El REINFO no sólo ampara estatalmente a la minería ilegal cómplice de violación de la soberanía nacional sino también altamente peligrosa para la integridad, tranquilidad, libertad personal y familiar de las y los defensores awajún en Alto Comaina, como para la integridad territorial y autonomía de las comunidades nativas.
Por Marlene Castillo Fernández*
Intangibilidad de la Cordillera El Cóndor-Perú o violación de la soberanía nacional. Este es el dilema político central que está de fondo en los enfrentamientos armados entre grupos/campamentos de mineros ilegales, con amparo o no del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que sucedió a mediados del mes de enero de este año.
Sucesos que ocurrieron en la zona/campamentos de minería ilegal –Tambo y Chayu Muja– que forma parte del negocio minero ecuatoriano, al que destinan ambos grupos el mineral extraído en territorio ubicado en Alto Comaina-Cordillera del Cóndor lado peruano, acopiado y desde ahí transportado ilegalmente a territorio ecuatoriano (sector La Herradura-planta de beneficio).
Siendo proveedores de un negocio que viola la soberanía nacional, esto convierte en ilegal su actividad minera sean peruanos o ecuatorianos, sean awajún o no, sean REINFO o no. De esto no se habla.
En ese sentido, la historia les ha dado la razón a los miles de ciudadanos/as de los pueblos Awajún y Wampis de las provincias de Condorcanqui y de Bagua, que se movilizaron durante agosto 2008 y abril-junio 2009 (estallido indígena amazónico conocido como “Baguazo”). Una de sus principales demandas movilizadoras fue la necesaria declaración estatal de la intangibilidad de toda la Cordillera del Cóndor en la zona fronteriza peruana bajo la modalidad de Parque Nacional Ichigkat Muja en las casi 153 mil hectáreas (100%) y la correspondiente derogatoria del DS.023-2007-AG, que recortaba su extensión en 46% para proteger la potencial inversión minera aurífera en la zona sur de las concesiones mineras.
Dicha demanda indígena ciudadana respondía a un doble fin público constitucional: asegurar tanto la soberanía nacional (ya entonces había ingreso de mineros ecuatorianos) como la conservación de la territorialidad ancestral de alta biodiversidad (cabeceras de cuencas de afluentes del río Marañón que serían afectadas con la minería). El pedido no fue atendido por el Estado peruano: primero la minería, después la soberanía nacional. Política que continúa hasta hoy.
A 10 años del “Baguazo”, en el año 2019, nuevamente las organizaciones indígenas del distrito El Cenepa y provincia Condorcanqui denunciaron la violación de la soberanía nacional y la conflictividad armada que traía la expansión de la minería ilegal con los ecuatorianos operadores del negocio (acopio, transporte, cupos), los extrabajadores de la compañía Afrodita y grupos de awajún de la Comunidad Nativa de Shaim.
Exigieron no sólo la anulación de todas las concesiones y el establecimiento de la intangibilidad de la zona, sino también que no se aplique el REINFO ante el inicio de la inscripción por parte de la Dirección de Formalización del Ministerio de Energía y Minas (Carta de ODECOFROC, CPPA y Comunidad Antiguo Kanam, que fue enviada mediante Oficio Múltiple 075-2018-2019-CPAAAAE-CR -10 de julio del 2019- al Poder Ejecutivo y al Gobierno Regional de Amazonas).
También, a nivel nacional, la prensa-TV dominical difundió videos como evidencia de la invasión minera ecuatoriana de la frontera y en impreso destacó el reportaje especial difundido por el semanario nacional Hildebrandt en sus trece, el 3 de mayo de 2019.
Actualmente, casi todos los actores –gubernamentales, mineros ilegales indígenas dentro y fuera del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), organizaciones indígenas– que han realizado declaraciones públicas frente a los sucesos de enero –enfrentamientos armados, quema del campamento minero Chuya Muja y dos fallecidos ecuatorianos– en esa zona de expansión de minería ilegal en el Alto Comaina, próximo al PV4 y al Puesto de Vigilancia El Tambo, están informados de hechos tales como el ingreso diario de ecuatorianos operadores del negocio, de volquetes de placa ecuatoriana que ingresan/invaden y transportan el mineral extraído, así como de sicarios que amedrentan y amenazan armados en ese territorio peruano. Adjuntamos como evidencia, la foto contenida en el Oficio N° 0590-2024-2025/MEIC-CR que envía la congresista Mery Infantes, el 27 de enero, a la autoridad de la PCM, Gustavo Adrianzén (Expediente 2025-0005864).
Ni el Estado ni el gobierno de turno (PCM, Relaciones Exteriores, Congreso) han respondido ante este hecho grave denunciado ahora y desde hace 15 años.
Pero, ni el Estado ni el gobierno de turno (PCM, Relaciones Exteriores, Congreso) han respondido ante este hecho grave denunciado ahora y desde hace 15 años. Es decir, se ha normalizado la violación sistemática permanente de nuestra frontera y territorio peruano en la Cordillera del Cóndor, precisamente en la zona donde se defendió la integridad del territorio peruano mediante las sucesivas guerras Perú-Ecuador.
Enero 2025: grupos de mineros ilegales enfrentados/armados, amenaza en Alto Comaina
La congresista Mery Infantes en su oficio antes citado, la autoridad de la PCM en sus declaraciones públicas y algunos artículos periodísticos han asumido el relato de uno de los grupos de mineros ilegales que se presenta como la parte agraviada/víctima de la minería ilegal y la violencia de la banda de ecuatorianos “Los choneros” provistos de armas de largo alcance, autores de la quema de sus viviendas ubicadas en el campamento minero Chayu Muja al que auto denominan “CCNN-Kumpanam Chayu Muja” (relato expuesto en la Carta N. ° 002-2025-CCNN-KUMPANAM-CHAYU MUJA adjuntada en el oficio citado).
Es más, la PCM en declaraciones públicas del 26 enero, informó que el Ejército rescató a 53 miembros de la comunidad indígena que había sido desplazada por la minería ilegal. Las personas awajún “desplazadas” corresponden a familias del grupo de mineros ilegales Chayu Muja, rivales del grupo de minería ilegal más antiguo que tenía el control minero territorial transfronterizo Perú-Ecuador.
Recientemente, Rodrigo Lazo basándose en información de campo, ha expuesto el enfrentamiento armado entre estos dos grupos de mineros ilegales en esa zona fronteriza. Por nuestra parte, precisamos. Cada grupo con su respectiva carretera, pero con el mismo destino: la planta ecuatoriana de beneficio de oro. Un grupo extrayendo el mineral en Tambo próximo al puesto peruano fronterizo de Vigilancia El Tambo, desde hace más de 10 años extrayendo en bocaminas abandonadas y con mayor composición de mestizos (además de awajún), Otro grupo reciente, hace 6 años se asentó en el campamento minero Chuya Muja, al sur del PV4, compuesto por comuneros mineros provenientes de la Comunidad Nativa Shaim (que tiene dos anexos Teesh y Najem).
Ambos grupos son responsables de la contaminación de fuentes y cursos de agua de las cabeceras de quebradas/ríos tributarios del río Cenepa, la deforestación, la afectación del hábitat de alta biodiversidad reconocida en tiempos del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). Ambos responsables del enfrentamiento armado que ocasionó dos ecuatorianos fallecidos, resultado cruento del enfrentamiento entre la banda/sicarios Los Choneros, ecuatorianos contratados por el grupo Tambo y la banda de los Trujillanos (de La Libertad y de Chimbote), peruanos contratados por el grupo Chuya Muja. Esta zona de minería ilegal/tráfico minero ecuatoriano peligrosa está próxima geográficamente a la Comunidad Nativa Antiguo Kanam, que resiste el embate y amedrentamiento e intentos de invasión de su extenso territorio comunal. Ver mapa de la territorialidad en cuestión.
La banda ecuatoriana Los Choneros logró recoger los cuerpos y en represalia por la muerte de los dos ecuatorianos, incendió las 16 viviendas del campamente Chayu Maju. Las familias buscaron refugio en el PV-4; de allí fueron atendidos por el Ejército peruano que aseguró su regreso al centro poblado de la Comunidad Nativa Shaim. La banda peruana de sicarios apodados “Los Trujillanos” contratado por Chayu Muja, después del enfrentamiento, escaparon por la ruta víal Puerto Mori-Chiriaco hacia el sur. En esa ruta se vieron obligados a pasar por territorio/caminos de las comunidades nativas, donde fueron registrados y a su ayuda llegaron awajún de Nieva-Chiriaco para asegurar su salida casi clandestina. Esto no lo dice Francisco Yampis Juwau, quien firma la carta citada, en tanto delegado de la CN Shaim, ni tampoco Epifanio Mayan Uwek que firma como “alcalde del centro poblado Shaim-Kumpanam” (léase campamento minero Chayu Muja): lo ocultan.
Mediante esa carta y declaraciones periodísticas, estos representantes solicitan a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y del gobierno regional de Amazonas, apoyo para regresar y reconstruir su “comunidad indígena” en tanto víctimas de los ecuatorianos, cuando en realidad pretenden reconstruir su campamento minero y seguir con la minería ilegal.
Y, así como la treta del grupo de Tambo ha sido permanecer en silencio, la treta del grupo Chayu Muja es hacer ruido político victimizándose para conseguir/justificar la reconstrucción de su campamento de minería ilegal. Pero van por más: están solicitando el reconocimiento de su campamento minero como Comunidad Nativa Kumpanan, para usarlo de escudo jurídico y hacer minería ilegal/Reinfo a su gusto. Gestionaron su reconocimiento, apoyados en aliados dentro del gobierno regional en 2019, pero no lo lograron. Ahora quieren pescar en río/Poder Ejecutivo revuelto. Pero, no pasará.
En esa zona de ilegalidad no está en cuestión ninguna autonomía comunal (no hay comunidades nativas) ni derecho colectivo étnico-cultural (es disputa por negocio minero). Tampoco disputa por peruanidad (ambos cómplices de violación de la soberanía nacional). Todo esto en el marco estatal negligente basado en la política de la supremacía del derecho minero adquirido (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico -INGEMMENT) que otorga concesiones mineras sin límite, atropellando mandatos constitucionales de soberanía nacional, conservación bio-ecológica), capturado por el hegemón minero-corporativo (que coloca ministros a su conveniencia) y aceitado por los privilegios del poder y de la corrupción.
Mineros ilegales, dentro y fuera de REINFO, y riesgo de defensores del territorio awajún
Esta cuestión de fondo es la causa central también de que los defensores/as de la territorialidad indígena y del Buen Vivir estén en situación creciente de riesgo como personas, clanes, comunidades, organizaciones, frente a estos dos grupos de minería ilegal peligrosos/amenazantes y la impunidad total que gozan. Precisamente, desde 2019, además tienen el amparo estatal cuando consiguen su inscripción en REINFO. En tres años en el distrito El Cenepa, los inscritos en REINFO (formalizando así también a los mineros ilegales) han pasado de una decena a una centena de inscritos en el distrito El Cenepa en el año 2022, año que el Ministerio de Energía y Minas hace accesible la plataforma digital del registro por departamento que he visitado el 12.02.25.
En ambos grupos de mineros ilegales hay inscritos en REINFO. La carta de Chayu Maju citada anteriormente, sindica como cómplices de los ecuatorianos ilegales a un núcleo de peruanos -mestizo y awajún- tales como Huber Villavicencio Briceño, abogado Edwin Chuima Chipayo, Saul Yampis Kantua, Yonil Daza Genebroso y Everaldo Antun Yampintsa. Las cabezas visibles del grupo Tambo, de los cuales Saúl Yampis (awajún de Shaim) y Yonil Daza figuran en el REINFO con derecho vigente en la concesión Comaina 1.
A la vez, del grupo de Chayu Muja, las cabezas visibles son Martimiano Juwau (inscrito también) y Epifanio Mayán (no inscrito). Después del enfrentamiento armado, regresaron los awajún de ambos grupos al centro poblado de la CN Shaim, donde han continuado enfrentándose y amenazándose de muerte, con mayor presión contra Saúl Yampis (cercado en su casa) a quien sindican del autor de la quema del campamento, con lo cual podríamos estar ante un desenlace cruento.
En la siguiente Tabla ponemos los nombres de mineros con REINFO que han sido señalados como personas que amedrentan a quienes se interponen en su camino invasivo en el Alto Comaina/Alto Cenepa.
Así pues, el REINFO no sólo ampara estatalmente a la minería ilegal cómplice de violación de la soberanía nacional sino también altamente peligrosa tanto para la integridad, tranquilidad, libertad personal y familiar de las y los defensores awajún en Alto Comaina, como para la integridad territorial y autonomía de las comunidades nativas. De allí también la justa, certera y oportuna exigencia de la eliminación del REINFO en el distrito El Cenepa.
Las organizaciones indígenas antes de la constitución del Gobierno Territorial Autónomo Awajún han exigido nulidad de las concesiones y la respectiva intangibilidad de esa parte del territorio ancestral y de soberanía nacional, han denunciado la situación riesgosa de la única comunidad awajún fronteriza con la Cordillera del Cóndor en Alto Comaina: CN Antiguo Kanam, que sigue defendiendo su integridad territorial y Buen Vivir en medio de amenazas de muerte, de invasión de la periferia límite de su territorio próxima a la zona de expansión minera ilegal.
Aquí reproducimos la carta que en 2019 enviaron y fue asumida por la presidencia de la Comisión de Pueblos (CPAAAE) del Congreso de la Repúbla.
En la actualidad, las asambleas de autoridades de los gobiernos territoriales autónomos de los pueblos Awajún (GTAA) y Wampis (GTANW) se han pronunciado en ese mismo sentido. Con la intangibilidad de la Cordillera del Cóndor, la eliminación de REINFO, el no reconocimiento comunal de los Chayu Muja/Kumpanán y más puestos de vigilancia-control de la frontera firmes no permisibles a la corrupción, se asegurarían la soberanía nacional, la saludable territorialidad indígena y la protección de defensoras/es.
En el terreno, actualmente las autoridades indígenas están en alto riesgo en El Cenepa, como defensores territoriales frente a la minería ilegal. Los más visibles expuestos son Dante Sejekam Espejo, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) y Oscar Chigkun Mayan, jefe de la Comunidad Nativa Antiguo Kanam, por los amedrentamientos y amenazas de muerte de parte de estas mafias de mineros ilegales que incluye a personajes awajún ganados a la cultura del negocio como sea.
En el caso de Oscar Chigkun, hijo de Luis Chigkun Tsamajaen, autoridad étnica-cultural defensora ya fallecido y vinculado al clan de Santiago Manuin Valera, pamuk fallecido del pueblo Awajún, su situación actual de riesgo es preocupante. Además de haber sido amedrentado hace poco en la zona de Chayu Muja, la Fiscalía respectiva encargada en 2024, en diciembre del año pasado archivó su caso sobre la denuncia por amenaza de su libertad e integridad personal (coacción), a razón de que no se ha podido identificar a los imputados; aunque ordenó la protección policial por parte de la comisaría de Condorcanqui. Es decir, ha sido dejado estatalmente casi a la suerte; peor aún con la arremetida congresal que ha debilitado más el sistema de justicia y la Fiscalía, y con esto el propio mecanismo de protección a defensores.
Algo de esperanza: el GTAA ya viene experimentando con la constitución de comités de Vigilancia y Control Comunitario para la lucha contra la minería ilegal y en coordinación con las autoridades competentes. El Ikam ancestral se defiende, nunca más un “Baguazo”.
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* Marlene Castillo Fernández es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Nació en Aija, en Áncash, pero en la actualidad vive en Lima.
Publicado originalmente en Servindi
Lunes 24 de febrero de 2025