Jose De Echave C.
En medio de la controversia de la isla de Santa Rosa y el distrito recientemente creado que lleva el mismo nombre, con banderas que se izan y se dejan de izar, lo cierto es que, desde hace bastante tiempo, en ésta y en varias de nuestras fronteras, lo que flamea son las banderas de las economías ilegales.
En realidad, en el Perú se confirma una tendencia que se viene dando en otros países de la región, sobre todo en los territorios amazónicos: el avance de economías criminales que plantea hoy en día una disputa abierta por el control de territorios y de actividades ilícitas que van cambiando de peso o jerarquía a lo largo de los años.
Un reciente informe elaborado por las instituciones Amazon Watch (AW) y Amazon Under World, sobre economías ilícitas en la Amazonía[1], da cuenta de un complejo entramado de organizaciones que están en expansión, con el común denominador que cada vez ejercen un mayor dominio en varios territorios de los países amazónicos, sobre todo en la denominada triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú, que se ha convertido en la zona de mayor conflicto de toda la Cuenca Amazónica.
Intervienen actores vinculados históricamente al narcotráfico, pasando por grupos armados, como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los paramilitares, a los que en los últimos años se han sumado organizaciones criminales poderosas de Brasil, como el Comando Vermello, La Familia Do Norte o el Primeiro Comando da Capital. Las fronteras no son para nada un impedimento para la operación de estas organizaciones, es más, en varios casos las dominan y tienen establecidos corredores transfronterizos que desde Perú pueden llegar a puertos del Atlántico o a la zona del Arco Minero en el Orinoco en Venezuela.
A mediados del mes de mayo del 2025, en la Amazonía ecuatoriana, en Alto Punino, cerca del Parque Nacional Sumaco Galeras, 11 militares ecuatorianos fueron abatidos en un enfrentamiento con el denominado Comando de la Frontera, una organización disidente de las FARC que controla la zona y que tiene una fuerte presencia en la minería ilegal y otras actividades delictivas. Además, esta organización estaría vinculada a la banda de crimen organizado del Ecuador, conocida como Los Lobos, especializada en el tráfico de drogas y el sicariato.
Todas estas organizaciones vienen librando “una batalla sin cuartel”, aunque en algunos casos establecen niveles de colaboración, siempre con el objetivo de ejercer el control de la Amazonía, de los corredores que existen, diversificando y ampliando sus actividades. En el caso del Perú, la frontera con Ecuador (norte de Cajamarca y en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas); la zona de la triple frontera entre Ecuador, Perú y Colombia; o la otra triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, en el Trapecio Amazónico[2]; la de Ucayali con Brasil; Madre de Dios y Puno con Bolivia, son claros ejemplos de territorios en los que estas organizaciones ya están presentes, con diferentes grados de intensidad.
Las ilegalidades que se interconectan
Cuando hablamos de las fronteras amazónicas, estamos aludiendo a una zona históricamente codiciada por varias economías ilícitas. Como lo subraya el informe de AW, la zona del Putumayo es uno de los principales centros mundiales de cultivo de coca, con más de 50,000 hectáreas en el lado colombiano y con corredores que van a otras partes de Colombia y también hacia Ecuador y Perú. “También conecta con accesos fluviales hacia Brasil, uno de los principales países consumidores, así como con una ruta hacia Europa y África Occidental”. En el caso del Putumayo, tomando en cuenta los lados colombiano y peruano, la superficie cultivada de coca supera las 60 mil hectáreas. Esta zona también es un corredor de salida para la marihuana que se produce en el Cauca.
En el caso de la minería de oro, todo indica que el alza de las cotizaciones, la ha consolidado en los últimos años como la principal actividad ilícita en varios países amazónicos. En la actualidad no debe haber una actividad más rentable que la extracción, procesamiento y comercialización del oro. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, da cuenta que los grupos vinculados al crimen organizado se han involucrado en toda la cadena de producción del oro.
Además, la minería ilegal se conecta con otras actividades criminales, como el lavado de activos, el tráfico de insumos, la trata de personas, entre otras economías ilícitas. “Un alto funcionario peruano reconoció que los grupos de tráfico de drogas probablemente se han diversificado hacia la minería ilegal de oro”. “Lo que generalmente se entiende es que las operaciones de tráfico de drogas han pivoteado hacia la minería ilegal, dada las condiciones más favorables: las penas son bajas, las posibilidades de captura son mínimas, las investigaciones no se conducen con herramientas de crimen organizado y las ganancias son extremadamente altas”[3]. En suma, en la actualidad se ha consolidado un escenario de poli/ilegalidad, donde varias actividades ilícitas convergen, se interrelacionan y se auto potencian.
Los riesgos que hay que enfrentar
Estas economías representan delitos, lo que corresponde es erradicarlos y evitar que se sigan expandiendo, más aún si operan conectados con el crimen organizado. ¿Existe en el Perú una política clara y decidida de lucha contra estas actividades ilícitas? En absoluto. Peor aún, varias de las reformas legislativas aprobadas por el actual Congreso, con el aval del Ejecutivo, exacerban el problema. Como se menciona en el informe citado de AW, “el Congreso de la República ha debilitado la capacidad anticrimen del Estado al desmantelar importantes herramientas para investigar y sancionar al crimen organizado. Las autoridades han debilitado el uso de la figura de “acuerdos de colaboración eficaz”, han extendido las protecciones de demora procesal, han reducido las definiciones de crimen organizado, limitado los poderes de incautación y despojado a los fiscales de su autonomía”. Además, se han excluido varios delitos de corrupción. Si se sigue este camino, el Perú se va a convertir en una suerte de paraíso de la impunidad y en un refugio para los cabecillas de estas economías ilícitas.
Por otro lado, si es que hubiese una real decisión política, todo indica que las acciones nacionales serán insuficientes: es difícil avizorar que se pueda obtener algún tipo de resultado si cada país enfrenta de manera aislada una actividad que cuenta con actores con capacidad operativa a nivel transnacional. Se requiere cooperación internacional coordinada, más aún en el caso de la Amazonía: “Sin políticas transfronterizas coordinadas y una participación significativa de las comunidades locales, la región enfrenta una escalada de violencia y un daño irreversible a uno de los ecosistemas y reguladores climáticos más importantes del mundo” (AW 2025).
[1] Amazon Watch y Amazon Underworld (2025): En las sombras del Estado: economías ilícitas y control armado en la trifrontera de Colombia, Ecuador y Perú.
[2] Las localidades de San Rosa (Perú), Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia), forman el Trapecio Amazónico que delimita a los tres países.
[3] Citado en el informe de Amazon Watch y Amazon Underworld (2025).
Este artículo fue publicado en La República, en la edición del 31 de agosto de 2025.