Por Marlene Castillo
Hace apenas 5 días publique el artículo titulado “Contagio covid-19 en Lima se atenúa y galopa en Amazonía Indígena del norte” (https://bit.ly/3hU5jyb) en el que informaba que al 16 de junio se había registrado 2,233 casos positivos confirmados de pueblos indígenas ubicados en los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas, en la cuenca amazónica al norte de nuestro país.
Al 21 de junio, ha aumentado significativamente la población indígena con covid-19 positivo ascendiendo a 3,467 personas. Es probable que si sumamos los casos confirmados de pueblos indígenas de las otras zonas amazónicas que estaríamos al menos en 4,800 casos que representaría el 1% del total de la población indígena amazónica peruana estimada actualmente en 480,000 personas. Lo que siempre será un subregistro respecto a la realidad del contagio, pues además de los covid-19 confirmados hay que agregar el contagio no confirmado denominado covid-19 sospechoso que no pasó por la aplicación de pruebas.
Lo cual es especialmente grave si consideramos que esa pequeña población comparada a los 10 millones de residentes de Lima no indígenas, pertenecen a 52 diferentes pueblos indígenas. Los que además son los pueblos indígenas sobrevivientes de las épocas de etnocidio como hace más de un siglo en la época del caucho, y que ahora resisten el despojo y contaminación de sus territorios ancestrales que se hacen a nombre del progreso del país y de una democracia de mayorías. A esta situación de riesgo de pérdida de la territorialidad amazónica de su reproducción cultural (material-espiritual) se agrega ahora, con la pandemia del Covid-19, el riesgo de pérdida de su generación de sabios y sabias que constituyen la memoria colectiva y recreativa cultural de sus pueblos, entre adultos y ancianos, así como miles de vidas como ya sucedió en el pasado con las epidemias, tal como la de sarampión. Lo que está en riesgo es su supervivencia como pueblos indígenas.
De allí la alta importancia del registro, monitoreo y evaluación de la propagación de esta pandemia en territorios indígenas, especialmente de comunidades nativas que son las vulnerables. De allí, que es una buena noticia constatar que hay reporte específico de casos positivos indígena según provincia, en las publicaciones de las DIRESA de los tres departamentos aquí analizados.
Los casi 3,500 indígenas contagiados con Covid-19 representan el 12.7% del total de 27,250 casos positivos confirmados en los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas. Sin embargo, el peso covid-indígena en el total de positivos departamental es más alto en Amazonas (21 de cada 100), seguido en Loreto (14 de cada 100) y el menor en Ucayali (8 de cada 100).
Lo más alarmante es que alrededor del 90% de indígenas contagiados pertenece a 9 pueblos indígenas, principalmente ubicados en:
- Departamento de Loreto: Achuar, Kichwa, Urarina, Cocama y Matses.
- Departamento de Ucayali: Shipibo Konibo, Catacaibo y Yine;
- Departamento de Amazonas: Awajún.
La siguiente Tabla expone información resumida del covid-19 positivo departamental y positivo indígena en cada uno de los tres departamentos.
Este resumen ha sido posible porque durante el mes de junio, las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) han realizado visitas a las principales comunidades nativas de una parte de sectores de río en su respectivo departamento, donde han aplicado pruebas rápidas a una parte de los y las comuneras. La revisión de sus respectivos Facebook nos ha permitido constatar que en esas aplicaciones han sido especialmente más numerosas en la última quincena. Esta acción era urgente, pues ya numerosos Jefes de Comunidad y dirigentes de organizaciones indígenas de cuencas venían alertando del contagio comunitario, por medio de cartas y de entrevistas radiales, desde hacía 60 días, tanto a las autoridades nacionales, regionales como municipales.
Entendemos que esa aplicación masiva formaría parte de la inicial implementación del “Plan de intervención del Ministerio de Salud para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonía frente a la emergencia del COVID-19”, que comprende actividades presupuestadas dirigidas a prevenir el riesgo de propagación desde el nivel comunitario (Resolución Ministerial Nº 308-2020-MINSA, publicada el 21 de mayo). Así mismo, habría ayudado la obligatoriedad de la incorporación de la variable étnica en los registros administrativos de todas las entidades públicas (Decreto Supremo 005-2020-MC, publicado el 10 de junio).
Entre los Reportes revisados, destacamos el de la DIRESA de Loreto, quien publicó por primera vez un reporte específico de casos covid-19 indígena este 22 de junio, que tiene por virtud el precisar el pueblo indígena de pertenencia a nivel distrital en cada una de las provincias; al que además agrega la información sobre fallecidos positivos confirmados y sospechosos total. Ese formato nos permite a la vista identificar que las provincias de Loreto y de Maynas concentran el 89% del total de casos covid-indígena del departamento. Reproducimos el reporte a continuación.
En contraste, el Reporte de la DIRESA de Ucayali, si bien permite información departamental según pueblo indígena, no permite aterrizar los casos covid-indígena en cada distrito y provincia; territorialidad que es imprescindible para un monitoreo y evaluación apropiado y oportuno.
En el caso de DIRESA-Amazonas, da la cifra por provincia sin ninguna especificidad de pueblo indígena.
A continuación, reproducimos el de Ucayali.
Como vemos, el formato de reporte importa cuando se trata de información útil para la toma de decisiones a nivel nacional, regional y local. Un formato único permitirá que puedan levantar un registro que permita un mapa de las zonas de propagación, para tomar oportunamente las medidas del caso.
Información imprescindible para el cumplimiento de funciones de la recientemente creada Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para el seguimiento de las acciones para la protección de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 (Resolución Ministerial 005-2020-MC, publicada el 18 junio 2020). Comisión en el que participarán organizaciones nacionales de los pueblos indígenas u originarios, entre ellas AIDESEP y CONAP para alertar, evaluar, proponer y convocar medidas de políticas públicas mejor informados.
23 de junio de 2020