Líderes indígenas de la Selva Central llegaron la semana pasada a Lima exigiendo protección y medidas para las problemáticas que afectan sus territorios, como actividades ilícitas y amenazas a sus defensores ambientales. Los dirigentes lograron reunirse con las autoridades pertinentes, quienes asumieron distintos compromisos.
Ellos lograron reunirse con ministros, viceministros, congresistas y jefes de organismos como Devida y el Ministerio Público, con quienes lograron hacer un listado de decisiones políticas para transformar la situación de vulnerabilidad y violencia que atraviesan sus comunidades.
Foto: Congreso
Entre las decisiones, destaca la implementación de protocolos de atención, potenciar la inteligencia policial, fortalecer la investigación fiscal y la lucha contra la corrupción, así como promover la titulación comunal.
Sobre los Protocolos de Atención a Defensores de Derehos Humanos, el ministro de Justicia, Eduardo Vega, indicó la urgencia de contar con estos y que logren realmente la reacción inmediata de la Policía, el Ministerio Público, y los gobiernos regionales, en coordinación con las organizaciones.
Asimismo, el titular de justicia, designó al Dr. Jorge Abrego, como responsable de este compromiso, y de coordinar con la defensa judicial en el caso de la señora Zulema Vargas, viuda de Arbildo López, líder recientemente asesinado.
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez y el congresista Alberto De Belaunde, se comprometieron también a presentar iniciativas legislativas para conseguir una política de atención a favor de los defensores.
Piden acabar con la corrupción
Respecto a potenciar la inteligencia policial, el ministro del Interior señaló que es urgente potenciar los esfuerzos de la Policía Nacional para desarticular al crimen organizado en torno al narcotráfico y el tráfico de tierras, además de prevenir cualquier intento de ataque a los líderes indígenas.
Sobre la investigación fiscal y la lucha contra la corrupción, señalaron que la Procuraduría Ambiental debe contar con mayores recursos para activar acciones de instancias como la Dirección Antidrogas de la Policía, así como recoger, procesar y perseguir denuncias ambientales en territorios indígenas. Esto se realizará, mientras el Ministerio Público interviene los casos donde hay denuncias de colusión entre los fiscales de Puerto Inca, y otras zonas de Pasco y Ucayali.
En cuanto a la titulación comunal y el desarrollo alternativo, se indicó que pese a los millones de dólares que recibe el Estado desde la Cooperación Internacional, la titulación sigue siendo un problema, debido a que los títulos no avanzan. Una de las dificultades es la actuación del Minagri, Devida y los gobiernos regionales que insisten en lanzar grandes convocatorias para predios privados, pese a que esto promueve la ocupación ilegal y tráfico de tierras. Es por ello que las intervenciones de Devida han causado más problemas en la zona. En ese sentido, se pide una reingeniería de las intervenciones, en particular a las que llegan a territorios indígenas donde el cultivo de coca se consolida.
Las organizaciones lograron exponer las problemáticas que los afectan, y el Gobierno se comprometió a cumplir y mejorar cada uno de estos puntos, por lo que los pueblos indígenas están a la espera de que estos compromisos sean respetados y ejecutados.