Campesinos de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza de donde se extrae la mayor parte del crudo ecuatoriano, señalan que los derrames son comunes en sus comunidades.
Dirigentes amazónicos dan cuenta de acuerdos internos entre pobladores y petroleras para evitar demandas judiciales.
Guayaquil, 14 de abril.- El petróleo brota de la tierra en forma de chorros. O en el agua se forman estelas negruzcas que se acumulan hasta formar una mancha que tiñe de negro todo lo que se interponga a su paso. Así describen los derrames petroleros los habitantes de las zonas donde se extrae o se transporta este recurso.
El último derrame hecho público ocurrió el lunes pasado, cuando 5.500 barriles de crudo se vertieron en el estero Wincheles, en Esmeraldas, según el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.
El derrame se habría dado por un deslizamiento de tierra que provocó la rotura del oleoducto privado de crudos pesados (OCP) que empezó a operar en noviembre del 2003, según informó OCP Ecuador S.A., empresa que está a cargo de administrarlo.
Pero campesinos de la Amazonía (Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza), de donde se extrae la mayor parte del crudo nacional, dan cuenta de que los derrames son comunes en sus comunidades. Y dan ejemplos.
Los habitantes de la comunidad Nuevos Horizontes, de la parroquia Taracoa, en el cantón Francisco de Orellana (provincia de Orellana), vieron la mañana del 16 de febrero pasado cómo una mancha negra se tomaba la superficie de un estero sin nombre que va al río Indiliama, uno de los afluentes que se adentran al Parque Nacional Yasuní, cuenta Diocles Zambrano, coordinador de líderes comunitarios de Orellana.
Un tanque de almacenamiento de crudo se rebosó y empezó a destilar. Zambrano afirma que aún pueden observarse vestigios de este derrame en la zona. La dueña de una finca por donde atraviesa el estero contaminado tiene previsto presentar un recurso de protección ante un juzgado de Orellana.
El problema es que algunos de los afectados ya llegaron a un acuerdo con la empresa que opera en la zona. “Recibieron dinero a cambio de tareas de remediación, pero también se comprometieron a no iniciar demandas. No estamos contentos con lo realizado y queremos que exista la seguridad de que no se vuelva a repetir. En el 2000 ya se dio otro derrame”, dice Zambrano.
Lo más grave es que el efecto de un derrame puede prolongarse más allá de que la zona donde se produce la fuga quede limpia, sin esa mancha negra y espesa que caracteriza a estos siniestros, dicen especialistas de la organización no gubernamental Acción Ecológica.
Alexandra Almeida, coordinadora de esta ONG, explica que el petróleo es una mezcla de hidrocarburos que incluye elementos tóxicos y nocivos para el medio ambiente, al contener sustancias que no se degradan con facilidad y que son “bioacumulables”.
Se trata de elementos que pueden ingresar a las cadenas alimenticias de los ecosistemas y afectar de forma global a todas las especies hasta llegar al ser humano. En el caso nacional, recuerda la experta, existe el antecedente del juicio planteado por los indígenas contra la explotación petrolera realizada por la empresa Texaco en los campos de la Amazonía.
“Incluso, en la sentencia del juicio se define cuantitativamente el daño de estos derrames. Se estipula que el 62% del monto que Texaco debe pagar como remediación se usará para reparar los suelos contaminados por los derrames y los desechos abandonados en las piscinas”, dice Almeida.
Otro problema es que el crudo demora en degradarse. Ciertos metales pesados que conforman el petróleo, como el vanadio, pueden permanecer hasta por más de 10 años en los sedimentos de los ríos. En el caso de Esmeraldas, la situación empeora porque se trata de crudo más denso y más difícil de remover, según Almeida.
A ello se suman los mecanismos de remediación que se aplican. Para la experta, las barreras de contención que se forman no son tan eficientes y algunos elementos solubles que conforman el petróleo suelen filtrarse por debajo de esos escudos. “Las barreras detienen lo más visible, que es la mancha negra, pero hay sustancias que se depositan en los sedimentos de los ríos”, asegura Almeida.
Ella recuerda lo ocurrido en la zona de Papallacta (Napo), donde las lagunas usadas para la captación del sistema de agua potable de Quito quedaron inutilizadas tras un derrame en el 2003. Ante estos hechos, lo más recomendable es denunciar y exigir remediaciones, establece Acción Ecológica.
Acuerdos de las petroleras con las comunidades para evitar denuncias
Pero dirigentes amazónicos dan cuenta de los acuerdos internos entre algunos de los pobladores afectados y las empresas petroleras que operan en las zonas, para evitar que los casos trasciendan y detener demandas judiciales.
Gilberto Nenquimo, vicepresidente de la nacionalidad huaorani, cuenta que el procedimiento apropiado incluye la conformación de un comité para llegar a un acuerdo con la entidad responsable del derrame. “Por lo general se emplea a la gente de la misma comunidad para limpiar las zonas. La indemnización es aparte de los trabajos de remediación. El problema es que a veces la empresa limpia de forma superficial y ya no quiere pagar la indemnización porque dice que ya solucionó el problema”, comenta Nenquimo.
Los habitantes de la zona de Tigüino y Bataboro (Orellana) piden hasta $ 20 por cada metro cuadrado afectado, dinero que usan de forma comunitaria. En esa zona se detectan hasta siete derrames al año, dice Nenquimo.
Según cifras publicadas en la página web del Ministerio del Ambiente, solo en las provincias de Orellana y Sucumbíos se han registrado 794 derrames de crudo entre 1967 (cuando se iniciaron las actividades de exploración y explotación) y el 2009, que implicaron un total de 299.757 barriles derramados. La cantidad solo incluye la información divulgada por la empresa estatal Petroecuador.
A ello se suman los 47 derrames por la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) entre 1972 (cuando empezó a operar) y el 2001, según Acción Ecológica.
Mientras que la de Esmeraldas es la segunda rotura del OCP que se ha registrado desde que entró en operaciones este oleoducto, en noviembre del 2003. Aunque Acción Ecológica contabiliza que durante el proceso de construcción y la etapa de prueba del oleoducto se produjeron otros cinco derrames.
Este Diario pidió una entrevista sobre las tareas de remediación que ejecuta la empresa OCP Ecuador S.A. tras el derrame en Esmeraldas, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Fuente: El Universo (Guayaquil).