27/01/2017.- PUINAMUDT: El Gobierno Regional de Loreto (GOREL) emitió el 13 de enero la ordenanza N° 003-2017-GRL-CR, que promueve y reconoce la vigilancia y monitoreo ambiental indígena. La norma tiene por objetivo institucionalizar mecanismos de vigilancia y monitoreo, “reconociendo su legalidad e incorporándola a la legalidad nacional”, así como “articular intersectorialmente sus funciones y fines” en la región.
La norma fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria del consejo regional loretano, para “fortalecer la gestión ambiental […] mediante la vigilancia y monitoreo ambiental desarrollada por […] pueblos indígenas”, “articular […] con las efectuadas por entidades gubernamentales para efectivizar una real participación ciudadana”, y “consolidar la facultad de conservar sus recursos naturales y territorios [de los pueblos indígenas]”.
Sin precedentes a nivel nacional
La norma sirve como referente a otras regiones y en el mismo Congreso de la República, donde un Proyecto de Ley sobre Monitoreo y Vigilancia Participativa propuesto por la ex congresista Verónika Mendoza en 2014 no consigue atención.
En el caso de la OR, la incidencia realizada por instituciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas para la emisión de la norma data de años atrás. Actas, asambleas, reuniones y agendas regionales, pronunciamientos, mesas de trabajo, entre otros, fueron parte del camino.
Aunque la ordenanza no habilita un presupuesto u otras formas de financiamiento y apoyo, aspecto que siempre fue un punto reclamado por organizaciones indígenas, la norma representa un importante paso de institucionalización en el ámbito público de la participación indígena, sus prácticas de fiscalización ambiental y el poder de control territorial de las comunidades.
La ordenanza basa sus “considerandos” en los artículos 15° y 7° del Convenio 169 de la OIT, los cuales se refieren al derecho a participación indígena en asuntos vinculados a políticas y recursos naturales.
Múltiples esfuerzos hacia una ordenanza
El primer antecedente de reconocimiento de monitoreo indígena independiente fue logrado en el Acta de Dorissa (octubre 2006) por FECONACO. Antecedentes en la búsqueda de formas de reconocimiento regional son el Acta firmada en Alianza Topal (junio 2012) tras varios días de movilizaciones quechuas en el Pastaza, la propuesta de Ordenanza Regional de Vigilancia Territorial Kukama de ACODECOSPAT (octubre 2015), entre otros.
Ha sido importante además el rol que cumplieron las comunidades indígenas afectadas por los reiterados derrames del Oleoducto Norperuano en la cuenca del Marañón, cuyos pobladores han advertido y cumplido un rol fundamental en la vigilancia, denuncia y exigencia de atenciones ambientales.
Un rol fundamental lo cumplieron los monitores ambientales y territoriales indígenas de los programas de monitoreo de federaciones como FECONACO, FEDIQUEP, FECONAT, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, quienes por años han trabajado comprometidamente (y en la actualidad casi de forma voluntaria) en la defensa de sus territorios, arriesgando en muchas ocasiones su propia integridad.