Foto: OEFA
Ante una solicitud presentada hace unas semanas por el caso de la situación de indefensión de la población de las comunidades nativas amazónicas, afectadas por los derrames petroleros del Oleoducto Norperuano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de conceder una audiencia pública temática en Santiago de Chile. La cita será el 9 de junio de este año, en respuesta al pedido presentado por Galo Vásquez, Apu de la Comunidad Nativa de Cuninico, Edwin Montenegro, Presidente de ORPIAN, y Wryst Perez, Vicepresidente de CEPPAW, con el apoyo del Vicariato de Iquitos, el IDL y la CNDDHH.
Las comunidades nativas consideran los esfuerzos de remediación aún insuficientes, y siguen desatendidas. Con poco éxito, Petroperú habría mandado limpiar las zonas afectadas por los derrames, ordenado darle mantenimiento al oleoducto y remplazar las partes obsoletas, en el caso de Cuninico.
“La población de las comunidades afectadas por derrames, toman agua de lluvia, y comen pescado con hidrocarburos altamente tóxicos. Asimismo, las comunidades carecen de atención médica idónea especializada, a pesar de los graves problemas de salud ocasionados por tomar agua y peces contaminados. Toda esta realidad la pondremos en conocimiento de la CIDH.” Fueron las manifestaciones ante este grave accidente y la desatención del mismo.
Antecedentes:
En junio del 2014 se presentó un derrame de cerca de 2,600 barriles de petróleo en la Quebrada de Cuninico, en el distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto. Hasta esa fecha, para Petroperú los derrames de petróleo eran actos aislados de sabotaje. Luego de lo ocurrido, las comunidades nativas de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa, y San Francisco decidieron iniciar dos acciones legales, con el apoyo del Vicariato de Iquitos, la Parroquia Santa Rita de Castilla y del IDL. Primero se inició un proceso administrativo sancionador contra Petroperú, para lo cual se presentó una denuncia ambiental ante la OEFA, la cual fue admitida luego de cumplir varias formalidades burocráticas. Este proceso concluyó en setiembre del año 2015, fecha en la cual OEFA emitió la Resolución Directoral No 0844-2015-OEFA/DFSAI[1], la cual encuentra responsabilidad administrativa en Petroperú por la comisión de 4 graves infracciones: no darle mantenimiento al oleoducto norperuano (ONP), demorar más de una semana en controlar el derrame, y por generar daño real a la flora y fauna, y daño potencial a la vida y salud. La resolución de OEFA no impone sanciones, gracias al art.19 de la Ley 30230. Lo que sí hizo fue establecer medidas correctivas contra Petroperú, dándole 6 meses para rehabilitar la zona impactada a su estado anterior. En palabras de la resolución “garantizar el restablecimiento de las condiciones del área impactada a estado natural en un tiempo razonable”. http://www.justiciaviva.org.pe/blog/que-se-ha-hecho-y-que-falta-por-hacer-la-agenda-de-los-ppii-post-derrame-de-petroleo/
Fuentes: Fedepaz, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Justicia Viva.