Consorcio Norte Energía se comprometió a construir casas para los afectados por inundaciones, pero no está cumpliendo con parámetros de calidad acordados.
Jueves 24 de octubre.- El Ministerio Público Federal (Fiscalía) de Brasil presentó su vigésima demanda contra las obras de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, que se construye en la selva amazónica, por haber incurrido en nuevas irregularidades, informó hoy el organismo.La nueva demanda exige que se cancele la licencia de obras hasta que la empresa responsable no acate un acuerdo que le obliga a construir casas para las miles de personas que tendrán que mudarse porque sus actuales viviendas serán inundadas por la represa en el municipio amazónico de Altamira (estado de Pará).
Según un acuerdo firmado en 2012, el consorcio Norte Energía se comprometió a construir casas «de albañilería» con tres tamaños diferentes, de dos a cuatro dormitorios, adecuados para las necesidades de cada familia, según un comunicado de la Fiscalía. Este año, la empresa cambió el acuerdo de forma unilateral y les informó a los afectados que solo construirá un tamaño de casa, con tres habitaciones y un área de 63 metros cuadrados, según la misma fuente.
Un gran número de afectados se quejó de que las casas no son de ladrillo, sino de placas de cemento prefabricado, un modelo de construcción que no es habitual en la región amazónica. Los peritos de la Fiscalía también detectaron irregularidades en las instalaciones eléctricas y en el incumplimiento de algunas normas de seguridad y de accesibilidad para discapacitados. Belo Monte será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, inundará 506 kilómetros cuadrados de selva y obligará a desplazarse a entre 16.000 y 25.000 personas, toda la población de Altamira que vive por debajo de la cota de 100 metros sobre el nivel del mar.
La Fiscalía ha presentado otras 19 denuncias contra Norte Energía por el incumplimiento de requisitos ambientales o de las compensaciones sociales a los habitantes de la región y, en especial, de los indios que viven en la zona. Las deficiencias en las consultas previas a los indígenas también motivaron un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que solicitó en 2011 la suspensión de las obras, a lo que se opuso el Gobierno brasileño. La hidroeléctrica, que se levanta en el río Xingú, afluente del Amazonas, tendrá una capacidad de generación máxima de 11.233 megavatios, por lo que el Gobierno la considera como una obra esencial para garantizar el suministro de energía del país.
Fuente: La Información (ESP).