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LA PRETENSIÓN DE ACABAR CON LO QUE QUEDA DE LA OEFA

a propósito de la anunciada visita de supervisión al Lote 116

 

Por: Marlene Castillo

 

El jueves 19 de marzo, recibimos la noticia: “la OEFA realizará supervisión en el Lote 116, estamos esperando la llegada del helicóptero que los traerá de Tarapoto”, nos comunicó un Vigilante Amazónico desde Santa María de Nieva. Como nos informó más tarde, el supervisor Víctor Gutiérrez Sánchez, venía para atender la denuncia por presunta contaminación ambiental ocasionada por las actividades de exploración petrolera por parte de las empresas Maurel Et Prom Perú S.A.C y Pacific Rubiales en el lote 116, interpuesta por Teowaldo Chamik Ti, en nombre de la Comisión Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis-CPPAW, en agosto del año pasado.

Y, aunque no se concretó la supervisión directa de campo y no se informó de los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras tomadas en la supervisión de abril y de octubre del 2014, los/as líderes indígenas confían en que la OEFA cumplirá su palabra de hacer la supervisión cuanto antes, en medio de un conflicto latente con reclamos de las comunidades afectadas por la contaminación de las aguas de las quebradas en las que se vierten residuos de la actividad de perforación ubicada en la Comunidad de Kashap, distrito de Nieva, provincia Condorcanqui.

Lo que desconocen es que la fiscalización ambiental a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, una de cuyas funciones es la supervisión, se quedaría básicamente sin recursos y ya no podría asegurar cumplir con todas las supervisiones directas planificadas, si acaso triunfan las demandas y denuncias de las empresas mineras y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía-SNMPE que buscan evitar el pago del Aporte Por Regulación-APR que financia las actividades de la evaluación y fiscalización ambiental.

Como bien dice María Graciela Ortiz ((OEFA 2015: 174-175): El aporte por Regulación comprende los costos necesarios para realizar la evaluación de la calidad ambiental de las zonas aledañas, la supervisión del desempeño ambiental de las empresas, la tramitación de procedimientos sancionadores, la atención de denuncias ambientales, la participación de mesas de diálogo, la función normativa, el régimen de incentivos, entre otros. Todas estas actividades se encuentran internamente vinculadas entre sí y tienen por objeto determinar integralmente el impacto de las actividades económicas en el ambiente para adoptar medidas oportunas”. Es una norma coherente con el principio de que el costo debe ser sufragado por el que se beneficia de la actividad.

Si no pagan el APR, el Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-PLANEFA del 2015 no logrará sus metas, entre ellas aumentar las supervisiones directas a casi el doble para este año. Tampoco podrá completar la instalación de oficinas desconcentradas en las regiones, para una efectiva atención de las denuncias ambientales y favorecer el acceso a la justicia ambiental,  temática en la que ha venido capacitando en gran parte de las regiones. No podrá instalar las oficinas en Amazonas (Lote 116 y minera Afrodita) ni Ucayali ni San Martín ni  Huánuco.

Lo que está en riesgo es el aseguramiento del derecho constitucional a un ambiente sano y a una vida saludable que tienen ciudadanos/as y pueblos indígenas. Para ello, el OEFA debe fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas. Esa función fue recortada en Julio del año pasado (Ley No. 30230), porque el poder corporativo minero-energético logró el recorte de la función sancionadora del OEFA, y por tanto su capacidad de multar, en consecuencia han disminuido los recursos económicos que no eran de poco monto.  Ahora, pretenden anular las otras funciones que le queda para seguir siendo OEFA.

Pero, no es solamente afectación económica lo que preocupa al núcleo más duro de este sector, sino también la afectación del margen de libertad para sacarle la vuelta a la norma, por ejemplo, en la formulación y la implementación de sus Estudios de Impacto Ambiental. Es que el OEFA no sólo duplicaría las supervisiones en su sector sino también, desde el 9 de Abril del año pasado tiene que cumplir con las Reglas para la atención de denuncias ante el OEFA, y viene emitiendo  Reportes Públicos de Supervisión a los que se puede acceder por internet. El año pasado casi la mitad de los Reportes fueron del subsector Hidrocarburos (379 de 792 reportes 2014).

Precisamente en el caso del Lote 116, se puede encontrar una de las dos supervisiones realizadas por el OEFA (Informe No. 319-2014-OEFA/DS-HID correspondiente a abril 2014). Sin embargo, no todo está en regla: a pesar de que han transcurrido casi 6 meses de  la segunda (20 al 24 de octubre), llama la atención que el supervisor de HC informe al denunciante de CPPAW que ese informe de supervisión se encuentra en proceso de elaboración (CARTA No. 204-2015-OEFA/CG-SINADA)

No es poca la importancia de la supervisión directa. Un análisis independiente del EIA del Lote 116-pozos exploratorios desde la plataforma de perforación DOM-01 (W. Pineda 2014:67) solicitado por el CPPAW, afirma, entre otros, que se “Genera vertimientos industriales y domésticos en cuerpos de agua de consumo y uso directo de las poblaciones de Kashap y Adsacus, que no son controlados por el Estado Peruano y ubicados erróneamente en las licencias ambientales, lo que genera incertidumbre respecto al tratamiento de los vertimientos  estén siendo tratados y al cumplimiento de los límites máximos permisibles en los mismos”. Es decir, los puntos de control de las aguas se ubican en sitios lejanos al punto de vertimientos (a más de 2 kilómetros), cuando el compromiso asumido en la licencia ambiental es a una distancia de 50 metros.

Resulta de urgencia informar y explicar los resultados de análisis de los laboratorios realizados así como el cumplimiento de la supervisión postergada, para atender responsablemente la preocupación sobre la afectación al ambiente y la salud de la población de las comunidades indígenas del entorno como lo han solicitado en su carta, los participantes del III Encuentro de 100 autoridades comunales, 29 dirigentes de organizaciones y 91 líderes/as realizado del 15 al 17 de noviembre 2014 en  el Asentamiento Humano Kampagkis, Nieva. Resulta de prioridad la instalación de una Oficina desconcentrada de la OEFA en la ciudad de Bagua o de Santa María de Nieva.

 

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