ACTUALIZACIÓN | 26 de agosto de 2026: La Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) confirmó que Américo Pascual Tumisha se encuentra con vida y permanece junto a su familia. Una comisión de la Guardia Indígena Fronteriza de ACONADIYSH se desplazó hasta la zona y verificó presencialmente que el líder ashéninka estaba vivo.
La información inicial sobre su supuesto asesinato fue posteriormente descartada tras la verificación realizada en territorio. Para conocer los detalles de esta actualización, lee nuestra nueva nota.
En un pronunciamiento emitido el 24 de agosto, ORAU había denunciado el aparente asesinato de Américo Pascuala, líder ashéninka que había reportado previamente la presencia de colonos y terceros dentro de su territorio, alertando sobre una situación de riesgo. Esto encendió las alertas, en un contexto de frecuentes ataques sufridos por los defensores ambientales de la Amazonía. Como se sabe, unos 38 defensores indígenas y ambientales han sido asesinados en la Amazonía peruana entre 2014 y 2026.
Una amenaza denunciada desde hace años
La alerta ocurrió en un contexto de denuncias previas sobre el ingreso no autorizado de terceros a la Comunidad Nativa Onconashari.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), existen reportes desde al menos 2020 sobre el ingreso de terceros a la comunidad para la extracción de copaiba, además de amenazas contra comuneros. Estos hechos habrían sido puestos en conocimiento del Ministerio de Cultura y de la Policía Nacional.
La CNDDHH señaló que el crimen debe ser investigado considerando la labor de Américo Pascuala como defensor indígena del territorio y de los bosques, así como el contexto de amenazas y denuncias previas.
La organización exigió al Ministerio Público y a la Policía Nacional una investigación inmediata, diligente y con enfoque intercultural que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades materiales e intelectuales.
Onconashari se encuentra en el distrito fronterizo de Yurúa, una zona que ,según la información recogida por Convoca, las comunidades indígenas enfrentan la presión de actividades como el narcotráfico y la tala ilegal. En esta cuenca fronteriza conviven siete pueblos indígenas.
Las autoridades aún enfrentaban dificultades para llegar a Onconashari
Tras la denuncia, una de las principales dificultades fue el acceso a la comunidad para realizar las diligencias correspondientes.
De acuerdo con una investigación de Convoca, la comisaría de Breu informó que no contaba con combustible ni suministros básicos para trasladarse por río hasta Onconashari. Incluso, ante la falta de recursos, se planteó que fueran los propios comuneros quienes trasladaran el cuerpo de Pascuala hasta la capital distrital.
El acceso desde Pucallpa hasta Onconashari requiere un vuelo en avioneta hasta Breu y posteriormente alrededor de dos días de viaje en bote. La alternativa de trasladar por vía aérea a la comitiva oficial implicaba un vuelo chárter de más de S/ 7 mil, monto que, según Convoca, ninguna dependencia había asumido hasta la tarde del 24 de agosto.
El caso estuvo inicialmente a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa de Atalaya, pero posteriormente fue derivado a la Fiscalía de Derechos Humanos de Pucallpa, luego de que las organizaciones indígenas solicitaran que la investigación estuviera a cargo de una instancia especializada. ORAU también formalizó una denuncia ante esta fiscalía para solicitar el ingreso inmediato a la zona.
Estas dificultades de acceso evidencian una de las principales vulnerabilidades de las comunidades indígenas de esta zona fronteriza: la limitada presencia y capacidad de respuesta de las instituciones estatales frente a situaciones de emergencia.
ORAU exige protección
En su pronunciamiento, ORAU demandó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fortalecer los mecanismos de protección para defensores y defensoras indígenas, garantizando la vida, integridad y seguridad de quienes defienden sus territorios, bosques y derechos colectivos frente a amenazas y agresiones.
La organización pidió al Estado peruano reforzar la presencia institucional y las acciones de seguridad en territorios indígenas de frontera como Yurúa, donde las comunidades enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a la limitada presencia estatal, el ingreso de terceros y actividades no autorizadas dentro de sus territorios.
Ucayali concentra la mayor parte de defensores indígenas en riesgo
Según datos recogidos por Convoca a partir del informe Situación de los defensores indígenas en Ucayali, elaborado por ORAU, la Asociación ProPurús —hoy AFRONTA— y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 180 de los 226 defensores ambientales identificados en situación de riesgo en tres regiones amazónicas corresponden a Ucayali.
El mismo reporte señala que, entre 2020 y 2024, el Ministerio del Interior otorgó 38 resoluciones de garantías personales en Ucayali. Las organizaciones indígenas cuestionan que estas medidas no cuenten con un seguimiento efectivo que garantice la protección de las personas amenazadas. Asimismo, investigaciones de Convoca documentan 44 casos de agresiones, amenazas y homicidios en la región.
La lejanía de las fiscalías especializadas, la falta de logística policial y el avance de actividades ilegales dificultan la investigación de estos casos y contribuyen a que, en numerosos procesos, no se llegue a identificar a los responsables de las agresiones.