Imagen: NODAL
Por Marlene Castillo Fernandez
¿Cuántos pobladores indígenas están contagiados con covid-19?, es la pregunta que ronda en la ciudadanía preocupada por la Amazonía indígena esta semana. No se sabe oficialmente, dado que la variable étnica no ha sido considerada en los registros de casos con covid-19, fue la respuesta de la actual ministra de cultura, Sonia Guillén, en la sesión virtual de la Comisión de Pueblos del Congreso, televisada el día 4 de mayo. Sin embargo, sin pestañeo alguno continúo informando que está bajo su responsabilidad sectorial el eje de información, monitoreo y alerta temprana del plan de acciones intersectoriales. ¿Cómo podrá monitorear la situación de los pueblos indígenas amazónicos sino tiene información de casos positivos indígenas de cada distrito-provincia? No dijo tampoco si esa “variable etnia” se incorporaría.
Al menos debiera hacer el esfuerzo ya que no han tomado ninguna iniciativa al respecto, a 51 días de la emergencia covid-19, y ante las evidencias de la fase inicial de propagación comunitaria indígena de la pandemia en distritos de perfil socio-territorial indígena, a partir de tres vías de contagio: a) exposición en la ciudad con covid-19 donde quedaron varados desde la cuarentena; b) por foráneos que ingresaron a sus comunidades vía fluvial; c) retornantes indígenas desde ciudades con covid-19. Al 4 de mayo, la situación en Loreto y Ucayali es grave: mayor tasa de positivos y de letalidad (fallecidos) respecto al promedio nacional, así como confirmados y sospechosos al menos 3 decenas. En la región de Amazonas, en apenas los tres últimos días, al menos 8 awajún confirmados. Ver tabla adjunta.
Los congresistas de la región Loreto estaban mejor informados que la ministra, le nombraron las comunidades nativas de la provincia de Loreto que presentaban casos de covid-19 (sospechosos y confirmados). La ministra reiteradas veces informó de las reuniones multisectoriales para abordar la situación de covid-19 en los pueblos indígenas; pero, no mencionó ninguna iniciativa de interacción con la Dirección de Salud de Pueblos Indígenas del MINSA para actualizar su diagnóstico de la situación, o al menos con los asesores del Despacho Ministerial de Salud que siguen de cerca esa situación, como el caso de Gerardo Seminario que informó a Mongabay: “Hay casos de awajún y wampís en el norte de Perú, Matsés en Iquitos, Purús en Pucallpa. En Bagua hay diez indígenas contagiados que están en albergues porque no les permiten regresar a sus comunidades… Las carencias en salud y la falta de alimentos están empezando a angustiar a las comunidades, sobre todo en aquellas que cargan con pasivos por continuos derrames de petróleo ocurridos en su territorio”. (https://es.mongabay.com/2020/05/)
¿Qué paso con los protocolos en el distrito de Trompeteros (Loreto), 20 comunidades nativas donde personal contagiado con covid-19 hizo entrega de canastas familiares casa por casa?
La ministra de cultura en su informe en la sesión virtual, llamó la atención sobre el contagio que se había producido en el distrito de Trompeteros (provincia Loreto, región Loreto) al no haberse aplicado medidas sanitarias; posteriormente anunció que están en evaluación tanto el protocolo de medidas de protección para la entrega de alimentos en localidades indígenas, como el protocolo de tratamiento epidemiológico en comunidades.
El grave hecho fue denunciado el 29 de abril por el Jefe de la Comunidad Pucacuro; el 1 mayo DIRESA Ucayali informó de 1 caso covid en Trompeteros, para el 4 de mayo habían subido a 8 casos[1]. Las organizaciones indígenas han publicado propuestas de protocolos desde el 17 abril (AIDESEP, Plataforma 4 Cuencas, otras en servindi.org.pe) y 18 días después, la ministra de cultura informa que están en evaluación. Ante el cuestionamiento de los congresistas de la Comisión de Pueblos, responde que cuando habla de protocolos se refiere a formalizar procesos que ya existen. ¡Plop¡. Precisamente, el caso grave de Trompeteros, cuenca del Río Corrientes, demuestra que no existen protocolos obligatorios bajo pena de sanción. Lo que cometió el Alcalde distrital, responsable político que formó parte del personal que entregó alimentos, es un delito, al haber puesto en riesgo de salud a las familias de 20 comunidades. Uno podría imaginar que el ministerio de cultura habría tenido alguna iniciativa para procurar la investigación administrativa y penal del hecho; pero, no es así y como suele suceder en materia de protección de derechos de los pueblos indígenas, la iniciativa ha sido de la Defensoría del Pueblo que ha solicitado al Ministerio Público y la Contraloría dicha investigación.
Pero, la carta abierta del Jefe de la comunidad de Pucacuro dirigida también al ministerio de cultura, denuncia que los funcionarios repartieron las canastas de alimentos aprovechándose de la necesidad alimentaria de las familias y “rompiendo las reglas internas de nuestra comunidad…”. Este no es sólo un asunto de protocolo sanitario general para la prevención y protección ante el covid-19, esta denuncia nos remite a un protocolo intercultural, especial que garantice el respeto a las normas comunales de organización y representación. En este campo, el protocolo especial tiene que obligar a las autoridades municipales, de acuerdo a derecho, no sólo cumplir protocolo sanitario previo al embarque, sino también previo al ingreso a puerto o territorio comunal y a la entrega del paquete global comunal al Jefe de Comunidad como lo han reiterado las organizaciones. También nos remite a que corresponde al ente rector en derechos de pueblos indígenas, mediante directiva/protocolo que los gobiernos locales o entidades sectoriales o comandos covid-19 estén obligados a dialogar y coordinar con las organizaciones indígenas locales o regionales según el caso, la planificación e implementación de medidas en comunidades nativas. No estaría demás, que en el Eje 4 de Información, monitoreo y alerta, el ministerio de cultura emita una cartilla informativa sobre los derechos de las comunidades y organizaciones en las acciones covid-19 dirigido a autoridades y funcionarios/as
Otro cuestionamiento fue el de la congresista por la región Loreto: empezó llamando la atención: “cuando el Estado llega, llega demasiado tarde”; sustentó su reclamo en el hecho de que el Plan Covid-Loreto para los pueblos indígenas concertado el 08-04-2020 no se había ejecutado en ninguno de los 41 puntos de control; pues “si se hubiese ejecutado se habría evitado el contagio”. Culminó su intervención pidiéndole al ministerio de cultura: “asuma liderazgo con el ministerio de salud, con el ministerio de desarrollo e inclusión social, el ministerio de defensa…para que se llegue a la Amazonía y las fronteras … no lleguen tarde por favor porque la vida de nuestros hermanos indígenas está en juego”.
Al 4 de mayo, la Red amazónica (REPAM-Red Eclesial Panamazónica) reportaba 3,106 confirmados y 204 fallecidos en la Amazonía peruana (letalidad 6.6% respecto a 2.8% nacional).
¿Este inacción e indolencia ante el alto riesgo de contagio de los pueblos indígenas amazónicos es algo coyuntural o es expresión de un factor estructural pre existente?
En la sesión virtual de la Comisión de Pueblos, la ministra de cultura subrayó la alta vulnerabilidad de los pobladores indígenas agregando que, como todos sabemos, “la coyuntura de la pandemia actúa sobre factores estructurales pre existentes”. Hacía referencia a las brechas de servicios y de protección que hace más vulnerable a los pueblos indígenas respecto a la población peruana en general. Aquí sostengo, como ya lo han expresado las propias organizaciones indígenas[2], un factor de riesgo pre existente son las políticas de Estado que los marginan y discriminan en las tomas de decisiones sobre lo que les concierne. Es lo que denomino la política pública de discriminación étnica-cultural institucionalizada vigente, ante la cual el Viceministerio de Interculturalidad no sólo no la ha observado en sus casi 10 años de existencia, sino tampoco ha actuado proactivamente para reformarse a sí mismo ni al Estado en general. Para muestra tres casos:
Uno, este martes 5 de mayo, el Presidente de la República informó mediante teleconferencia, que la sesión 128 del Acuerdo Nacional abordó la situación ante la pandemia covid-19 y nombró a las instituciones y organizaciones participantes, resaltando la presencia de CONVEAGRO, de la Junta Nacional de Usuarios de Recursos Hídricos; pero, no estaba ni AIDESEP ni CONAP. Pero, no es un problema de ahora. Por ejemplo, la “Visión del Perú al 2050” consensuada por el Acuerdo Nacional en su sesión 126 (abril 2019), mediante la facilitación de CEPLAN, no contiene ninguna referencia a los pueblos indígenas u originarios.
Dos, los padrones de comuneros/as de las comunidades nativas de los pueblos indígenas (a veces llamado localmente “censo”) constituyen el único registro de familias de comunidades, pues no funciona el catastro predial urbano o rústico para estas realidades; sin embargo, estos padrones no se incorporan a los registros digitalizados oficiales de las municipalidades. Por otra parte, son conocidas las altas tasas de indocumentados (sin DNI) y de ausentismo electoral en las comunidades nativas de los distritos indígenas más alejadas de las ciudades capitales, lo que hace inviable la plena localización y acceso a los posibles beneficios. Así, el ministerio de cultura ha tenido que estimar la cantidad de familias por comunidad nativa (data del II Censo de Comunidades Indígenas-INEI-2017) para sus recientes salidas de apoyo con paquetes alimentarios y de limpieza.
Tres, hasta ahora no se corrige el incumplimiento del derecho de consulta previa en la aprobación, mediante Decreto Supremo 009-2019-MC, de los “Lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas u originarias” (Carta de ONAMIAP); tampoco, el ministerio de cultura ha observado o realizado iniciativa de diálogo alguno ante el hecho de que el Congreso no ha incorporado el derecho de consulta previa, libre e informada de las medidas legislativas que afecten directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.
Concluyendo, ni la Audiencia con el Presidente de la República, ni el Plan de Emergencia Covid-19 Amazonía Indígena, ni la obligación de la participación de las organizaciones indígenas en los covid-19 y en las medidas, ni los protocolos propuestos hace más de 20 días han sido atendidos. Lo evidente es la marginalidad de poder político, la debilidad de iniciativa propia y la negligencia – por omisión y por acción tardía y descuidada – del Viceministerio de Interculturalidad en tiempos de propagación del covid-19 en la Amazonía Indígena. Habrá que pensar como AIDESEP, en luchar por un Ministerio de Pueblos Indígenas.
Anexos:
[1] A Mongabay Latam, el director encargado de la Red de Salud-Nauta informó que entre las 16 personas que permanecen en cuarentena hay miembros de las etnias kukama y achuar que provienen de las ciudades de Iquitos, Nauta y Trompeteros. A su vez, Gerardo Seminario, asesor del Despacho ministerial de Salud, les dijo que la Dirección de Salud de Loreto está organizando un recorrido por todas las comunidades que visitó la embarcación Tocache. “Saldrá un bote llevando insumos, medicinas y se harán pruebas para diagnosticar el COVID-19”, quien además cuestionó que “No se sometieron a ninguna prueba ni pasaron por una verificación de la autoridad sanitaria antes de que la embarcación zarpe a las comunidades”. El presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del OrienteORPIO, Jorge Pérez declaró: “Lo que interesa es el tema de fondo: que las autoridades cuya competencia es controlar y hacer cumplir la cuarentena no están respetando los protocolos. No debe haber estos incidentes que ponen en riesgo a los pueblos indígenas. Las federaciones hemos enviado nuestro protocolo a los ministerios de Salud, de Cultura y a la Presidencia del Consejo de Ministros” (https://es.mongabay.com/2020/05/)
[2] Fediquep, Feconacor, Opikafpe y Acodecospat, que conforman las cuatro cuencas (Loreto): “El Estado no
protege y expone a los pueblos indígenas al Covid-19, su negligencia es el principal factor de riesgo para las
comunidades”. En http://www.servindi.org/actualidad-noticias/03/05/2020/negligencia-estatal-es-el-principalriesgo-para-comunidades