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Indígenas de Paraguay anuncian medidas extremas contra el Gobierno

Por falta de solución definitiva a una presunta invasión a las comunidades Sirakua Centro y Segunda Trinchera en la zona de Nueva Asunción, y venta ilegal tierras de la comunidad ayorea Cuyabia.

 

Paraguay, 12 de febrero.- La Comisión de Pueblos Indígenas del Chaco paraguayo CPI-Chaco dio a conocer un manifiesto, en el que denuncia la indiferencia del gobierno frente a supuestos atropellos a territorios indígenas y anunciaron medidas extremas como cortes de rutas y hasta toma de instituciones, a partir del próximo lunes en Cruce de los Pioneros, departamento de Presidente Hayes.

El reclamo se refiere específicamente a la falta de solución definitiva a los casos de una presunta invasión y atropello a la propiedad titulada de las comunidades Sirakua Centro y Segunda Trinchera en la zona de Nueva Asunción, así como la supuesta venta ilegal de 25.000 hectáreas de la comunidad ayorea Cuyabia, en zona de Tte. Pico.

Los indígenas ya se habían manifestado el mes pasado en la ciudad de Mariscal Estigarribia, sin recibir una respuesta definitiva a sus reclamos. Por ello volverán a manifestarse, señalaron.

“Como agravante de los atropellos que sufrimos los pueblos indígenas del Chaco, recibimos una última información sobre una nueva invasión y atropello del territorio tradicional reclamado desde el año 2009, por la Organización del Pueblo Ñandéva, en la fracción fiscal comprendida entre el Hito 2 y las tierras de la comunidad de Pykasu”, dijeron.

Según la nota, un topógrafo contratado por una sociedad ganadera había comentado que, tras consulta al Instituto del Indígena (Indi), sobre la posible afectación de tierras de los pueblos indígenas y la autorización o aval del mismo ente, iniciaron trabajos de amojonamiento y picadas de doble carril en una superficie de aproximadamente 40.000 hectáreas a favor de una sociedad.

“Ante todo esto, entendemos que el Indi, antes que órgano rector y protector de los derechos de los pueblos indígenas, se ha convertido en una inmobiliaria que atenta sistemáticamente contra los derechos territoriales indígenas”, dice el documento.

Las organizaciones aborígenes exigen al gobierno asumir en forma seria la cuestión y destituir a los titulares del Indi e Indert y su equipo colaborador.

Fuente: Aidesep.

 

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