareció la pandemia en el mes de abril en el territorio ancestral y se propagó a los cincos ríos en los meses de mayo y junio hasta alcanzar su nivel creciente de contagio confirmado en el mes de agosto; para bajar la tasa de contagio desde setiembre. Durante toda esta fase acelerada de expansión del contagio en las comunidades y Santa María de Nieva, el Estado – MINSA, el viceministerio de interculturalidad y el gobierno regional de Amazonas – estuvieron ausentes en la atención y prevención a pesar de los reclamos insistentes de la autoridad provincial y de las organizaciones indígenas y a pesar de las cifras oficiales (DIRESA-Amazonas) que publicaban ese crecimiento acelerado.
Las acciones de atención con brigadas especiales se dieron en la fase de descenso de la propagación; cuando las sabias y los sabios en los cinco ríos se trataron con sus plantas, sus tratamientos y conocimientos a base de experimentación y mejora lograron contener y aliviar la situación. Pero en los meses de julio y agosto ya habían fallecido sus autoridades étnicas/orientadores y conductores, tal como el muum Santiago Manuin Valera (01 julio).
La pandemia del virus y la inacción estatal afectó a la población de ese territorio, pero en mayor magnitud al Pueblo Awajún respecto a los otros pueblos indígenas amazónicos, tal como lo indican las últimas cifras oficiales publicadas del 21 de noviembre (Ver el gráfico adjunto); un total de 7,399 personas awajún con Covid-19 confirmado en todo el período (100%). De ese total, 5,958 (81%) residentes awajún en los cuatro distritos ubicados en el territorio ancestral indígena en la región Amazonas; a los que se agregan los 374 wampis (Ver gráfico adjunto).
Desde otra fuente oficial (DIRESA-Amazonas) y después de casi un mes se confirmaron un total de 8,120 indígenas amazónicas con Covid-19 positivo en el período pandémico al 17 de diciembre en la región Amazonas, lo que representa el 29% del total de contagios a nivel regional; en contraste los 4,930 indígenas en la provincia de Condorcanqui, el 83% del total contagiados a nivel de la provincial.
Durante todo el período de la emergencia sanitaria hasta la fecha no hay un solo informe oficial sobre la situación de los pueblos indígenas amazónicos respecto a la pandemia y las acciones estatales adoptadas; la única noticia oficial es el informe que se habría presentado a la delegación de la Organización de Naciones Unidas, acto de transparencia hacia afuera que no se condice con la responsabilidad institucional del Viceministerio de Interculturalidad de transparencia hacia adentro, con los pueblos indígenas y la ciudadanía en general. Eso no cambio ni en tiempos de pandemia.
28 de diciembre de 2020