Cinco defensoras indígenas de la Amazonía peruana expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), casos de amenazas de muerte, violencia sexual y criminalización vinculados al avance de economías ilegales y el crimen organizado. La CIDH cuestionó al Estado por la falta de acciones concretas frente a estos riesgos.
Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, informó a la CIDH que enfrenta cuatro denuncias penales y amenazas de muerte contra ella y sus tres hijos por liderar la exigencia de remediación de un derrame de Petroperú que afectó a las naciones Wampís y Chapra. Dijo que las garantías personales que le ha otorgado el Estado no incluyen medidas de protección efectivas y que su ingreso al registro de personas defensoras sigue pendiente.
«El Estado peruano no está preparado para salvar la vida de una defensora amenazada. Solo actúa para levantar los cadáveres, o cuando ya estamos silenciados o desaparecidos. Cuando las mafias de las economías delictivas y extractivas asaltan nuestros territorios y desatan la violencia, seremos las mujeres nosotras las que nos defenderemos para proteger y garantizar la vida de nuestros hijos, de nuestros seres queridos”, mencionó Bisa.
La intervención se dio en el marco de la audiencia Situación de las mujeres indígenas defensoras en contextos de economías ilegales, realizada durante el 196.º Período de Sesiones de la CIDH, en Washington D. C.
La delegación indígena estuvo integrada además por Teresita Antazú López, responsable del Programa Mujer Indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Kelly Valera Silva, presidenta de la Organización Regional de Guardia Indígena del Pueblo Shipibo (Koshikox); Elaine Shajiam Shawit, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI-SL); y Matut Micaela Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA).
500 concesiones mineras sobre territorio sagrado awajún
Matut Impi denunció que el Estado ha otorgado a terceros más de 500 concesiones mineras en ríos y cabeceras de cuenca del territorio awajún, área que su pueblo considera sagrada. «Los terceros se aprovechan y abusan de las mujeres para acceder a los territorios. Se ha incrementado la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes indígenas, así como la trata de personas», afirmó, y citó más de 800 casos de menores de edad que han sufrido violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
Olivia Bisa, por su parte, relató que en enero de este año su pueblo rescató a 16 menores de edad que estaban siendo captados por una organización criminal de madereros y mineros ilegales. «Basta ese anuncio para que lleguen los invasores, talen nuestros bosques y simulen comunidades fantasma para ocupar tierras que nunca fueron suyas», dijo sobre el efecto que tienen los anuncios de nuevos proyectos extractivos en su territorio.
Casos de violencia y asesinatos sin resolver
Teresita Antazú, de AIDESEP, informó que la organización ha registrado más de 35 defensores y defensoras indígenas asesinados desde 2013. «Para nosotros los pueblos indígenas, sin territorio no somos nada», afirmó, antes de citar el caso Saweto, el asesinato de cuatro líderes ashéninkas en Ucayali en 2014, como ejemplo de impunidad. Solo uno de los sentenciados ha sido capturado hasta la fecha.
Elaine Shajiam, de CORPI-SL, denunció el asesinato del dirigente de maestros bilingües Isai Shuk Shawit y la desaparición, hace más de dos meses, del líder kandozi Rusber Villacorta Torres, ambos casos sin avances en la investigación fiscal.
Kelly Valera, de Koshikox, denunció que la lideresa Débora Guimaray fue amenazada con violación sexual por efectivos de la Marina durante una protesta pacífica en su comunidad, caso que terminó archivado en la Fiscalía de Derechos Humanos.
«Nos discriminan por asumir liderazgo, salir de casa y alzar la voz», afirmó, y cuestionó directamente a la delegación del Estado: «¿Quieren ser cómplices de la muerte con su indiferencia, o proteger juntos la vida?».
La respuesta del Estado
La delegación del Estado peruano, integrada por representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, RENIEC, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Consejo de Ministros (PCM), reconoció que las economías ilegales agravan los riesgos para las defensoras, pero centró su respuesta en cifras de gestión: decomisos por más de S/ 302 millones en Madre de Dios, ocho mesas regionales de protección instaladas y 234 mujeres defensoras registradas en el mecanismo intersectorial, 81 de ellas indígenas. Sobre el caso de Olivia Bisa, el Ministerio de Justicia indicó que ha atendido siete situaciones de riesgo reportadas por la lideresa y le ha otorgado garantías personales y patrocinio de defensa pública.
Sociedad civil: leyes procrimen y alerta por militarización
Rocío Trujillo, abogada de AIDESEP, señaló la ley antiforestal, la ley de Registro de Formalización Minera (Reinfo) y la ley APCI, normas que calificó como «procrimen», y que han facilitado la invasión de territorios indígenas y criminalizan a las organizaciones que reciben asesoría legal.
En tanto, Gisela Loayza, de la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, precisó que 799 concesiones mineras se superponen a la Amazonía peruana, el 89% de ellas sobre comunidades nativas, y que el registro Reinfo apenas ha formalizado al 2.4% de los más de 84 mil mineros inscritos.
Asimismo, Marite Bustamante, del Vicariato Apostólico de Pucallpa y la Comisión Episcopal de Acción Social, cuestionó las cifras del Ministerio de la Mujer. Señaló que solo hay nueve atenciones frente a 261 situaciones de riesgo registradas en el mismo periodo y advirtió que el nuevo gobierno ha comenzado a impulsar medidas orientadas a la militarización de la lucha contra el crimen organizado, lo que, dijo, «solo va a traer más violencia» a los territorios indígenas.
También, Álvaro Másquez, del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que el Ministerio del Interior mantiene pendiente hace cinco años la aprobación de los lineamientos policiales para atender a personas defensoras, pese a una sentencia judicial firme que ordena su implementación inmediata.
La CIDH pide acciones concretas
La comisionada Marion Bethel, relatora para Perú y para los derechos de las mujeres, dijo que reconocía la voluntad del Estado en el discurso, pero que no encontraba respuestas concretas: «Escucho voluntad en el papel, pero no escucho nada que esté realmente fundamentado y sea concreto» sobre cómo el Estado combate el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras.
Preguntó además por la participación de las mujeres indígenas en el diseño del mecanismo intersectorial, los daños a la salud sexual y reproductiva causados por la minería ilegal, la violencia de género ligada a la presencia de trabajadores foráneos en zonas de extracción, y exigió precisiones sobre las medidas de protección otorgadas a Bisa y su familia.
Además, el comisionado Riyad Insanally, relator para pueblos indígenas, dijo que el mecanismo intersectorial «parece insuficiente» porque no aborda la erradicación de las economías ilegales que originan las amenazas.
Finalmente, la comisionada Andrea Pochak informó que la CIDH espera concretar este año una visita in loco al Perú, tras la anuencia del Estado en mayo.
Esta audiencia cobra relevancia porque visibiliza, en un espacio internacional, la situación que enfrentan hoy las mujeres defensoras de derechos humanos y ambientales en la Amazonía peruana, así como la preocupación de fondo que atraviesa a estas organizaciones: la persistencia de un marco normativo procrimen heredado de gobiernos anteriores y la incertidumbre frente a las señales del nuevo gobierno, entre ellas el anuncio de medidas de militarización. Pese a ese escenario, las lideresas y sus organizaciones reafirmaron ante la CIDH su decisión de continuar la defensa de sus territorios.