En vísperas de las fiestas de fin de año, el Gobierno peruano declaró de necesidad pública e interés nacional el aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos en Loreto, mediante el Decreto Supremo Nº 024-2025-EM. La medida que fue publicada el 20 de diciembre del año pasado, impulsa la ejecución, continuidad y reactivación de los lotes petroleros 8, 39, 67, 64, 95 y 192, varios de los cuales se superponen a territorios indígenas y arrastran conflictos socioambientales.
De acuerdo con el Decreto Supremo, la decisión se sustenta en los lineamientos de la Política Energética Nacional del Perú 2010–2040, que plantea como objetivos garantizar un abastecimiento energético competitivo y el acceso universal a la energía.
También argumentan que el Ejecutivo advierte que en los últimos años se ha producido un marcado descenso de las inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos en el país, especialmente en el departamento de Loreto. Esta situación ha generado una reducción de las reservas destinadas al consumo nacional, una disminución de los ingresos fiscales por concepto de regalías, canon y sobrecanon petrolero, la pérdida de empleos directos e indirectos, así como un aumento de la dependencia energética debido a la caída de la producción nacional.
Bajo este contexto, el Gobierno considera prioritario impulsar el aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos en Loreto, al tratarse de una región con alto potencial energético, respaldado por la existencia de yacimientos petroleros y una prolongada historia de producción. Además de su interés de fomentar nuevas inversiones en áreas con potencial hidrocarburífero.
Sin embargo, la declaratoria se da en un escenario marcado por conflictos socioambientales activos y latentes. Durante 2025, comunidades indígenas vinculadas a los lotes 8 y 192 protagonizaron protestas, bloqueos de ríos y medidas de presión en demanda del cumplimiento de acuerdos pendientes, remediación ambiental por pasivos, atención en salud y servicios básicos.
En el caso del Lote 64, la falta de empresas interesadas en asumir la operación ha puesto en evidencia la persistente resistencia de pueblos indígenas, como la Nación Wampís y el pueblo Achuar, que rechazan la actividad petrolera en sus territorios. Esto refleja una conflictividad que no ha sido resuelta y que continúa generando tensiones entre el Estado, las empresas y las comunidades indígenas afectadas por más de 50 años de explotación petrolera.
Al respecto, el coordinador del Programa Nacional de CooperAcción, Paul Maquet, cuestionó que se insista en reactivar lotes petroleros en un contexto de cambio climático, en vez de impulsar la necesaria transición energética. “Se pone con excusa la seguridad energética, pero no se considera que ese objetivo se puede garantizar con fuentes limpias y sin profundizar la devastación de la Amazonía. El Gobierno debería estar trabajando para remediar los miles de pasivos ambientales de lotes como el 8 y el 192, en vez de tratar de ampliar la explotación a territorios donde el rechazo de los pueblos indígenas a la amenaza petrolera es contundente”, señaló.
Finalmente, la norma precisa que la declaratoria de necesidad pública e interés nacional tiene como finalidad atender la demanda interna de energía y contribuir al fortalecimiento de la matriz energética, la seguridad, la independencia y el autoabastecimiento del país, en concordancia con la Política Energética Nacional 2010–2040.
Sin embargo, también aclara que esta decisión no exonera a las entidades del Estado ni a las empresas operadoras del cumplimiento de las normas vigentes, incluidas las obligaciones ambientales y sociales, así como la obtención de licencias, permisos y autorizaciones administrativas. Aspectos, que según denuncian organizaciones y pueblos indígenas, no siempre se priorizan ni se cumplen.
Miércoles 04 de febrero de 2026