Este viernes 18 de diciembre, la Sala de Apelaciones de Loreto a cargo del juez Guillermo Bendezú, decidió absolver en segunda instancia a Rubén Espinoza, ex directivo de Cacao del Perú Norte (actualmente Tamshi S.A.C.) de la sentencia por ocho años por el delito de tráfico de madera. Asimismo, se decidió revocar la reparación civil de S/. 15 millones que se había impuesto en primera instancia contra la empresa denunciada por deforestar casi 2 mil hectáreas de bosques primarios.
La Sala de Apelaciones dictó declarar infundado el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público por el que se absolvió a Ernesto Vega Delgado, jefe de operaciones; y Giovanni Cubas Ramírez, personal de campo del proyecto.
Foto: MAAP
También declarar fundado el recurso de apelación de Rubén Antonio Espinoza, gerente general de la empresa, quien fue condenado a 8 años de pena privativa de la libertad. Al gerente se le revocó la sentencia y se la absolvió del delito.
Asimismo, se declaró fundados los recursos de apelación de Giovanni Cubas Ramírez y Ernesto Vega Delgado, ex trabajadores de la empresa, contra el extremo de la resolución de la sentencia de julio de 2019. Revocándose la sentencia apelada.
Se revocó el monto (15 720 461.27 soles) que fija la sentencia al no haberse impuesto alguna pena. Así como la anulación de las órdenes de captura.
El caso Tamshiyacu consiguió en primera instancia, una histórica sentencia contra la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C, sucursal local de United Cacao (actualmente Tamshi S.A.C.), en julio de 2019, por traficar productos forestales maderables, producto del retiro de la cobertura boscosa forestal de casi 2 mil hectáreas de bosque primario del fundo Tamshiyacu.
En ese fallo, se dictó 8 años de pena privativa contra Rubén Antonio Espinoza, gerente general de la empresa, además de una reparación civil de 15 720 462.27 soles a favor del Estado, así lo señala un informe de Actualidad Ambiental.
En esta sentencia, tres trabajadores fueron hallados culpables: Ernesto Vega Delgado, jefe de operaciones; y Giovanni Cubas Ramírez, personal de campo del proyecto, quienes fueron sentenciados con 4 años de pena privativa de la libertad, suspendidas en su ejecución a 3 años y al pago de 100 días de multa.
En ese entonces, la empresa como el ex trabajador, actualmente prófugo, apelaron al fallo, por lo que esperaba una nueva audiencia entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, pero debido a la pandemia por la COVID-19 las fechas se aplazaron.