(Foto: Agencia Pulsar)
30 de marzo de 2017.- El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo contra la omisión de consulta en el caso del Lote 116, ubicado en el distrito de El Cenepa (Condorcanqui, Amazonas). La demanda había sido presentada en agosto de 2014 por las organizaciones indígenas ODECOFROC y CEPPAW, de los pueblos awajún y wampis. La sentencia declara la nulidad del contrato de exploración y explotación del lote petrolero y la suspensión de actividades de las empresas Maruel et Prom Perú y Pacific Stratus Energy, a cargo del proyecto.
La sentencia señala que «las entidades estatales Demandadas omitieron realizar el procedimiento de consulta previa» lo que «amenaza los derechos constitucionales de territorio, salud, identidad cultura, y vivir en ambiente sano y equilibrado». Así mismo, ordena la nulidad del D.S. N° 066-2006-EM, que aprobó la suscripción del contrato de licencia de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 116, y de la R.D. N° 283-2011-MEM/AAE, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para dicha exploración.
(Foto referencial: instalaciones de Maurel et Prom)
Así mismo, ordenar al Ministerio de Energía y Minas y a PERÚPETRO que «en caso de suscribir un nuevo contrato de licencia de exploración y en su momento realizar un nuevo EIA, estos deben ser consultados y se debe obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados».
Esta sentencia ha sido largamente esperada por las comunidades indígenas de la zona, quienes incluso en febrero de este año realizaron una Asamblea de líderes que se pronunció en «rechazo a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en territorio awajún y wampis» y exigió que se «respete el derecho a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, al territorio y a la consulta previa, que fueron vulnerados al adjudicarse el lote 116».
Ananías Shawit, uno de los líderes indígenas awajún que suscribe la demanda de amparo, manifestó su alegría y declaró al Vigilante Amazónico que «durante mucho tiempo hemos esperado la sentencia a favor del pueblo awajún y wampis. El Estado ha demorado. Ahora nos sentimos fuertes y unidos para seguir luchando contra las empresas que quieren entrar en nuestro territorio sin consulta previa».
La demanda contó con el apoyo de organizaciones de sociedad civil tales como CooperAcción, CAAAP, SAIPE y el Instituto de Defensa Legal.
A continuación la información de la sentencia:
