Las fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar de Río Santiago y El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), serán reactivadas. Esto, luego de una marcha pacífica realizada el último 13 de febrero por organizaciones indígenas, que alertaron sobre el riesgo de impunidad en más de 800 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes awajún y wampís.
En la acción participaron líderes y lideresas de los pueblos awajún, wampís, asháninka y kichwa, quienes exigieron que no se concrete el cierre de estas fiscalías, decisión dispuesta inicialmente por el Ministerio Público debido a limitaciones presupuestales.
Dicha medida también contemplaba el cierre de tres unidades médico-legales en Nieva, Río Santiago y El Cenepa, así como el retiro de personal clave como un perito psicológico, un traductor de lengua originaria y trabajadores administrativos.
Durante la movilización, Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY), advirtió que el retiro de estos servicios dejaba sin acceso a justicia a las víctimas.
“La única instancia que nos ha cerrado las puertas es la Fiscalía. Hoy hay mujeres violentadas que están criando a sus bebés, niñas y adolescentes que siguen esperando justicia. Necesitamos la reactivación inmediata de los servicios para las niñas y niños awajún”, declaró para el Vigilante Amazónico.
Tras días de cuestionamientos públicos, el Ministerio Público anunció la reactivación de ambas sedes fiscales. La decisión fue confirmada por Gilder Zapana Mayta, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, quien indicó que la disposición fue adoptada por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.
Fotos: COMUAWUY
Según lo informado, las fiscalías retomarán funciones de manera inmediata y se evalúa el retorno del personal despedido, mientras que la reposición de trabajadores bajo el régimen CAS continúa en revisión.
Durante la movilización, el fiscal Erlin Medina Molocho, representante de la fiscalía provincial penal de Condorcanqui, comunicó directamente a las y los manifestantes la reapertura de las sedes fiscales.
La posible desactivación había generado preocupación debido a que dejaba en situación de desprotección a cientos de víctimas que, en muchos casos, conviven con sus agresores en sus comunidades, escuelas o incluso en sus propios hogares. Además, la medida amenazaba con paralizar procesos judiciales en curso, afectando el acceso a la justicia de la niñez indígena.
Tras la jornada de protesta convocada por COMUAWUY, la organización saludó la decisión, pero solicitó que la reactivación sea formalizada mediante una norma que garantice su permanencia. También demandó que el personal asignado cuente con pertinencia cultural e intérpretes en lengua originaria en coordinación con el Ministerio de Cultura.
La situación se produce en un contexto preocupante. Según el Tablero de Control de Enfermedades Prevalentes y Problemas de Salud Pública Awajún del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), en 2024 los casos de VIH en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, se duplicaron: pasaron de 204 en 2023 a 410. Además, ese año se diagnosticaron 605 nuevos casos de VIH en Bagua y Condorcanqui; el 77% corresponde a población Awajún.
Gobierno awajún se pronunció
Un día antes de la movilización, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Awajún (GTAA) expresó su preocupación por la desactivación de las fiscalías especializadas y la eliminación de la educación sexual integral del currículo nacional.
En su pronunciamiento, la organización advirtió que la prevención de la violencia requiere educación y acceso a justicia especializada. Si bien las comunidades cuentan con sistemas propios de resolución de conflictos, señalaron que los casos de violencia sexual exigen una intervención coordinada entre la justicia indígena y el sistema estatal.
Asimismo, recordaron que la reducción de servicios especializados vulnera obligaciones asumidas por el Estado peruano en marcos como la Ley 30364, la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y el Convenio 169 de la OIT.
Lunes 16 de febrero de 2026