Ante la inacción del Estado frente al crecimiento de la minería ilegal en sus territorios, las comunidades kichwas de la cuenca del río Tigre, en la región Loreto, iniciaron una medida de control territorial para interceptar a embarcaciones que lleven insumos para esta actividad. Ello, tras dos semanas de paralización y luego de confirmarse la presencia de más de 50 dragas operando en la zona alta del afluente.
El pasado 19 de julio, la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre – FECONABAT emitió un pronunciamiento alertando sobre el surgimiento de minería ilegal en la zona. Denunciaron además, que el transporte de combustible para estas actividades se realiza por el río Tigre, atravesando territorios indígenas y poniendo en riesgo a las personas.
La gravedad de la situación fue corroborada por el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Pucacuro, que en un comunicado dirigido al Ministerio del Ambiente y al Congreso alertó sobre “la creciente presencia y actividad de minería ilegal” en la zona de amortiguamiento. El documento señala que, en mayo, mineros ilegales ingresaron a la comunidad Paiche Playa ofreciendo 10 000 soles mensuales y trabajo a los comuneros a cambio de permitir la extracción de oro.
También reportaron un intenso movimiento de embarcaciones por el río Tigre, especialmente de noche, transportando personas foráneas y combustible. Trabajadores municipales contabilizaron más de 50 dragas en un trayecto desde la comunidad 12 de Octubre hasta Intuto. Por lo que el comité exigió al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y a las autoridades realizar acciones inmediatas y coordinadas, así como reforzar la seguridad de los guardaparques y comunidades, que enfrentan amenazas.
Control territorial como respuesta
Frente a este escenario, el 18 de agosto, pobladores de 20 comunidades kichwas iniciaron un paro indefinido y establecieron un bloqueo fluvial a la altura de la comunidad nativa Libertad. La medida, que cumple 14 días, demandaba la erradicación de la minería ilegal y la declaratoria de emergencia de las cuencas afectadas.
La tensión escaló el último viernes, con incidentes que incluyeron intercambio de disparos de perdigones y heridos leves cuando algunas embarcaciones intentaron forzar el bloqueo. Sin embargo, el sábado se logró tener una comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), presidida por el secretario de Gestión Social y Diálogo.
Acuerdos y mesa de trabajo
Tras las negociaciones, se firmaron acuerdos, como el dar paso de embarcaciones con pasajeros como «gesto humanitario», pero aún mantendrán el control sobre aquellas que transporten carga.
Es decir, el control territorial consistirá en la verificación de que las embarcaciones no transporten insumos, maquinarias, accesorios para dragas ni combustible destinado a la minería ilegal. Todo cargamento deberá estar sustentado con facturas, boletas o guías de remisión. De lo contrario, será inmovilizado.
Se acordó también conformar una mesa de trabajo para el desarrollo integral de la cuenca del Tigre, que incluirá a varios ministerios, el gobierno regional y las municipalidades. Su primera sesión está programada para el 12 de septiembre en la comunidad Libertad.
En declaraciones para el Vigilante Amazónico, César Moreno, vocero de FECONABAT, señaló que el control continuará hasta que el Estado actúe. «Lo hacen por la inacción del Estado porque a vista y paciencia no hacen nada, por ello las comunidades han tomado la decisión de cuidarse», afirmó.
En tanto, otra preocupación surge para los kichwas y es la cercanía del río Tigre con el río Nanay. Según información, se estaría usando el ingreso del río Tigre a la altura de la comunidad San Andrés para cruzar al Nanay, y por esa zona pasar dragas y maquinarias utilizadas en minería ilegal.
“No queremos que el río Tigre se convierta en otro Nanay, sino también la próxima cuenca será la de Corrientes. El Estado no tiene presencia en la zona, no hay policías, solo hay 3 policías en la comunidad de Nueva York y 4 en Tuto, pero no tienen con qué movilizarse”, menciona César Moreno.
Señala que han pedido un puesto de control allí, pero de igual forma las comunidades también se están organizando para tener su propio control comunitario. Esperan que puedan brindarle presupuesto a la policía, la marina ya las autoridades en la zona, para combatir estas actividades.
La medida ha recibido pronunciamientos de apoyo de la Defensoría del Pueblo de Loreto, el Vicariato Apostólico de Iquitos, AIDESEP y varias organizaciones indígenas, solidarizándose con la lucha de las comunidades kichwas por proteger sus territorios.
Jueves 04 de setiembre de 2025