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Memorial a la Presidenta del Consejo de Ministros desde El Cenepa-Awajún

Marlene Castillo Fernández

Empieza el año 2021 con zozobra y conflicto social en las comunidades del Pueblo Awajún ubicadas en la desembocadura y contiguas a las playas del río Cenepa (Distrito fronterizo El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas). Las amenazas se han triplicado con la triple reactivación: de la minería aluvial aurífera contaminante amenazando a las y los defensores del territorio, de la disposición municipal para la construcción de una carretera afectando derecho de consulta y de la desinformación intercultural estatal sobre la pandemia y la vacunación, alimentando rumores y temores.

Foto: Radio Marañón

La información y planteamientos sobre este triple peligro son desarrollados en el Memorial de la Organización de las Comunidades Fronterizas del Cenepa-ODECOFROC suscrita por 69 indígenas awajún entre jefes de comunidad, orientadores/as y maestras ceramistas reunidos el sábado 30 de enero en Mamayaque.

Los hechos previos que generaron preocupación y conflicto sobre esa triple reactivación sucedieron en el Bajo Cenepa, donde se ubican 11 titulares Comunidades Nativas-CN que abarcan 18 Anexos comunales de las titulares, las que concentran el 43% del total de viviendas del distrito. Ver mapas adjuntos.

El Memorial dirigido a la PCM: comunicación de los acuerdos y su sustentación

El primer acuerdo se refiere a la no ejecución del proyecto vial Urakusa (margen derecha del río Marañón aguas abajo, distrito de Nieva) –Huampami (margen izquierda-capital del distrito de El Cenepa) porque pone en peligro derechos territoriales y culturales. Durante el año 2019 se inició el proceso de consulta previa con un grupo de comunidades bajo la presión promotora de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui y el Gobierno Regional de Amazonas, sin considerar la oposición de un importante sector de Comunidades Nativas del distrito expresado en la Reunión Informativa sobre este proyecto, ni haber participado la organización indígena ODECOFROC en la definición del Plan de Consulta. En el mes de febrero 2020 esa organización con respaldo de las CN solicitó revisar el proceso desde la etapa 2, para que el grupo de comunidades que también serían afectadas sean consideradas y además se incorporen tanto las observaciones como las necesarias aclaraciones sobre las preguntas sin responder sobre el perfil técnico y administrativo del proyecto vial. El detonante del conflicto en el mes de enero fue la difusión pública de lo que sería la disposición municipal para construir 3 campamentos en tierras comunales que requerirá la construcción de la carretera.

El segundo acuerdo se refiere a la erradicación de la minería aluvial ilegal que contamina el agua y pone en peligro la salud y paz social de la población awajún.  La minería aluvial aurífera empezó desde hace 10 años en el río Marañón, en un tramo próximo al río Cenepa, en la comunidad Nueva Vida. Se trata de la extracción de oro mediante dragas (hidráulicas) que funcionan por succión de agua-sedimentos del fondo de la ribera del río, que luego separan hasta obtener el oro crudo por medios mecánicos y aplicando agua con mercurio, para finalmente refinarlo. Cuatro años después, se expandió este tipo de minería a un tramo de la zona baja de la cuenca del Río Santiago. El año 2015, las organizaciones indígenas lideradas por la Comisión Especial Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis-CEPPAW, y por gestión directa de Wráyz Pérez, solicitaron interdicción para erradicar esa minería en la cuenca del Río Santiago. Fue la primera interdicción de este tipo, la que se extendió a un tramo del río Marañón, solicitada por la parte Awajún. En noviembre del 2018, por primera vez se realizó interdicción a la minería ilegal en esta zona de frontera, solicitada por la entonces presidenta de ODECOFROC, Augostina Mayán Apikai, quien actualmente forma parte del equipo de esa organización. El detonante del conflicto en el mes de enero de este año fue la reacción contra la emisora Kumpanam que empezó a funcionar a fines del año 2020, a cargo de esa organización; que entre sus espacios radiales incluyó información sobre la minería aluvial como actividad ilegal y contaminadora de las aguas del río y las playas; a lo que siguió el enfrentamiento social en el puerto de Nuevo Kanam contra la instalación de draga-mangueras, luego de lo cual desapareció dicha maquinaria. Situación que escaló con amenazas y amedrentamiento el día 27 de enero y la amenaza verbal de “desaparecerlos” a Zebelio Kayap, Augostina Mayán y Hortez Baitug, expresidentes los dos primeros y el tercero, actual presidente de ODECOFROC. Ver Tabla de Acuerdos, casi textualmente reseñados.

Lo que solicitan, además expresamente, a la premier Violeta Bermúdez es que se promueva en todos los niveles de gobierno el financiamiento de diversas actividades productivas y reforestación amigables con el bosque, excluyendo la minería, respetando así las prioridades de desarrollo de las Comunidades Nativas del Pueblo Awajún del Cenepa. Le hacen saber que no hay agua potable ni desagüe, tampoco electrificación en el distrito por lo que se ha perjudicado la educación de los niños/niñas; por lo que le solicitan atención estatal para garantizar sus derechos.

El tercer acuerdo está referido a la situación actual de la salud del pueblo Awajún del Cenepa respecto al Covid-19. Desde que se propagó la pandemia en el distrito, durante todo el período de emergencia sanitaria hasta fines del mes de enero, se ha registrado un total de 1,070 awajún positivos, lo que equivale al 22% de la población indígena con Covid-19 en la provincia de Condorcanqui (1,070 de 4,933 según portal nuevo de datos abiertos del MINSA-Sala poblacional Pueblos Indígenas, visitado el 28 enero 21); y según DIRESA—Amazonas habrían fallecido 11 personas en El Cenepa en estos 9 meses. En el Memorial describen el abandono total y la negligencia por parte de las autoridades nacionales y del distrito ante la propagación del contagio en el pueblo awajún, al punto que las propias comunidades y su SAMU indígena han tenido que encarar con plantas/sabiduría indígena, medicamentos y apoyos que recibieron de las ONG. El acuerdo es manifestar que no recibirán vacunas contra la pandemia hasta que no se les explique qué ha pasado con las personas en Lima que recibieron vacuna y han fallecido, “pues los comuneros tienen miedo porque aquí nadie viene a explicar y comprender el caso”. Explicación se entiende en su idioma awajún.

Interdicción a la minería aluvial ilegal: oficio dirigido a la Presidencia de la Comisión de Pueblos

El 4 de febrero, Hortez Baitug Wajai, mediante carta 01-21-Presidente Odecofroc, adjuntó el Memorial y le solicitó al congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos del Congreso, apoyo en el seguimiento de la atención ministerial a los acuerdos y solicitudes expresados en el Memorial, así como apoyo para que se realice la interdicción a la minería ilegal en el río Cenepa. Ver foto de minería aluvial en el río Cenepa-2021 y un tramo del Marañón-2013.

La minería aluvial aurífera en el río Cenepa es una actividad ilegal por lo que procede la interdicción (destrucción de maquinaria-equipo) normada por el Decreto Legislativo 1100 publicado el 18 de febrero 2012, que declara de “necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria, las acciones de interdicción relacionadas con la minería ilegal, a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la conservación del patrimonio natural y de los ecosistemas frágiles, la recaudación tributaria y el desarrollo de actividades económicas sostenibles” (Artículo 1). Es una actividad minera ilegal porque está prohibido usar draga y artefactos similares en el curso de un río, porque no cumple con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental (no cuenta con autorización de la autoridad estatal competente para iniciar sus actividades). Por lo que la solicitud de interdicción inmediata presentada por ODECOFROC procede y su viabilidad es aún mayor dado que mediante la Resolución Suprema 030-2021-IN publicada el 01 de febrero del 2021, se ha prorrogado hasta el 3 de marzo 2021 la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú contra la minería ilegal y delitos conexos, en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas.

No menos importante, es que la actividad minera aluvial en el río Cenepa es también un delito ambiental agravado con pena de cárcel efectiva. De acuerdo al Artículo 307-A del Código Penal es un delito de minería ilegal y quien/quienes realicen la actividad “sin contar con la autorización administrativa de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días-multa”. En caso de realizarse en zonas no permitidas (como es el caso del río) o use dragas-artefactos no permitidos (como es draga-mangueras de succión), la pena será no menor de ocho años ni mayor de diez años, de acuerdo a Artículo 307-B. Por tanto, un campo de intervención de las Fiscalías Ambientales, de la Autoridad Nacional del Agua, de la Autoridad Nacional del Agua y Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI). y del Gobierno Regional de Amazonas. Doblemente gravoso, porque además afecta derechos fundamentales amparados por el Convenio 169 de la OIT relativo a los derechos colectivos de los pueblos Indígenas, de rango constitucional.

Por lo que esperamos que la PCM y la presidencia de la Comisión de Pueblos atiendan de modo inmediato y dialogado con la organización awajún, la justa solicitud de las y los 69 autoridades y orientadores del pueblo Awajún del Cenepa, bases de ODECOFROC. Estaremos atentas/os.

08 de febrero de 2021

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