El último 11 de setiembre, se alertó que la Comisión Agraria del Congreso de la República pretendía aprobar el Proyecto de Ley 7085/2023-PE o llamada segunda Ley Antiforestal, la cual facilitaría la extracción de madera reduciendo la fiscalización ambiental de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como el árbol de shihuahuaco.
La semana pasada, debido a la coyuntura nacional por la muerte del exdictador Alberto Fujimori, las actividades del Congreso se paralizaron. No obstante, esta semana el proyecto antiforestal podría avanzar en la Comisión Agraria.
El shihuahuaco es un árbol nativo amazónico que por su resistencia y alta densidad es usado para elaborar puentes, durmientes de ferrocarril, mangos de martillo, ventanas, puertas, carbón vegetal, entre otros, e incluso sus semillas son usadas en perfumería industrial. Debido a sus múltiples usos, se encuentra en peligro por la extracción desmedida.
El Vigilante Amazónico conversó con el abogado especializado en derecho ambiental, César Ipenza, sobre esta segunda ley antiforestal. El experto señaló que en noviembre próximo entrará en vigencia la regulación del shihuahuaco dentro del Anexo II del Convenio CITES, pese a que el Estado peruano intentó dilatar su ingreso hasta fines de año, cuando este debía ser automático. Esto debía implicar que las entidades del Estado realicen coordinaciones y garanticen recursos económicos y procesos institucionales para cumplir con el compromiso de protección de esta especie.
Sin embargo, a inicios de 2024 el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) presentaron un proyecto de ley conocido como la segunda ley Antiforestal para reducir los niveles de fiscalización ambiental, a pesar de que una especie protegida por el convenio CITES tiene que contar con el 100% de fiscalización ambiental en su regulación.
“No nos dicen qué metodología y a cuánto se reducirá la fiscalización. Es peligroso porque pueden decir que vamos a reducir a 80% o 50%, pero también podría decir a 10% de la fiscalización. Y tampoco son claros de cómo se hará. Hay antecedentes con el cedro y la caoba. Y lo que hay también es un grupo grande de interés que exporta madera y tiene vínculos con empresas chinas”, menciona César Ipenza.
Sobre dicha iniciativa anti ambiental, el especialista indica que se reduciría la fiscalización sólo para el Shihuahuaco y Tahuari; a excepción del cedro y la caoba. Aunque Ipenza también menciona que con el actual Legislativo y sus recientes acciones, otras especies protegidas por el convenio CITES podrían verse en riesgo ante una posible flexibilidad de la fiscalización.
El principal comprador de madera peruana son empresas chinas con pedidos por 37 millones 561 mil dólares en lo que va del 2024, según cifras de la Asociación de Exportadores (Adex).
Es importante mencionar que esto se da en un contexto en el que se ha visto al Estado peruano tejer vínculos económicos con el gobierno de China. Un ejemplo de estas negociaciones bilaterales es el megapuerto de Chancay, una cuestionada infraestructura que también facilitará el transporte de este tipo de bienes naturales.
Para César Ipenza, el vínculo radica en la facilidad de la salida de estos recursos por el megapuerto de Chancay. Asimismo, el abogado recomendó estar atentos a las propuestas de los gremios de las grandes industrias que, para evadir los más altos estándares que exige actualmente la Unión Europea para la exportación de maderas como el Shihuahuaco, buscan que se aprueben este tipo de normas.
Lunes 16 de setiembre