Luego de una dura batalla legal y después de varios años de lucha y defensa de las comunidades y organizaciones indígenas del Cenepa, el Gobierno regional de Amazonas ha decidido retroceder y anular los permisos que le otorgó a la minera Afrodita para explotar oro en la Cordillera del Cóndor.
Así en diciembre de 2016 el Gobierno Regional de Amazonas anuló la resolución que inscribía territorio indígena y de bosque amazónico como terreno eriazo propiedad del gobierno regional. Luego, el 28 de febrero de 2017, el GOREAM ha declarado improcedente la solicitud de minera Afrodita de constituir un usufructo por posesión sobre ese mismo terreno. Con estas últimas resoluciones, se confirma la actuación irregular y de mala fe de la empresa minera que insiste en explotar oro en esta parte de la Amazonía norte.
Para llegar a ello, el camino recorrido por las organizaciones indígenas en defensa de su territorio ha sido tortuoso. Indígenas awajún y wampis han interpuesto varias acciones judiciales que aún, luego de varios años, no tienen respuesta. Solo las acciones administrativas han surtido efectos, gracias a una incesante acción de denuncia indígena que ha puesto en evidencia la ilegalidad de diferentes procedimientos administrativos llevados a cabo por Afrodita y aprobados por Carlos Navas del Gobierno Regional de Amazonas (GOREAM).
Mediante dichos actos, la empresa Afrodita buscó ingresar en territorio amazónico para explotar oro a como dé lugar. Entre ellos, encontramos que se atentó contra el marco jurídico de protección del bosque otorgándose derechos sobre tierras forestales y zonas de protección; se obtuvo diferentes permisos y certificaciones ambientales mintiendo sobre sus derechos sobre el suelo; se utilizó irregularmente el régimen de la pequeña minería; se utilizaron normas derogadas para validar trámites de servidumbre sobre suelo amazónico e incluso se estableció una alianza irregular con el funcionario del Gobierno Regional, Carlos Navas, quien utilizando recursos públicos, realizó varias reuniones para publicitar los beneficios de la actividad minera de la empresa. Solo así, la empresa logró avanzar e instalar su campamento en lo alto de la Cordillera del Cóndor.
Además, como parte de una estrategia que cada vez es más común entre varios actores del sector extractivo, Afrodita se amparó en la falta de titulación de las tierras indígenas y las normas de acceso rápido a tierras para la inversión previstas por los paquetazos ambientales. Afrodita tiene amplio conocimiento del estatus indígena de estas tierras, no obstante incluso así se atrevió a solicitar en setiembre de 2016 el usufructo de posesión sobre el predio que ocupa de manera ilegal, el que fue recientemente denegado por el GOREAM. Así también los actos administrativos de otorgamiento de servidumbre, de autorización de inicio de operaciones, de inscripción del terreno como eriazo; han sido todos revocados. Tanto la Superintendencia de Bienes Nacionales como el GOREAM han exigido a la empresa desalojar el predio.
Durante las últimas semanas cientos de líderes indígenas de El Cenepa y de las cuencas de la zona han reiterado su rechazo a la presencia de la minería en la zona. Según manifiestan, las actividades mineras en sus bosques amazónicos causan impactos ambientales y sociales cada vez más graves. Dichas organizaciones respaldan las acciones de ODECOFROC, organización indígena de El Cenepa, protagonista de la lucha contra la explotación minera en la Cordillera del Cóndor. Los dirigentes indígenas exigen el efectivo desalojo del campamento minero de Afrodita instalado en sus territorios.
No obstante, la empresa rehúsa a marcharse. En un intento desesperado, Afrodita ha logrado cooptar a un grupo de comuneros a quienes llama a «repoblar» la zona de frontera. Afrodita y sus aliados promueven la formación de organizaciones indígenas paralelas que acepten la minería de oro en el bosque, para ello les promete el 10% de sus utilidades.
El escenario de tensión se mantiene en la zona. La presencia irregular de Afrodita y su insistencia en operar fuera de la ley, promueven el conflicto y los enfrentamientos entre indígenas. No en vano, en el 2013, Afrodita fue calificada como la empresa que más conflictos sociales ocasionaba en Perú (Semana Económica 2013), además de encontrarse en la base de los reclamos del pueblo Awajun y Wampis en los lamentables hechos del Baguazo, en el 2009.
Otra vez, el caso de la minera Afrodita nos recuerda la vulnerabilidad de nuestros bosques amazónicos y territorios indígenas frente a la expansión de las empresas mineras y su fiebre por el oro. Son este tipo de empresas, de actitud irresponsable y de mala fe, las que se encuentran en la base de los conflictos socio ambientales a lo largo del país.