Desde que se denunció los más de 500 casos de abuso sexual contra menores awajún y wampís en Amazonas, las denuncias han aumentado en más de 900. En últimos informes periodísticos emitidos el domingo 23 de junio, se reveló que entre los responsables de estos delitos no solo figuran profesores, sino también personal de instituciones públicas, como la Policía Nacional del Perú (PNP), y mineros ilegales.
La situación empeoró, luego que los ministros de Educación y de la Mujer, Morgan Quero y Ángela Hernández, calificaron de “práctica cultural” los abusos sexuales contra menores awajún y wampís. Cabe señalar, que el último 25 de junio se realizó una sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso sobre dicha problemática, a la cual ninguno de los funcionarios asistió.
No obstante, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), y diversas organizaciones indígenas awajún y wampís dieron sus descargos sobre las declaraciones de los ministros, y la situación en Amazonas, a través de diversos medios de comunicación y pronunciamientos.
“Las declaraciones del ministro de Educación y de la Mujer son ofensivas para el pueblo awajún, en especial para las mujeres. Que existan 524 denuncias significa un gran esfuerzo, principalmente de las víctimas para exigirle al sistema educativo el cese de las agresiones sexuales y la sanción para los responsables”, dijo Matut Impi, waisan (vicepresidenta) de GTAA durante el Congreso de Mujeres del gobierno awajún.
Resaltó también la problemática sobre los casos de trasmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y los pocos recursos destinados, pese a que la provincia de Condorcanqui se encuentra en alerta roja por las altas cifras. Asimismo, exigieron una pronta respuesta del Estado para erradicar la violencia sexual, justicia para las víctimas, y atención integral.
Policías y mineros ilegales implicados
Sin embargo, no solo son profesores los que abusan sexualmente de menores awajún y wampís –quiénes luego enfrentan embarazos forzados, y/o la trasmisión de VIH–, sino también efectivos policías y mineros ilegales, así lo revelaron informes periodísticos emitidos el último domingo.
“No solo son profesores, sino también efectivos policiales que están ubicados en zonas rurales. Ellos muchas veces abusan sexualmente de mujeres indígenas, niñas y señoritas. Nosotros confiamos en las autoridades para que hagan justicia, pero no es así, más bien defienden al agresor”, denunció el apu Bernabé Jima a Punto Final.
También, el presidente de Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Dante Sejekam denunció que mineros ilegales ofrecen dinero a menores de entre 13 y 15 años.
Por su parte, el Estado no invierte mayor presupuesto para atender las más de 900 denuncias, a las que se elevaron, luego que la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosmery Pioc, denunciara estos hechos en los medios de comunicación.
Precisamente, en uno de estos informes, se conoció que el Centro de Emergencia Mujer (CEM) local cuenta con solo 300 soles para movilizarse y atender a las sobrevivientes. Asimismo, Percy Tuesta, el director de la UGEL de Condorcanqui, al ser consultado sobre los profesores denunciados, informó que estos siguen cobrando su salario mientras son investigados.
“Si nosotros hacemos un corte de contrato de inmediato, estaríamos cayendo en abuso de autoridad. Por eso las comisiones deben ir a campo a investigar”, declaró Percy Tuesta a Punto Final, mientras confirmaba la fuga de docentes violadores, a los cuales el periodista del medio intentaba entrevistar.
Explotación sexual, abusos y minería ilegal
Esta no es la primera vez que se denuncia también la relación de la minería ilegal con la violencia sexual contra las niñas y adolescentes de Amazonas. La organización awajún ODECOFROC ha puesto en evidencia casos de adolescentes que quedan embarazadas y luego no tienen cómo denunciar a los padres de sus hijos, ya que son foráneos que llegan para realizar actividades ilícitas, como la minería ilegal.
También un informe periodístico de Ojo Público, publicado en marzo de este año, revelaba a que pese a que no hay cifras exactas de los casos de embarazo adolescente, Elías Autukai Wisum, responsable de la Demuna en la zona, explicó que, en “algunos casos, los vínculos fueron consentidos y, en otros, se trató de violaciones sexuales”.
Mientras tanto, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, la ausencia de los ministros de Educación y de la Mujer, evidencia el poco interés del Estado por atender estos casos en lugares, donde no existen comisarías, oficinas fiscales, refugios, presupuesto ni justicia para las víctimas.
26 de junio de 2024