En el 2016 se produjo un derrame de tres mil barriles de petróleo en el tramo II del Oleoducto Norperuano por Petroperú en Chiriaco, Amazonas. El crudo recorrió tres kilómetros afectando a varias comunidades awajún. Siete años después, los impactos continúan, por ello la comunidad Nazareth demandó nuevamente a la petrolera por el derecho de servidumbre.
Los ríos afectados fueron Chiriaco y Marañón, generando un gran impacto en las comunidades de Nazareth, Puerto Pakuri, Chiriaco, Wachapea, San Rafael, San Ramón y Yupicusa.
En 2017 se interpuso una primera demanda que se ganó con una resolución judicial del Tribunal Constitucional que señalaba el cumplimiento de algunos compromisos, como la atención de salud ya que muchos niños fueron diagnosticados con plomo en la sangre.
Durante ese tiempo, se indicó que acudirían médicos para atender a los afectados. Sin embargo, como denuncia el pamuk Roger Yampis Akuash de la comunidad de Nazareth al Vigilante Amazónico, enviaron estudiantes de medicina para hacer prácticas sin los materiales adecuados para el tamizaje.
“Cómo van a detectar así la enfermedad de un paciente, por ello reclamamos que vengan médicos porque quienes llegaron dijeron eran practicantes y nos dieron paracetamol y antalgina. Eso es un tremendo engaño que nos vienen haciendo, y no lo vamos a permitir”, enfatizó el dirigente awajún.
Desde esa fecha, la comunidad de Nazareth se ha visto afectada, y tras siete años, la contaminación continúa. Ya que sus tierras han quedado inutilizables tanto para la agricultura como para la crianza de peces.
“Mi comunidad Nazareth es la primera afectada por este derrame. Cuando queremos escarbar o hacer piscigranjas, el petróleo se filtra en los pozos, también fierros oxidados y otros materiales. Y cuando los peces crecen, o al momento que queremos consumir huelen a petróleo. Por ello, hicimos la demanda por derechos de servidumbre”, enfatizó Roger Yampis.
Actualmente los comuneros vienen recibiendo capacitación del Instituto de Defensa Legal para llevar el caso, pues desean que no se lleve a examinar a unas cuantas personas, como en 2017. En ese entonces, 14 niños de esa comunidad fueron identificados con plomo y otros metales en el cuerpo como parte de una acción conjunta de IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), como medio probatorio de la primera demanda.
Tras la demanda de 2017, las comunidades fueron beneficiadas con una medida cautelar, donde ordenaban que mientras dure el proceso, el Ministerio de Salud – Minsa debía hacer un tamizaje, por lo que ordenó un plan de salud integral, pero se tuvo uno sin participación de las comunidades, federaciones, y organizaciones indígenas.
El abogado de IDL, Segundo Herrera indicó que el Minsa llevó psicólogos, y odontólogos, como si fuera una campaña de salud común, sin un enfoque intercultural y sin intérpretes.
Aunque el proceso inició en 2017, recién la sanción se emitió en 2019, y debido a la pandemia no se ejecutó. A ello se suma las respuestas de Petroperú en ese entonces, indicando que “la población no debía alarmarse porque el crudo no contamina al río, ya que el petróleo va por encima y no contamina a los peces que están abajo”.
“Algunas versiones indican que los suelos de la franja marginal del río Chiriaco resultó con la vegetación quemada, y cuando una abogada de IDL acudió con comuneros a escarbar la zona encontraron retazos de aceite, porque no se ha limpiado en su totalidad el crudo”, puntualizó Herrera.
El abogado señala que esta nueva demanda por servidumbre es necesaria, ya que en 2016 con el derrame de petróleo y la sentencia de amparo que hicieron en 2017, Petroperú reconoció que hubo un impacto no solo a la salud, sino al ambiente. Esto generó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin multaran a Petroperú con 83 millones de soles (25 millones de dólares), pero que tiene como destino final el Ministerio del Ambiente, y no las comunidades.
El derecho a la servidumbre
El derecho de servidumbre está establecido en la Ley de Hidrocarburos que señala que las empresas que tengan actividad de hidrocarburos y afecte a comunidades nativas, estas tienen el derecho de ser indemnizadas con una servidumbre petrolera al 5% de regalía, el cual está destinado a un fin económico.
Actualmente existen 3 demandas contra Petroperú, por la falta de mantenimiento que data de 2017, y las dos últimas interpuestas en 2023, por servidumbre y servicios básicos para dotar de agua potable y luz eléctrica. Esto en el marco del derrame de petróleo del 2016 que contaminó territorios comunales en Chiriaco.
Sobre la demanda de servidumbre, el pamuk Roger señaló que esperan que sea aceptada, pues de momento está como presentada. Y así obtener los beneficios que corresponde a tener el oleoducto pasando por sus territorios desde hace más de 40 años.
“En la comunidad de Nazareth vivimos más de 500 personas, no hay datos exactos sobre personas con metales, pero sí se han visto afectados. Tras el derrame, hubo una inundación donde el petróleo se regó, y desde allí las tierras ya no producen, se ha vuelto como una plaga. Ese es el tremendo fracaso que ha habido. En el mundo awajún nosotros vivimos de la agricultura, y ahora la gente está padeciendo”, recalca Roger Yampis.
Otro pedido que presenta la comunidad es la implementación de un centro de salud con buena infraestructura, ya que el que tienen está en pésimas condiciones, sin medicamentos, ni médicos, y solo con 3 personas para atender a una población de más de 500 habitantes, según información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social que data del 2017.
Lunes 21 de agosto de 2023