Denunciaron la violación de los derechos humanos de los PPII. En represalia, Evo Morales amenazó con retirarse de la CIDH.
Miércoles, 20 de marzo.- El pasado viernes se escenificó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El gobierno de Evo Morales volvió a utilizar a parte de la dirigencia indígena afín a sus intereses para tratar de desacreditar a los pueblos que se resisten a la construcción de una carretera que partiría por la mitad el territorio.
La delegación de los peticionarios que forman parte del Estado de Bolivia al momento de hacer su informe sobre la sistemática violación de derechos a raíz del conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, a la cabeza de Adolfo Chávez, Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y Fernando Vargas (Presidente de la Sub-Central TIPNIS), recalcaron la falta de mecanismos de coordinación sistemática entre el Estado y los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas y sus estructuras organizativas, la violación de derechos indígenas.
La parte del Estado, desde el Ministro de Gobierno y sus asistentes, decidió ceder el espacio para que gran parte de la audiencia sea asumida por los pseudo-dirigentes indígenas: Melva Hurta, Pedro Bare, Gumercindo Pradel y Carlos Fabricano.
El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, al propasarse del tiempo destinado para la exposición del Estado como parte de esta audiencia, reconoció que no existe un proyecto a diseño final sobre la carretera, que no existe Estudio Ambiental y ningún contrato para su construcción, omitiendo que para el tramo I y II ya existen nuevos contratos y, en todo caso, exceptúa que sin esos documentos el BDNS y la República del Brasil no hubiera aprobado y desembolsado un crédito para el financiamiento de este megaproyecto, todos aprobados por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿O hay duda sobre esto?
Ahora la CIDH quiere escuchar más sobre el problema, pese a que la delegación de la parte peticionante dejó un dossier de varios documentos versus el escueto detalle de documentos que presentó el Estado Boliviano, a través del Embajador de Bolivia en la OEA, Diego Pari.
La información que brindó el Estado se percibió entre los presentes de la audiencia como extremadamente política y apartada de brindar información oficial del gobierno, sobre el Estado de situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia, en especial de los que habitan el TIPNIS.
Entre los puntos resaltables, la parte peticionante pidió que a través de la CIDH el Estado boliviano adecue sus actos a la Convención Americana de Derechos Humanos; que sobre la base del Art. 41 de la norma en mención, requiera del Estado boliviano un informe amplio sobre el estado de situación de la investigación penal de la brutal represión de Chaparina que dejó alrededor de 600 víctimas, de los cuales 70 fueron gravemente heridos entre hombre, mujeres y niños; y haga una visita in loco para visitar a las comunidades del TIPNIS y a las organizaciones indígenas representativas para analizar, y luego hacer un informe imparcial, sobre el cumplimiento de los derechos invocados y que han sido afectados sistemáticamente como producto de la ilegal y post consulta realizada por el gobierno en el TIPNIS, entre otras recomendaciones y peticiones que se hicieron.
NOTA
Según informes, el gobierno de Evo Morales estaría evaluando salirse de la competencia del CIDH, pues intuye que este organismo estaría instrumentado por EEUU.
“Yo considero a la CIDH como otra base militar (de EE UU), insinúan, tratan de juzgar a países, ¿qué aportan?”, señaló Morales y cuestionó que la organización esté emplazada en Estados Unidos, país que “no ha ratificado ningún acuerdo de defensa de los derechos humanos”.
Estas declaraciones las dio tras la presentación del Estado boliviano en la CIDH. Esto motivó las críticas inmediatas de las ONG, preocupadas porque actualmente este organismo defensor de los derechos humanos estaría viendo alrededor de 50 denuncias de hechos ocurridos en su mayor parte durante la dictadura.
A esto se suma un clima enrarecido contra las ONG, pues una reciente ley de personerías jurídicas (aprobada el 5 de febrero) estaría colocando trabas para el funcionamiento y acreditación de estos grupos. Se percibe que esto sería una represalia por el apoyo que los grupos defensores de los derechos humanos y el medio ambiente estarían ofreciendo a los indígenas del TIPNIS.
Fuente: Otramerica y Vigilante Amazónico.