Américo Pascuala Tomisha, exjefe de la Comunidad Nativa Onconashari, murió el 23 de agosto tras recibir impactos de arma de fuego durante un enfrentamiento con terceros que, según ORAU, presuntamente extraían aceite de copaiba dentro del territorio comunal. El dirigente había denunciado previamente la presencia de terceros en la comunidad.
El líder indígena ashéninka Américo Pascuala Tomisha, de 57 años, fue asesinado el pasado 23 de agosto mientras realizaba labores de monitoreo y vigilancia territorial en la Comunidad Nativa Onconashari, ubicada en el distrito de Yurúa, provincia de Atalaya, en Ucayali.
Pascuala Tomisha, quien había sido jefe de la comunidad y se desempeñaba como coordinador del Comité de Vigilancia Territorial, encontró durante sus labores de vigilancia a terceros dentro del territorio comunal que, según la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), presuntamente realizaban actividades de extracción de aceite de copaiba. En esas circunstancias se produjo un enfrentamiento y el dirigente recibió impactos de arma de fuego que ocasionaron su muerte.
En un pronunciamiento emitido el 24 de agosto, ORAU expresó su rechazo e indignación por el asesinato y recordó que Américo Pascuala había denunciado previamente la presencia de colonos y terceros dentro de su territorio, alertando sobre una situación de riesgo.
Una amenaza denunciada desde hace años
El asesinato del líder ashéninka ocurre en un contexto de denuncias previas sobre el ingreso no autorizado de terceros a la Comunidad Nativa Onconashari.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), existen reportes desde al menos 2020 sobre el ingreso de terceros a la comunidad para la extracción de copaiba, además de amenazas contra comuneros. Estos hechos habrían sido puestos en conocimiento del Ministerio de Cultura y de la Policía Nacional.
La CNDDHH señaló que el crimen debe ser investigado considerando la labor de Américo Pascuala como defensor indígena del territorio y de los bosques, así como el contexto de amenazas y denuncias previas.
La organización exigió al Ministerio Público y a la Policía Nacional una investigación inmediata, diligente y con enfoque intercultural que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades materiales e intelectuales.
Onconashari se encuentra en el distrito fronterizo de Yurúa, una zona que ,según la información recogida por Convoca, las comunidades indígenas enfrentan la presión de actividades como el narcotráfico y la tala ilegal. En esta cuenca fronteriza conviven siete pueblos indígenas.
Las autoridades aún enfrentaban dificultades para llegar a Onconashari
Tras el asesinato, una de las principales dificultades fue el acceso a la comunidad para realizar las diligencias correspondientes.
De acuerdo con una investigación de Convoca, la comisaría de Breu informó que no contaba con combustible ni suministros básicos para trasladarse por río hasta Onconashari. Incluso, ante la falta de recursos, se planteó que fueran los propios comuneros quienes trasladaran el cuerpo de Pascuala hasta la capital distrital.
El acceso desde Pucallpa hasta Onconashari requiere un vuelo en avioneta hasta Breu y posteriormente alrededor de dos días de viaje en bote. La alternativa de trasladar por vía aérea a la comitiva oficial implicaba un vuelo chárter de más de S/ 7 mil, monto que, según Convoca, ninguna dependencia había asumido hasta la tarde del 24 de agosto.
El caso estuvo inicialmente a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa de Atalaya, pero posteriormente fue derivado a la Fiscalía de Derechos Humanos de Pucallpa, luego de que las organizaciones indígenas solicitaran que la investigación estuviera a cargo de una instancia especializada. ORAU también formalizó una denuncia ante esta fiscalía para solicitar el ingreso inmediato a la zona.
Estas dificultades de acceso evidencian una de las principales vulnerabilidades de las comunidades indígenas de esta zona fronteriza: la limitada presencia y capacidad de respuesta de las instituciones estatales frente a situaciones de emergencia.
ORAU exige investigación y protección
En su pronunciamiento, ORAU exigió al Ministerio Público – Fiscalía de la Nación el ingreso inmediato a la Comunidad Nativa Onconashari para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.
La organización pidió una investigación rápida, imparcial y efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables del asesinato de Américo Pascuala Tomisha, considerando las denuncias previas sobre la presencia de terceros dentro del territorio comunal.
Asimismo, exigió a la Policía Nacional del Perú – Región Ucayali acciones urgentes de búsqueda y captura de los responsables y la intervención de unidades especializadas de investigación criminal para la recopilación de evidencias y el esclarecimiento de los hechos. También solicitó garantizar la seguridad de la comunidad y sus autoridades ante posibles riesgos.
ORAU demandó además al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fortalecer los mecanismos de protección para defensores y defensoras indígenas, garantizando la vida, integridad y seguridad de quienes defienden sus territorios, bosques y derechos colectivos frente a amenazas y agresiones.
La organización pidió al Estado peruano reforzar la presencia institucional y las acciones de seguridad en territorios indígenas de frontera como Yurúa, donde las comunidades enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a la limitada presencia estatal, el ingreso de terceros y actividades no autorizadas dentro de sus territorios.
Finalmente, solicitó a la Defensoría del Pueblo y a organismos de derechos humanos realizar el seguimiento y acompañamiento del caso para garantizar justicia y contribuir a la protección de otros líderes indígenas que se encuentran en situación de riesgo.
Ucayali concentra la mayor parte de defensores indígenas en riesgo
El caso de Américo Pascuala se suma a un escenario más amplio de amenazas contra quienes defienden los territorios indígenas en Ucayali.
Según datos recogidos por Convoca a partir del informe Situación de los defensores indígenas en Ucayali, elaborado por ORAU, la Asociación ProPurús —hoy AFRONTA— y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 180 de los 226 defensores ambientales identificados en situación de riesgo en tres regiones amazónicas corresponden a Ucayali.
El mismo reporte señala que, entre 2020 y 2024, el Ministerio del Interior otorgó 38 resoluciones de garantías personales en Ucayali. Las organizaciones indígenas cuestionan que estas medidas no cuenten con un seguimiento efectivo que garantice la protección de las personas amenazadas. Asimismo, investigaciones de Convoca documentan 44 casos de agresiones, amenazas y homicidios en la región.
La lejanía de las fiscalías especializadas, la falta de logística policial y el avance de actividades ilegales dificultan la investigación de estos casos y contribuyen a que, en numerosos procesos, no se llegue a identificar a los responsables de las agresiones.
El Estado anuncia seguimiento al caso
Tras conocerse el asesinato, el Ministerio de Cultura condenó el crimen y señaló que realizará seguimiento ante las autoridades competentes para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades conforme a ley.
El sector informó además que, mediante el agente de protección asignado a la Reserva Indígena Murunahua, viene brindando acompañamiento a los familiares de Pascuala Tomisha y coordinando con las entidades correspondientes para que reciban la atención necesaria, considerando sus características culturales y lingüísticas.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades, así como la evaluación inmediata de los riesgos que enfrentan las autoridades comunales, líderes indígenas y demás personas defensoras del territorio.
El asesinato de Américo Pascuala Tomisha vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los pueblos indígenas y quienes realizan labores de vigilancia y defensa de sus territorios frente al ingreso de terceros y actividades no autorizadas. También expone las dificultades que persisten para garantizar una respuesta estatal oportuna en las zonas más alejadas de la Amazonía.
La defensa territorial no puede seguir cobrando la vida de quienes protegen la Amazonía.