Extracciones ilícitas continúan. Las comunidades Awajún y Wampís, en repetidas ocasiones, han denunciado que la minería ilegal sigue contaminando los ríos Sawientsa, Comaina, Marañón y Amazonas, y pone en riesgo la preservación del Parque Nacional Ichigkat Muja. Ellos no han parado por la pandemia de la COVID-19.
Desde hace décadas, la riqueza y diversidad natural de la Cordillera del Cóndor —ubicada en el Amazonas del Perú, provincia de Condorcanqui, cerca de la frontera con el Ecuador— se encuentra en peligro por esta actividad.
La federación ODECOFROC, afiliada a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), denunció ya hace algunos años que la Compañía Minera Afrodita viene explotando ilegalmente la mina en la zona mencionada a pesar que solo tiene concesión para exploración. La empresa tiene dos concesiones vigentes en la Cordillera del Cóndor, pero hasta ahora no ha obtenido los permisos de explotación.
Sin embargo, las comunidades de la región denunciaron que Afrodita llegó a extraer oro sin permiso cuando ya tenía instalado su campamento y gestó la carretera que daba acceso a los mineros ilegales desde Ecuador a las zonas de excavación. En ese sentido, una investigación de Mongabay Latam y El Comercio sostiene que a pesar de que el Ejército y la Policía han intentado tomar control de la cordillera y acabar con las extracciones ilícitas, los mineros ilegales ecuatorianos han reabierto socavones.
Y la contaminación que emana termina llegando a las cabeceras de cuenca de los ríos Cenepa, Comaina y Santiago, la cual discurre, a través de afluentes, hacia dichas comunidades ubicadas en la parte baja de la cordillera.
Ambos medios recogieron testimonios de autoridades, especialistas, mineros y líderes indígenas, que describen la compleja situación frente a una actividad que avanza de forma irrefrenable sobre un área que debió ser parte del parque nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor.
Defensores denuncian
Dos de los líderes indígenas que integran las organizaciones comunales awajun y wampis más importantes en El Cenepa, Zebelio Kayap (Odecofroc) y Saúl Yampis (Odecoac), aseguraron que los mineros ecuatorianos empezaron a operar a mediados de la década de los 80. Y que desde entonces han estado coludidos con soldados peruanos que resguardaban la frontera.
El ecuatoriano Héctor Apolo, dedicado hace más de 30 años a la minería de socavón, manifestó que con la llegada de la minera Afrodita a la frontera surgieron los primeros inconvenientes para los operadores ilegales.
La empresa había obtenido concesiones en la cordillera e iniciaba labores de exploración. “Nos decían que este era un queso muy grande y estábamos pellizcando de poquito en poquito”, recuerda Apolo. Sin embargo, afirma que los mineros ilegales de su país llegaron a un acuerdo con Afrodita, empezaron a entrar a la cordillera con permiso de la compañía y dejaron de procesar el material en el lado
Por su parte, el jefe de la División de Inteligencia de la Policía de Medio Ambiente, coronel PNP Luis Guillén, comentó que uno de los grandes obstáculos para la policía en la cordillera es la ausencia de condiciones mínimas para desarrollar una investigación luego de cada captura. Al tratarse de detenidos ecuatorianos, y ante la falta de una fiscalía en la zona, ellos deben ser entregados a la policía de su país. Pero sostiene que ahí la legislación es muy distinta y que «hay cierta impunidad».
De acuerdo con las investigaciones de su personal, Guillén confirma que los ecuatorianos están operando en túneles que habían sido clausurados. “Solo que cada vez se van encontrando más y más y más y en algunos casos los han reabierto nuevamente”, declaró.
Yampis, señala que la única forma como se podrían controlar los ingresos de mineros ilegales es con la existencia de poblaciones indígenas y el desarrollo de trabajos productivos en el costado peruano de la cordillera.
No se puede confiar en los militares, refiere Yampis, y sostiene que ha sido testigo durante años de cómo se negocia el ingreso de los ilegales a suelo peruano. Propone que haya minería en la zona pero de forma legal y con el correspondiente pago de impuestos al Estado. “Nos podemos beneficiar como pueblo de esa manera, pero siempre respetando nuestros derechos propios”, agregó.
En contraposición, Zebelio Kayap, líder del pueblo Achuim, consideró que la Cordillera del Cóndor, como área natural, de uso común y territorio ancestral de los pueblos awajún y wampis, debe ser protegido por el Estado y los indígenas sin necesidad de ser poblado.