Justicia. Once años después del cruel asesinato de los líderes ashéninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto (Ucayali), la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión contra los responsables de crimen.
Los jueces ordenaron la ejecución de la pena y, en consecuencia, la inmediata reclusión penitenciaria de José Estrada y Hugo Flores, declarados autores mediatos del crimen, así como de los hermanos Atachi Féliz, identificados como autores materiales.
Asimismo, la sala dispuso incrementar el monto de la reparación civil: de S/ 50 mil a S/ 100 mil para cada una de las familias de los líderes asesinados, lo que hace un total de S/ 400 mil.
La segunda instancia del juicio inició en abril, tras la apelación de los sentenciados y los pedidos de la Fiscalía y la defensa de las familias de los líderes ashéninkas de aumentar la pena y la reparación civil.
La Sala evaluó nuevas pruebas, escuchó alegatos finales de la fiscalía y la defensa legal de las familias e incluyó la participación del exprocurador anticorrupción José Ugaz Sánchez-Moreno, mediante un amicus curiae. En estas sesiones, los magistrados garantizaron la participación de una intérprete de lengua ashéninka.
Tras 15 audiencias, la resolución ratificó la condena, representando un paso importante en la búsqueda de justicia para los líderes indígenas.
“Después de once años de dolor y espera, hoy sentimos que se ha avanzado para lograr justicia. Ahora esperamos que los sentenciados cumplan la condena”, declaró Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos.
Incansable búsqueda de justicia
El 1 de septiembre de 2014, los líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron asesinados por madereros ilegales en la frontera entre Perú y Brasil, cuando se dirigían a una asamblea para abordar estrategias contra la tala ilegal en sus territorios.
Edwin Chota llevaba años luchando contra los madereros ilegales que devastaban el bosque de Alto Tamaya-Saweto. Buscaba lograr la titulación de las más de 78 mil hectáreas de su comunidad, lo que originó múltiples amenazas.
Recién en abril de 2015, Alto Tamaya-Saweto fue titulada, siete meses después de la masacre y cuando las viudas realizaban viajes de tres días entre la comunidad y Pucallpa para brindar sus declaraciones en el marco de la investigación preliminar.
Es en 2019 cuando la Fiscalía formaliza esta denuncia, solicitando 35 años de cárcel para los acusados. En febrero de 2023, el Juzgado Colegiado del Poder Judicial dictó 28 años y tres meses de prisión para ellos. Sin embargo, a fines de agosto del mismo año, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Ucayali anuló el falló y ordenó un nuevo juicio que empezó en noviembre de 2023.
En este nuevo juicio, la Fiscalía logra la incorporación de la declaración de un testigo protegido, que corrobora la responsabilidad de los sentenciados. El 11 de abril de 2024, los acusados reciben la misma condena que fue anulada. Sin embargo, la sentencia es apelada y da inicio a la segunda instancia del juicio que culminó el 25 de agosto de 2025.
Para los abogados de los familiares de las víctimas y líderes de las organizaciones indígenas, la sentencia en segunda instancia representa un valioso precedente frente a los casos de más de 30 defensores indígenas asesinados en los últimos años.
“Esta sentencia marca el camino para los otros casos de hermanos indígenas que han sido asesinados por defender sus territorios. Son más de 35 defensores que han perdido la vida. Desde AIDESEP, seguiremos acompañando estos procesos para lograr justicia”, apuntó Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.
Martes 26 de agosto de 2025