Reconocimiento urgente. El Consejo étnico de los pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), federación indígena que agrupa a 46 comunidades del pueblo kichwa, anunciaron su apoyo para el desalojo de la concesión maderera Agrupación Maderera Alto Biavo S.A.C, tras las últimas denuncias en la comunidad de Puerto Franco, en la región San Martín, donde autoridades, comuneros y bosques vienen siendo amenazados.
El pueblo Kichwa viene luchando por varias décadas para que el Estado responda el pedido urgente de reconocer sus territorios ancestrales. Puerto Franco al igual que otras comunidades kichwa vienen sufriendo esta postergación por parte de las autoridades y del Gobierno regional. Esta demora ha permitido que su territorio se entregue a terceros a través de concesiones, áreas protegidas y títulos individuales.
Como se recuerda, el pasado 16 de julio, 11 miembros de la patrulla de Puerto Franco de la comunidad nativa Puerto Franco tuvieron un tenso encuentro con 27 personas ligadas a la empresa Agrupación Maderera Alto Biavo S. A. C., quienes iban armadas con retrocargas.
Pese a señalarles a estos madereros que estaban vulnerando los derechos territoriales de los pueblos indígenas, calificaron ello como una “cosa de abogados”. Afortunadamente, los comuneros de la patrulla lograron mantenerse a salvo, pero exigieron mayor acción y respuesta por parte de las autoridades, pues no es la primera vez que son amenazados por personas relacionadas a la concesión.
La comunidad de Puerto Franco y el CEPKA han presentado una demanda de amparo en el Juzgado mixto de Bellavista, en donde la comunidad está solicitando judicialmente el reconocimiento de su territorio superpuesto a un Bosque de producción permanente (BPP), el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y la Concesión otorgada a la empresa Agrupación Maderera Alto Biavo S.A.C.
Ellos solicitan que se anule dicha concesión maderera, al haber sido otorgada sobre sus bosques sin respetar la quinta disposición complementaria y final de la Ley forestal y de Fauna silvestre, Ley 29763, que prohíbe la entrega de títulos habilitantes en territorios de comunidades nativas, como es el caso de Puerto Franco.
A ello, se suma que pese a que la comunidad nativa Puerto Franco, “existe y ha estado presente en el distrito de Alto Biavo (Bellavista), desde décadas antes de su resolución de reconocimiento. La demora del Estado para reconocerla, no limita su calidad de pueblo indígena y la obligación del Estado de reconocer sus derechos territoriales a través del saneamiento físico territorial de su territorio”.
Es por esa razón, que tras una reunión realizada el último 03 de agosto, las bases del CEPKA señalaron que ante la demora de los trámites en el sistema de justicia tanto para el saneamiento físico legal del territorio de la comunidad de Puerto Franco, a cargo del Juzgado mixto de Bellavista, así como de la suspensión y paralización de las actividades de la concesión por parte de la Fiscalía especializada en materia ambiental (FEMA) de Juanjuí, la Autoridad regional ambiental (ARA), Organismo de Supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre (OSINFOR), y el Servicio nacional forestal y de Fauna silvestre (SERFOR), y debido a que la empresa continúa trabajando impunemente, apoyarán cualquier decisión para la paralización de las actividades de dicha concesión.
En ese sentido, exigen a las autoridades de la Corte superior de justicia de San Martín, celeridad en el trámite de las causas promovidas por sus comunidades, cuya demora acrecientan conflictos como los ocurridos en Puerto Franco, y a los que se suman otras problemáticas como la criminalización y estigmatización al pueblo kichwa por parte de medios locales.
Asimismo, comunicaron que en caso de no encontrar solución por parte de las autoridades en 15 días, “en uso de la facultad establecida en el artículo 149 de la Constitución, todas las bases del CEPKA a presentes apoyaremos en el desalojo de la concesión del territorio de la comunidad”.
Finalmente, hicieron un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas a permanecer en alerta a esta violación de derechos territoriales por parte del Estado peruano, que omite titular territorio indígenas, entregando áreas a terceros y poniendo en riesgo la vida e integridad de líderes y comuneros.
Lunes 05 de agosto de 2024