La comunidad Cacataibo denunció que vienen siendo amenazados y hostigados por revelar una incesante deforestación a manos de invasores para introducir sembríos ilegales de coca y pozas de maceración en Santa Martha, en Codo del Pozuzo, Puerto Inca (Huánuco).
Uno de los casos que dio a conocer Mongabay Latam, en un reciente reportaje, es el del comunero Mario, quien por denunciar el incremento de cocales ante la Federación Nativa de Comunidades de Catacaibo (Fenacoca), ha sido víctima de hostigamientos y amenazas.
Foto: Pedro Tipula
“Yo estoy buscado y temo bastante. Mis hermanas, mis cuñados, casi toda mi familia está amenazada. Quizás nos hemos metido a pelear contra ellos pero ya son demasiados. Cada día van aumentando de a cinco, seis. No puedo salir, no tengo confianza, no sé qué hacer”, declara.
Otro caso es el de Herlin Odicio, presidente de la Fenacoa, quien denunció que hace dos meses un hombre lo buscó en su casa para amedrentarlo y negociar con él para que no siga reportando los sembríos de coca en el territorio cacataibo.
“Nosotros te conocemos y conocemos quiénes son los que están denunciando”, indicó. Asimismo, contó que le habló sobre pistas de aterrizaje o “narcopistas” en Codo del Pozuzo y otros sectores de Ucayali, y que el sujeto quedó en visitarlo, pero no volvió. Sin embargo, el dirigente recibe hasta hoy llamadas y mensajes amenazadores, por lo que ha pedido garantías y desde entonces tiene asignada una custodia policial.
El líder indígena también señala que la misma situación la viven dirigentes de la Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – Ucayali (ORAU), de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) y de la comunidad de Unipacuyacu.
Territorio vulnerable
La investigadora del Instituto del Bien Común (IBC) Sandra Ríos señaló a Mongabay Latam que, según la ley de comunidades y el documento de titulación otorgado, Santa Martha cuenta con 5.400 hectáreas para ser empleado en agricultura o ganadería. El resto es territorio de bosques que deben ser conservados, pero que debido a la ubicación y el contexto, hacen que la zona sea vulnerable a las usurpaciones de tierras.
El pueblo indígena de Santa Martha se siente desprotegido, más aún desde que los patrullajes cesaron con el inicio de la pandemia. Denuncian que las autoridades no han entrado a la zona desde que se propagaron los contagios de Covid-19. Por lo que decidieron conformar comités de vigilancia para defenderse, pero esto provocó que las amenazas se profundicen.