Organizaciones indígenas representativas del Perú expresaron su rechazo a la “Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas”, convocada por la Defensoría del Pueblo, representada por Josué Gutiérrez Cóndor, realizada en Pucallpa, a través de diferentes pronunciamientos.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a 2,439 comunidades nativas, 109 federaciones y 9 organizaciones regionales, se pronunció ante el anuncio del evento, que se viene fomentando del 25 al 29 de noviembre en Ucayali.
“Rechazamos los actos de manipulación de parte de la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la Contraloría, que convocan, financian, digitan y subordinan esta falsa ‘Cumbre’, en un contexto de agresiones sistemáticas a los derechos indígenas y ante la arremetida del Legislativo que facilita leyes contrarias, incluso al orden constitucional, como la Ley Antiforestal, el Reinfo minero, así como el impulso de actividades depredatorias como la palma aceitera, la tala ilegal, el tráfico de tierras, la destrucción de la educación bilingüe, la impunidad de las extorsiones y el sicariato, entre otras”, indicaron en el documento.
Mencionaron también que esta “seudocumbre”, como la catalogan, tiene como claro objetivo difamar, dividir y socavar las demandas y luchas indígenas. Asimismo, condenaron la participación de presuntas organizaciones de “justicia especial” que no tienen representatividad territorial ni legitimidad y que defienden una agenda contraria a los derechos indígenas.
Un ejemplo de ello es lo ocurrido con las declaraciones del magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, quien durante su participación en el evento expresó su duda sobre la existencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
“Estuve hace poco en el Napo, pero, sin embargo, gran parte de las comunidades que me visitó dicen que no existen los PIACI, no existen no contactados”, indicó el magistrado, quien agregó que hay discursos sostenidos por organizaciones y el Estado que contrastan con la información que recibió durante su visita.
A ello se suma la presencia de organizaciones como la ONAJEPINC o Justicia Indígena, que tienen posiciones contrarias al Acuerdo de Escazú, están a favor de la Ley Antiforestal e incluso han solicitado públicamente la anulación de reservas indígenas de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial ( PIACI).
En ese sentido, los pronunciamientos de diversas organizaciones indígenas amazónicas, como ORPIO, ORAU, FECONAU, entre otras, se difundieron en redes sociales manifestando su rechazo a este evento organizado por la Defensoría del Pueblo.
✊🏽#PRONUNCIAMIENTO de ORPIO y nuestras 49 federaciones indígenas
— Orpio Aidesep (@OrpioA) November 8, 2024
Nos manifestamos en contra Josué Gutiérrez, Defensor del Pueblo (@Defensoria_Peru), y la #ONAJEPINC, quienes buscan dividir y debilitar al movimiento indígena en Loreto y en todo el país. pic.twitter.com/htgF4i2Krw
Otras organizaciones indígenas nacionales y representativas también se sumaron al rechazo de esta cumbre, como la Confederación Nacional Agraria (CNA), que mencionó que esta cumbre carece de legitimidad, pues no refleja la representación auténtica de los pueblos indígenas.
Asimismo, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) expresó su rechazo a dicha cumbre “impulsada por la Defensoría del Pueblo bajo la gestión de Josué Gutiérrez, y con el apoyo del Congreso de la República, el Tribunal Constitucional y la Contraloría del Perú. Instituciones que deben defender los derechos de los pueblos indígenas, pero que excluyen intencionalmente a sus organizaciones legítimas y representativas”.
Además, el sindicato CAS de la Defensoría del Pueblo mostró su preocupación, a través de su cuenta de Twitter, por las constantes denuncias contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, debido a sus decisiones y acciones en el desarrollo de esta cumbre.
Desde el @SintracasDP manifestamos nuestra defensa de los derechos de los pueblos indígenas, población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, debido a la afectación sistemática y estructural de sus derechos individuales y colectivos. 1/3 https://t.co/Ljp1GwPhxz
— Sindicato CAS de la Defensoría del Pueblo (@SintracasDP) November 27, 2024
“Esta situación afecta la legitimidad de la Defensoría del Pueblo y el correcto desarrollo de las funciones del personal. Hacemos un llamado a los/as trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo, especialmente a nuestros/as afiliados/as, a persistir e insistir en cumplir la misión de nuestra institución conforme al marco constitucional y legal”, puntualizó.
Viernes 29 de noviembre de 2024