La Procuraduría General del Ecuador señaló hoy que no puede intervenir en el juicio contra la petrolera Chevron por delitos ambientales, ya que ese proceso es «entre privados».
Quito, 13 de febrero.- La Procuraduría General del Ecuador señaló hoy que no puede intervenir en el juicio que pobladores amazónicos siguen a la petrolera Chevron por delitos ambientales, ya que ese proceso es «entre privados».
En un comunicado, la entidad estatal agrega además que con el marco constitucional ecuatoriano, «ninguna autoridad puede interferir en las decisiones de la función Judicial y, como tal, en la administración de justicia». De esta forma, la Procuraduría rechazó el laudo que adoptó hace unos días el Tribunal Arbitral Internacional (UNICTRAL) que determinó que Ecuador no tomó las medidas necesarias para suspender la ejecución dentro y fuera del país de una sentencia local en contra de Chevron por 19 mil millones de dólares.
La entidad ecuatoriana recuerda que hace un año Chevron presentó un recurso de casación por la sentencia que recibió de una corte provincial de Ecuador por daños ambientales, recurso que subió a la Corte Nacional de Justicia y que aún no se resuelve y en la que Chevron no rinde caución por lo que «la misma compañía dejó expedita la vía para ejecutar la sentencia apelada».
Este ha sido uno de los recursos que ha utilizado la petrolera estadounidense para evitar el pago de la sentencia, una de las más grandes en el mundo por daños al ambiente y que fue planteada desde el 2003 por cinco comunidades de la Amazonia ecuatoriana y que ante los insuficientes activos de Chevron en Ecuador se activaron juicios de embargo de sus bienes en Canadá, Argentina, Colombia y Brasil hasta ahora.
La Chevron ha señalado que la sentencia es fraudulenta ya que los demandantes hicieron presuntos pagos ilegales a peritos y que la sentencia fue redactada por los abogados defensores de los amazónicos. El juicio se inició contra la petrolera Texaco, que luego fue adquirida por Chevron, para la remediación ambiental de 1,500 hectáreas por la contaminación producida por su actividad extractiva y para indemnizar a pobladores afectados por enfermedades provocadas por el vertimiento de desechos petroleros en fuentes de agua y en pozos a cielo abierto.
Hace exactamente un año, la Corte de Sucumbíos ordenó a la Chevron el pago de 8,6 mil millones por sus delitos, duplicando esta suma si la petrolera no presentaba disculpas públicas a los demandantes y más los gastos jurídicos, se ubicó la indemnización en 19 041 414 529 millones de dólares.
Fuente: El Comercio (Quito).