La Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), organización que agrupa a comunidades indígenas de la amazonía norte, ha denunciado la conformación de una junta directiva paralela con el objetivo, según señalan, de generar división entre las comunidades que resisten al ingreso de la empresa minera afrodita al territorio amazónico de la Cordillera del Cóndor.
La junta directiva paralela, encabezada por el sr. Geronimo Tii Dajajaip habría sido nombrada el 5 de marzo último, por un grupo reducido de comuneros favorables al desarrollo de las actividades de explotación de oro de la empresa minera Afrodita. Esta junta paralela se autoproclamó en el cargo sin el quorum ni la convocatoria necesaria según los estatutos comunales; señala Augostina Mayan, actual presidenta inscrita de ODECOFROC. Según refiere, este atentado a la institucionalidad de la organización indígena ha dado lugar a una situación de tensión y conflicto entre los dirigentes indígenas.
El pasado 15 de febrero, más de 120 apus y lideres de las comunidades indígenas afiliadas se dieron cita en ODECOFROC para discutir las próximas acciones de la organización, a la reunión asistieron funcionarios del Gobierno Regional de Amazonas. Según el acta de asamblea, los líderes acordaron promover acciones urgentes frente a la situación de educación primaria y secundaria en la zona; así como demandar al Gobierno Regional de Amazonas la ejecución del desalojo del campamento minero de Afrodita instalado ilegalmente sobre el territorio indígena awajún de la Cordillera del Cóndor, acción a la que se comprometieron los funcionarios regionales para mediados de marzo de 2017; según señalan los dirigentes de Odecofroc.
Cabe recordar que la situación de crisis de la educación en la zona, por la falta de presencia de profesores calificados para la enseñanza bilingüe intercultural ha sido demandada en reiteradas ocasiones por los dirigentes indígenas de esta parte del Cenepa.
Por otro lado, sobre las acciones de la empresa minera Afrodita, ODECOFROC y otras organizaciones indígenas han denunciado reiteradamente la presencia ilegal del campamento minero en sus territorios. Actualmente la empresa no cuenta con los requisitos y permisos legales sobre el suelo, ni autorizaciones para sus operaciones, habiendo ingreso de mala fe en territorio indígena amazónico. El Gobierno Regional de Amazonas exigió el desalojo a la compañía sin obtener respuesta.
07 de marzo de 2017