Las principales organizaciones indígenas nacionales del Perú expresaron su rechazo a la actual transición política tras la salida de Dina Boluarte y denunciaron la continuidad de lo que califican como un “pacto mafioso, corrupto y antiderechos” en el control del Estado.
A través de un pronunciamiento conjunto, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) afirmaron que los recientes cambios en el Ejecutivo “no representan una salida a la crisis política”, sino una maniobra de los mismos grupos de poder que “se reparten el control del país”.
“Los mismos grupos de poder que operan desde el Congreso, los partidos políticos tradicionales, los grandes medios de comunicación y las élites económicas. Se han deshecho de Dina Boluarte no por justicia, sino porque ya no les era útil. Quienes ayer la protegían hoy se reparten el control del poder como si el Perú fuera su propiedad. No lo vamos a permitir”, señalaron las organizaciones, al cuestionar que la sucesión presidencial encabezada por el congresista José Jerí “es una burla al pueblo y un acto de continuidad del régimen mafioso”.
Las organizaciones también exigieron investigación y sanción penal a la expresidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.
“No habrá reconciliación sin justicia”, afirmaron, en referencia a las víctimas de la represión y los líderes indígenas asesinados en defensa del territorio.
Entre sus principales demandas, los pueblos indígenas exigen la inmediata remoción de la actual Mesa Directiva del Congreso.
“Que ninguna persona con antecedentes delictivos, con discursos antidemocráticos o con historial de desprecio a los derechos humanos asuma la presidencia del Perú”, indicaron.
Asimismo, plantean la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la derogatoria de la Ley de Amnistía y de otras normas que, según denuncian, afectan los derechos colectivos, como la modificación de la Ley 24657 y la llamada “Ley Antiforestal”. También solicitan la cancelación del Registro de Formalización Minera – REINFO en territorios comunales, el respeto al derecho a la consulta previa, y la defensa de los ministerios de Cultura, de la Mujer y del Ambiente.
Las organizaciones instaron a la comunidad internacional y a las embajadas en el Perú a no brindar asilo político a Boluarte ni a exfuncionarios de su gobierno.
Finalmente, convocaron a una jornada de movilización nacional el próximo 15 de octubre, en defensa de la democracia y los derechos de los pueblos indígenas.
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Lunes 13 de octubre