Comunidades indígenas del distrito de Megantoni, en Cusco, alertaron sobre los impactos ambientales, sociales y económicos tras la reciente fuga y deflagración del ducto de gas ocurrida el pasado 1 de marzo en el sistema de Camisea.
Una delegación de representantes indígenas llegó a Lima la semana pasada para visibilizar esta situación. Entre ellos, Elvis Chorobeki Maine, jefe del Consejo Machiguengá del río Urubamba (COMARU), quien advirtió en entrevista con el Vigilante Amazónico que los impactos van más allá del incidente reciente y responden a un problema estructural en el territorio.
“La deflagración del ducto de Camisea se suscitó en el KP 43, entre comunidades como Timpia y Saringabeni, en el distrito de Megantoni”, explicó el dirigente. COMARU agrupa a 29 comunidades en cinco distritos, varios de ellos ubicados en zonas de influencia directa de los yacimientos gasíferos.
Chorobeki recordó que antes de la explotación del gas, el territorio era una zona de abundante biodiversidad. “Era una selva virgen, con flora, fauna y pesca en abundancia. Hoy ya no es lo mismo. Desde el inicio ha habido rupturas del ducto y la contaminación ha afectado directamente a la flora y fauna”, afirmó.
El dirigente también alertó sobre la cercanía de estos impactos a territorios sensibles, como la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti, donde habitan pueblos en aislamiento voluntario.
Uno de los puntos más críticos señalados por las comunidades es la desigualdad en el acceso al gas. A pesar de que el recurso se extrae de su territorio, las poblaciones locales continúan enfrentando altos costos y limitaciones para su uso.
“En nuestras comunidades un balón de gas puede costar hasta 150 soles, incluso más en algunas épocas. Mientras tanto, en la capital cuesta mucho menos. Es indignante que el Estado no nos tome en cuenta. Allá, donde está el gas, se sigue cocinando con leña”, sostuvo Chorobeki.
Según reportes recogidos por medios independientes, esta situación refleja una de las contradicciones más evidentes del modelo energético. Las zonas de extracción no acceden de manera equitativa a los beneficios del recurso, mientras enfrentan sus impactos ambientales y sociales.
A ello se suman las afectaciones a la salud. Tras la deflagración, comunidades cercanas reportaron síntomas como mareos, náuseas, vómitos y pérdida de apetito.
La contaminación de fuentes de agua y la reducción de recursos como la pesca también generan impactos en la seguridad alimentaria.
“El pescado ya no es como antes, y eso afecta directamente a nuestra alimentación, ya no se puede consumir”, añadió.
Frente a esta situación, COMARU junto a otras federaciones del Bajo Urubamba, llevaron sus demandas al Congreso y a la Presidencia del Consejo de Ministros. Entre sus principales pedidos se encuentra la aprobación de medidas urgentes mediante decreto supremo en temas de salud, educación, saneamiento y seguridad alimentaria.
“Si no hay una respuesta clara, las organizaciones vamos a tomar decisiones de manera conjunta”, advirtió Chorobeki.
Finalmente, el dirigente planteó la necesidad de avanzar hacia alternativas energéticas más sostenibles. “No podemos depender solo del gas y el petróleo. Son recursos que se van a acabar. Se debe pensar en energías más limpias, como la solar”, señaló.
El caso de Megantoni evidencia cómo la crisis energética no solo impacta a las ciudades, sino que tiene efectos profundos y críticos en los territorios donde se extraen los recursos, especialmente en comunidades indígenas que, pese a convivir con estas actividades, continúan enfrentando contaminación, desigualdad y abandono estatal.
Viernes 20 de marzo de 2026