La pandemia ha empeorado la situación de los defensores y defensoras ambientales, provocando que las economías ilegales se incrementen, desatando una ola de violencia para quienes protegen sus territorios. Prueba de ello, es que desde que inició la crisis sanitaria, 9 defensores ambientales han sido asesinados en el Perú.
En este marco, Oxfam Perú, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), y la Asociación Paz y Esperanza realizaron una mesa de diálogo el martes 14 de julio con la participación de las lideresas indígenas Augostina Mayán de El Cenepa, Amazonas, y Diana Ríos de Saweto en Ucayali.
La voz de las comunidades
Augostina Mayán señaló que en la Cordillera del Cóndor, frontera con Ecuador se viene luchando desde hace muchos años contra la minería ilegal para conservar el territorio ancestral del Pueblo Awajún; sin embargo, con la llegada de la pandemia, en la parte baja del Cenepa, y en las riberas de los ríos, donde se encuentra la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), reapareció esta actividad, por lo que decidieron hacerle frente junto a otros defensores de la zona, a raíz de ello, empezaron a recibir amenazas por parte de mineros ilegales.
“Contamos con garantías de vida; sin embargo este papel no nos garantiza nada, no podemos andar solos, tenemos que tener una movilidad exclusiva para desplazarnos, no por el temor porque no tememos morir, lo que tememos es que haya un desate de violencia cuando pase algo, por eso nos cuidamos y tratamos de evitar esto conflictos y venimos exigiendo al Estado que haga la interdicción para disminuir la violencia que es latente en las comunidades”, indicó la defensora.
En tanto la lideresa asháninka Diana Ríos, recordó el caso de cuatro líderes indígenas asesinados por madereros ilegales, en 2014 en Saweto, Ucayali, entre ellos su padre, Jorge Ríos Pérez, e indicó que pese a que han pasado más de 6 años, aún no consiguen justicia, pues quienes cometieron estos crímenes siguen en libertad.
“En el 2014, mi papá fue asesinado por defender nuestro territorio porque en Ucayali otorgaron una concesión a una buena pro, sin respetar el pueblo indígena. Él no firmó a favor de la resolución, a la semana mi papá y otros líderes fueron asesinados. Hasta hoy estamos en una lucha y no se encuentra justicia. No es justo que más líderes de pueblos indígenas, defensores del bosque sigan siendo asesinados, (…) No queremos más asesinatos por defender nuestro territorio o defender nuestro título”, sentenció Ríos.
El estado se pronuncia
La Defensoría del Pueblo, representada por Nelly Aedo, también se hizo presente en la mesa, donde señaló que las actividades ilegales que afectan a las comunidades tienen una proyección a expandirse en vez de reducirse. Se trata de actividades como la tala ilegal, minería ilegal, agricultura ilegal, cultivo ilegal de coca, tráfico de tierras y narcotráfico.
Estas economías ilícitas actúan impunemente aprovechando que en estas zonas no hay presencia del estado, y se agrava con otras omisiones como la falta de titulación de comunidades campesinas y nativas. Desde el año 2014, la Defensoría ha identificado 1800 comunidades pendientes para saneamiento legal.
Para combatir ello, se aprobó recientemente el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras (DS 004-2021-JUS)- l, que mejora el Protocolo para garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos (RM 0159-2019-JUS); puesto que comprende más sectores como los del Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia.
Sin embargo, este documento tiene dificultades, como la poca celeridad en torno a las investigaciones y procesos judiciales, el procedimiento de garantías personales, puesto se necesitan pruebas, las cuales se dificultan conseguir en lugares alejados. En caso de que se llegue a dar garantías personales, no existe un instrumento que mida esta eficacia. Por esa razón, la Defensoría pide que el Estado sincere mecanismos más efectivos.
Respecto al caso de El Cenepa, la Defensoría del Pueblo indicó que existe un tema de afectación gravísima, pues se registra amenazas de muerte, restricción de tránsito, contaminación ambiental, afectación a la salud, generación de conflictos internos, entre otros, debido a la minería ilegal, la cual se ha acrecentado. Asimismo, en la zona no existe un puesto policial donde se pueda acudir de inmediato.
De acuerdo al ente, se han hecho exhortaciones, pedidos documentados y reuniones con el Mininter y otras entidades solicitando acciones urgentes para erradicar la minería ilegal. Sin embargo, al Ministerio de Economía y Finanzas les ha señalado que no hay presupuesto para estas acciones.
La Defensoría del Pueblo también se refirió sobre el caso en Saweto, quienes hace más de 12 años pidieron la titulación de su terreno comunal, y recién ocurrida la tragedia, las autoridades llegaron a la zona y se comprometieron a una serie de acciones. De esta manera, emitieron una norma que redimensiona los bosques y se logró la titulación, pero pudo ser posible sin muertes que lamentar, por lo que el tema presupuestal debe ser atendido de manera urgente.
Los medios ambientalistas
En el evento también estuvo presente la directora del medio periodístico ambiental Mongabay, María Isabel Torres, quién manifestó que la pandemia agudizó los problemas de los líderes indígenas, pues fue un momento en que las comunidades tuvieron que preocuparse por el tema de salud, dejando a un lado el monitoreo, situación que aumentó los delitos.
La periodista señaló que en un especial que hicieron con 4 países, México, Ecuador, Colombia y Perú, encontraron que 156 defensores fueron demandados por proteger su territorio, y 77 estaban en Perú, es decir el 30% que tenían proceso judicial eran personas indígenas. En esta base de datos que crearon, también encontraron que en su mayoría los rubros asociados es la minería y la agroindustria, y un problema no visibilizado es el desplazamiento forzoso que viven los defensores ambientales.
También se contó con la presencia de Sofía vargas de Oxfam Perú quién indicó que según el informe Análisis Global 2020 de Front Line Defenders, al menos 331 defensores de los Derechos Humanos fueron asesinados en 2020, debido a esta situación la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) se ha declarado en emergencia hace pocos meses debido a la ola de asesinatos de la región, y el Perú es el tercer país con más asesinatos a defensores en sudamérica después de Colombia y Brasil.
Hasta la fecha en las normas que existen para proteger a los defensores, no se consideran las reparaciones para víctimas o familiares de quienes han sido asesinados. Por eso, Sofía Vargas considera que es fundamental “ratificar el Acuerdo de Escazú que tiene como objetivo garantizar los acuerdos con pueblos indígenas”.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado en el mundo que contempla derechos sobre los defensores ambientales, y pasaría a ser parte del establecimiento jurídico, obligando al estado a cumplir con las medidas de protección para quienes protegen sus territorios.