Foto: AIDESEP
Las distintas comunidades indígenas de la Amazonía peruana vienen denunciando la inacción del gobierno central y el abandono en el que se encuentran frente a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Líderes indígenas de Pucacuro en el Río Corrientes en Loreto, denuncian que hasta la fecha no se ha ejecutado el Plan de intervención del MINSA para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonía frente a la emergencia del COVID-19 aprobado por RM N° 308-2020-MINSA, el 22 de mayo pasado. La implementación y la asignación de presupuesto de este plan se ve obstaculizada por la negligencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
La falta de un presupuesto asignado para las comunidades indígenas amazónicas agrava la salud de las comunidades. Hace sólo unas semanas la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes, mediante oficio al Presidente Martín Vizcarra, comunicaron que la salud de los dirigentes de FECONAU, colaboradores cercanos y otros casos de comunidades afiliadas han sido afectados gravemente por COVID-19. De igual manera la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), mediante una carta oficio dirigida a la Ministra de Economía y Finanzas manifestó su profunda preocupación por la no transferencia de fondos de presupuesto por parte del MEF para la implementación de la Resolución Ministerial 308-MINSA2020.
Por si ello no fuera poco, madres indígenas de Maypuco, en las orillas del río Marañón de Loreto, han denunciado que los agentes de los bancos de la ciudad, sólo les hacen entrega de la mitad del bono otorgado por el Gobierno. Los agentes en vez de hacerles entrega de los S/.400 en efectivo, sólo les dan la mitad y las obligan a llevar la otra mitad del bono en productos que los agentes venden. Flore de María Parana, madre indígena indicó que incluso les hacen un cobro de S/30.00 por entregarles el bono.
En este contexto, las y los afectados de las comunidades indígenas amazónicas vienen enfrentando situaciones que vulneran sus derechos. Todo esto ocurre en medio de la falta de acceso a pruebas rápidas de descarte, falta de atención médica, precariedad de medicamentos y falta de alimentos.
Ya han transcurrido más de 25 días desde que el Plan de intervención del MINSA y su presupuesto de S/88’426,254 fuera aprobado, sin embargo hasta ahora su ejecución sigue paralizada, aumentando el nivel de muertes, riesgo y propagación del virus en las comunidades originarias. Cada día de demora en la ejecución de dicho plan significa centenares de compatriotas indígenas infectados y decenas de fallecidos.
18 de junio de 2020