La minería ilegal sigue siendo uno de los principales problemas y amenazas a la naturaleza y las comunidades indígenas de la zona de El Cenepa y Condorcanqui, en la región Amazonas. Esta actividad ha seguido operando y expandiéndose en la región pese a las medidas restrictivas por la pandemia del COVID-19 en el Perú.
Es por eso que el pasado 28 de marzo, la Defensoría del Pueblo se reunió con distintas instituciones para ver los avances en la interdicción de minería ilegal en Condorcanqui, Amazonas. Uno de los grandes desafíos que se concluyeron fue la falta de presupuesto para aplicar las acciones coordinadas de la comisión multisectorial permanente presidida por el Ministerio de Energía de Minas, y otras 13 entidades en el Alto Comaina.
Foto: El Comercio (Cordillera del Cóndor, frontera de Perú con Ecuador)
Para el Ministerio de Energía y Minas, es fundamental trabajar acciones en conjunto con otras entidades para afrontar los principales problemas en la zona del Cenepa: la minería ilegal, la tala ilegal, los avances de la interdicción; además de la salida no controlada de bienes como el oro, y el ingreso de ciudadanos ecuatorianos en la zona fronteriza de Condorcanqui.
En relación al seguimiento de la acciones en la zona del Alto Comaina, donde estuvo Minera Afrodita, se han llevado a cabo diversas reuniones extraordinarias como la del 23 de enero del 2019, cuando se conformó un grupo de trabajo ad hoc, con la finalidad de elaborar un informe que contenga un diagnóstico de minería ilegal en esta área. En septiembre del 2019 se constituyeron tres grupos de trabajo: el de seguridad, cierre de brechas, y el de cierre productivo.
La Defensoría del Pueblo comunicó que viene interviniendo hace años en esta zona, y pidió al Ministerio del interior, que lidera la estrategia nacional de interdicción para erradicar la minería ilegal en la zona alta del Cenepa, considere la zona mediana y zona baja, además incorpore el río Cenepa y Santiago priorizando presupuestos y recursos para erradicar actividades ilegales. Asimismo, solicitó distintos informes sobre la situación al Gobierno Regional de Amazonas, como al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, quien señaló que el Gobierno regional no ha estado cumpliendo con remitir esta información.
Acciones del Ministerio del interior
Desde el 2019 el Ministerio del Interior implementó una operación de nombre Afrodita en la parte alta de la Cordillera del Cóndor, y se trabaja desde una base militar del Tambo, una zona agreste donde se tiene apoyo aéreo y se sale en patrullas mixtas con las Fuerzas Armadas, para realizar acciones de interdicción contra la minería ilegal. Se tiene la disposición de continuar con la operación y avanzar en la zona; sin embargo, un gran inconveniente, es la falta de presupuesto.
El Mininter indicó que dentro de sus avances está el desarrollo en conjunto con el Ministerio de justicia y derechos humanos de un curso para la Policía, sobre el rol de las personas defensoras de derechos humanos y su protección policial frente a situaciones de riesgo. Asimismo, la Policía y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se encuentran trabajando en conjunto para mantener canales de atención a los pedidos de garantías personales para defensores de derechos humanos, los cuales deben darse en un plazo no mayor de 24 horas.
Existe la necesidad de reforzar las bases no solo en Amazonas, sino en Ucayali, trabajando con Aidesep para mejorar el servicio en temas de seguridad entre sector interior y comunidades nativas, incluso se presentaron estas acciones al Congreso; sin embargo los presupuestos no son los suficientes para tener una operación de mayor envergadura.
Uno de los requerimientos es que el Ministerio de Economía y Finanzas considere estos presupuestos para atender este problema postconflicto de la guerra entre Perú y Ecuador. Además, hay otros problemas que se deben analizar, los cuales comprende más acciones y gestión de gobiernos locales y el desarrollo que se hace en las fronteras.
Foto: Mongabay (Minería ilegal en la Cordillera del Cóndor)
El Ministerio del Interior busca abarcar toda la Cordillera del Cóndor, pero sin presupuesto no lo pueden hacer, señalan que ya hicieron las propuestas técnicas e incluso enviaron un pedido al viceministerio de Energía y Minas, al ser el responsable técnico de la comisión multisectorial, por lo que deben hacer las coordinaciones para el tema presupuestal y así avanzar con la interdicción en esta zona.
En tanto, el Ministerio Público señaló su participación en acciones de interdicción a la minería ilegal en otras zonas, pero indicó que debe adicionar un presupuesto para intervenir en más zonas como las del Cenepa.
Comunidades Wampis y Awajún
El Ministerio del Interior tomó conocimiento de unos incidentes que se produjeron en diciembre por el secuestro de jóvenes wampis, como represalia de tomar los botes y la madera, producto de eso se tuvo gestiones con el Ecuador. A partir de ello se realizaron reuniones impulsadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con los Wampis, con el objetivo de identificar acciones más específicas, como la intervención del tema de seguridad, y ampliar los mecanismos en la zona del río Santiago, en Condorcanqui.
También se desplegaron operativos de manera inmediata, viendo la necesidad de reforzar la presencia policial de manera permanente en estas áreas de frontera y reforzar la presencia del Ministerio Público y de la Policía especializada en materia ambiental, y del Gobierno regional. También se vio la importancia de crear una capitanía de puertos en el río Santiago, y la creación de un marco normativo que permita una participación coordinada entre las Fuerzas Armadas.
Señalan como necesario tener una aproximación multisectorial que permita que los Awajún y Wampis desarrollen de forma sostenible la explotación de madera. Estas propuestas fueron alcanzadas a la PCM.
Foto: Nación Wampis (Decomisan madera talada ilegalmente en territorio wampis)
La labor regional de interdicción
La Dirección regional de minas de Amazonas señala que el 15 y 16 de enero de 2020 realizaron acciones de interdicción y supervisión dentro de la concesión minera Comaina 1, en esa oportunidad se invitó al OEFA para que acompañen a la dirección pero no se tuvo respuesta. Se habían planificado acciones de fiscalización en el Cenepa en diciembre de 2020, pero debido a falta de presupuesto y cierre de fronteras, no se desarrolló.
Existen mineros ilegales que fueron inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y son parte ahora de un proceso de formalización. Pero, allí se tiene una problemática, pues hay varios mineros ilegales que se instalan en comunidades nativas y están inscritos en el REINFO, pero no es posible inscribir estos derechos en comunidades nativas, por lo que ya se solicitó una revocación.
Respecto a la comunidad nativa de San Antonio, donde se instalaron mineros ilegales, se está programando una visita para constatar el registro de estos mineros, porque al ser un territorio indígena no es posible hacer la inscripción; sin embargo, el mayor obstáculo para verificar es el presupuesto.
El área técnica de la dirección regional de energía y minas de Amazonas, señala que cumplió con las supervisiones, e invitaron a OEFA para las supervisiones, pero no se dio.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que en Condorcanqui se han hecho acciones conjuntas con el Ecuador, solicitando que fortalezcan la frontera ecuatoriana para no permitir la salida de personas, en el marco de lo que es áreas críticas de frontera y minería ilegal.
Llama la atención y preocupa que existan un alto nivel de descoordinación y de falta de decisión en las entidades del estado competentes, para atender una evidente expansión de las actividades ilícitas. Sobre todo se aprecia la expansión de la minería ilegal, que está poniendo en riesgo la biodiversidad y la sostenibilidad de la vida de las comunidades indígenas que viven en esta zona de nuestra amazonía. Esperamos que se actúe con firmeza y prevención, pues sería un serio problema que se replique la situación que ocurre en la región Madre de Dios.
(Draga instalada para minería ilegal en un colegio de la comunidad de San Antonio, en Condorcanqui)
20 de abril del 2021